El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 10 confirmó la sanción de 10.000 euros impuesta a los propietarios de la finca de Cabañeros, la familia Aznar-Oriol, por excederse en las obras de construcción de un camino en pleno corazón del Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real. La sentencia, sobre la que ya no cabe ningún recurso, llega como respuesta al recurso que la familia había presentado tras conocer la sanción.
En el 2014, Alejandro Aznar, marido de la expresidenta del Círculo de Empresarios , Mónica de Oriol, pidió una licencia para rehabilitar la vivienda original de la finca Cabañeros, propiedad de la familia del empresario situada en el Parque Nacional, un espacio altamente protegido. La Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional, integrada por dos representantes de la Administración General del Estado y dos representantes de la comunidad de Castilla-La Mancha, fue el organismo que dio luz verde a la obra de rehabilitación.
Sin embargo, aprovechó las obras para construir al lado un aparcamiento y una explanada para eviscerar las reses cazadas en monterías. Ambas infraestructuras superan los 1.000 m2 cada una, a pesar de que la ley de creación de este espacio protegido prohíbe "la construcción o remodelación de edificios u otras infraestructuras para fines distintos de los tradicionales, al margen de los supuestos contemplados en la presente Ley", motivo por el que pesa sobre la empresa propietaria de la finca, Inmobiliaria del Bullaque, un segundo procedimiento judicial pendiente de resolución, al proponer el Ministerio de Agricultura 200.001 euros de sanción por las ireegularidades en las obras, sanción que también recurrieron los propietarios de la finca.
Además de la construcción del complejo, uno de los caminos de acceso a la mansión fue modificado mejorando la calidad del firme hasta aparentar prácticamente una carretera. Unas labores que, en principio, excederían los trabajos de protección de la vía pecuaria, sobrepasando el límite en la anchura de la vía, algo que estaba prohibido expresamente, así como modificar el trazado o tocar la vegetación más allá de las cunetas que ya existían.
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Las organizaciones Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF denunciaron la construcción de la pista por entender que afectaba de forma negativa al espacio protegido, motivando la sanción, posteriormente recurrida por la familia explotadora del latifundio, y ahora ratificada de forma definitiva por la Justicia.
Las tres ONG ambientales denunciaron que el proceso de autorización de la pista, de unos 1,5 kilómetros, estuvo plagado de sombras e irregularidades, y que, en vez de colaborar con la conservación de este espacio, la empresa Inmobiliaria de Bullaque (titular de los terrenos) continúa presentando recursos contra las sanciones que se le imponen.
Las organizaciones se muestran especialmente molestas con el hecho de que tras haber recurrido en su día el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para Cabañeros, la empresa siga obstaculizando su aprobación hasta la fecha. Todo ello para después alegar, apuntan, que la ausencia de este PORN priva de efectos legales a la protección del Parque Nacional.
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 10 confirmó la sanción de 10.000 euros impuesta a los propietarios de la finca de Cabañeros, la familia Aznar-Oriol, por excederse en las obras de construcción de un camino en pleno corazón del Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real. La sentencia, sobre la que ya no cabe ningún recurso, llega como respuesta al recurso que la familia había presentado tras conocer la sanción.