“El complejo judicial más moderno de Europa y uno de los mayores del mundo". Así definió Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, el Campus de la Justicia, uno de los proyectos estrella de su primer Gobierno, durante el flamante acto en el que puso la primera piedra, en el año 2008. Acudieron numerosas personalidades del mundo de la judicatura, incluidos presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid y fiscales superiores. Un año más tarde, las obras se paralizaron, según la versión oficial, por la crisis económica. Y diez años después, la propia exlíder del PP madrileño renegó del proyecto, casualmente cuando se conoció que la Audiencia Nacional había empezado a investigar los contratos adjudicados para su construcción. Dijo entonces que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero le había "exigido" centralizar las sedes judiciales en un mismo espacio.
De ese proyecto que Aguirre vendió en 2005 como su "reto más ambicioso", sólo queda un edificio en el barrio residencial de Valdebebas, en el norte de Madrid, el conocido como dónut por su forma circular que ni siquiera está terminado y que hasta ahora se erigía en mitad de la nada. Son los mismos terrenos sobre los que la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, levanta su propio proyecto estrella, el hospital de pandemias. Además, ha anunciado que el edificio el fallido Campus de la Justicia se acabará de construir para instalar allí el Instituto Anatómico Forense de la Comunidad.
Para gestionar el macroproyecto urbanístico del Campus de la Justicia se constituyó una empresa pública del mismo nombre (CJM), al frente de la cual estaba el entonces vicepresidente Alfredo Prada, y es ahí donde el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto el foco de su investigación después de recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción a partir de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid, el cual arrojó irregularidades en los contratos para la construcción del espacio. El origen de la investigación judicial no puede ser más rocambolesco, pues fue el Gobierno regional de Cristina Cifuentes quien trasladó las conclusiones del informeCristina Cifuentes sobre incumplimientos sistemáticos de las "normas esenciales" de contratación y contabilidad de la administración. La Comunidad de Madrid, además, es parte acusadora en este procedimiento.
Un comisario de la Kitchen implicadoKitchen
Algo más de dos años después de iniciar las pesquisas, el magistrado de la Audiencia Nacional ha cerrado una de las piezas en que ha dividido la investigación y ha propuesto juzgar a Prada y otros cinco exdirectivos de la empresa pública, entre ellos el comisario Andrés Gómez Gordo –conocido por ser un estrecho colaborador de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal que en este caso ejerció como director de Seguridad– por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación por las irregularidades detectadas en los contratos para la construcción del Campus de la Justicia. Además de esta causa, Gómez Gordo está imputado en la pieza Kitchen del caso Villarejo, en la que se investiga el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
El juez De la Mata, que en los próximos días abandonará la Audiencia Nacional una vez el Gobierno le nombre representante de España en Eurojust, ha concluido así una de las piezas separadas de que consta esta causa; la principal seguirá instruyéndose en el juzgado, toda vez que el proyecto urbanístico se intentó retomar años después como Ciudad de la Justicia y ya con Ignacio González en la Presidencia de Madrid, aunque finalmente se confirmó el fracaso del plan.
En la presente investigación ya concluida, el magistrado se ha centrado en contratos inflados para actividades tanto de seguridad como de "publicidad, comunicación y propaganda" del Campus de la Justicia o de urbanización, todos ellos "actos administrativos decisorios objetivamente arbitrarios que ampararon una situación en la que se prescindió del procedimiento establecido en la ley para facilitar la obtención de los objetivos de los actores". Contratos a empresas amigas o ampliaciones irregulares para contentar a ciertas compañías a pesar de no ser los más ventajosos son algunos de los indicios que De la Mata expone en su auto y por los que propone juzgar a los seis imputados.
Según el auto, de 253 páginas, los contratos de publicidad y comunicación investigados, por valor de más de cinco millones de euros, "se sustrajeron materialmente a la propia mercantil CJM", pues no se decidían en la empresa, "donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban" desde la Vicepresidencia que dirigía Prada. "En estos contratos, todas las decisiones sobre los objetivos a alcanzar, contratos a suscribir, empresas a invitar y empresa adjudicataria eran adoptadas por Prada personalmente, siendo él mismo, en los más de los casos, quien también firmaba las decisiones de adjudicación y los contratos", explica.
Pero esto no fue lo peor, apunta De la Mata. Los mencionados contratos no se dedicaron a la estrategia de comunicación de la empresa responsable del Campus de la Justicia, sino que "se integraban conceptualmente en la estrategia de comunicación y publicidad de la Vicepresidencia y Consejería de Justicia", esto es, del propio Prada y las actividades de su departamento. "Así las cosas, el proyecto Ciudad de la Justicia pasó a ser simplemente, en lo que se refiere a sus aspectos comunicacionales y de publicidad (por importe multimillonario), una herramienta más de la Vicepresidencia y Consejería para sus propios fines institucionales. Esta es la razón, de hecho, por la que personal contratado por CJM prestaba sus servicios en el gabinete de Prada, dedicándose a atender todas las necesidades de comunicación institucional del vicepresidente y consejero, correspondieran o no a CJM, y, por otra parte, esta es la razón por la que los contratos de publicidad decididos por Prada, una vez formalizados en CJM, se ejecutaban materialmente y se les daba seguimiento desde el gabinete de la Comunidad", resume.
Para este fin, los investigados en este procedimiento, liderados por el exconsejero, que era quien "tomaba todas las decisiones", se pusieron de acuerdo "con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlo a cabo”. Corrompieron, al fin y al cabo, el procedimiento de adjudicación de contratos de la empresa pública, lo que dejó afectada "sustancialmente" su operativa y los resultados económicos, "menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.
El perjuicio podría ser de cientos de millones
El juez explica que en este caso el dinero supuestamente sustraído no iba dirigido al lucro personal de Prada y el resto de investigados, sino que "la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial". Es más, De la Mata sospecha que todas las irregularidades presuntamente cometidas en el Campus de la Justicia y que se investigan también en la otra pieza de la causa podrían haber causado "perjuicios al erario público de cientos de millones de euros".
Para el magistrado, los seis investigados “conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación” y no elaboraron la "adecuada justificación de las necesidades que los contratos iban a atender, pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los pliegos, pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los informes técnicos de valoración, en múltiples casos realizaron propuestas de valoración arbitrarias y no justificadas o que prescindieron en múltiples ocasiones, de procedimiento de contratación alguna, entre otras supuestas irregularidades".
Justicia propone que sea el fiscal y no el juez el que se encargue de las investigaciones
Un ejemplo de estos contratos sobre los que el juez pone el foco fue el del patrocinio de las exposiciones "La Justicia en el Arte" e "Imágenes de la Justicia". Según el relato de hechos, la Vicepresidencia que dirigía Prada organizó estas dos exposiciones junto con la Fundación Arte Viva Europa y la empresa Campus de la Justicia "recibió órdenes directas" del entonces consejero de Justicia para que se convirtiera en patrocinadora, a cuyo efecto se suscribieron distintos contratos que le obligaban a "abonar un patrocinio de 600.000 euros". El importe final de los pagos relacionados con las dos exposiciones de "nada menos que de 1.197.083,67 euros".
Esta es sólo una muestra, dice el juez, de la "intervención personal y directa y la preeminencia absoluta que, durante la primera fase del Campus de la Justicia en que ejerció la Presidencia, tuvo Alfredo Prada en la toma de decisiones en los distintos procesos de contratación", también en lo que respecta a los relacionados con la seguridad del recinto. En estas irregularidades, el magistrado sitúa en medio al comisario Gómez Gordo como la persona que habría estado en contacto con empresas justo "antes y durante el tiempo que se acuerda, tramita y publica el concurso".
En algunos casos, según el auto, no intervenía ni la mesa de contratación para adjudicar los servicios y Prada estaba de acuerdo en lo que convenía Gómez Gordo. Un ejemplo fue un contrato para el que el comisario rechazó la oferta de una compañía por un criterio no exigido en el pliego de condiciones. Al final, se lo quedó oficialmente otra empresa por medio millón de euros, pero finalmente no fue la misma que firmó el contrato y además la prestación del servicio terminó meses después del que se indicaba en un principio.
“El complejo judicial más moderno de Europa y uno de los mayores del mundo". Así definió Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, el Campus de la Justicia, uno de los proyectos estrella de su primer Gobierno, durante el flamante acto en el que puso la primera piedra, en el año 2008. Acudieron numerosas personalidades del mundo de la judicatura, incluidos presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid y fiscales superiores. Un año más tarde, las obras se paralizaron, según la versión oficial, por la crisis económica. Y diez años después, la propia exlíder del PP madrileño renegó del proyecto, casualmente cuando se conoció que la Audiencia Nacional había empezado a investigar los contratos adjudicados para su construcción. Dijo entonces que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero le había "exigido" centralizar las sedes judiciales en un mismo espacio.