La Justicia española tiene un gran problema ante la opinión pública. La reciente dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, ha puesto en evidencia lo que la población española lleva diciendo durante décadas: la Administración de la Justicia, como servicio público que es, no funciona satisfactoriamente para la mayoría.
El último barómetro de Opinión Pública y Política Fiscal del CIS, publicado en el pasado mes de julio, recoge que tan solo una de cada cinco personas (22%) considera que el funcionamiento de la Administración de la Justicia es satisfactorio, mientras que dos de cada tres (68%) opinan lo contrario. Una diferencia neta de 46 puntos porcentuales a favor de los que ven con pesimismo el funcionamiento del tercer poder del estado.
Lo preocupante, en cambio, no es este dato. Va más allá, y hay dos aspectos relevantes a mi juicio.
La primera es que la diferencia neta de -46 puntos es el quinto mejor resultado desde el inicio de la serie en 2005. Lo que coloca a la Administración de la Justicia como el servicio público peor valorado a lo largo de las dos últimas décadas: la mayoría de la población considera que no funciona satisfactoriamente.
La segunda es que no hay visos de mejora a futuro. En estos últimos años, hemos visto una percepción de mejora de los servicios públicos casi generalizada ante la opinión pública, pero la Justicia se ha mantenido al margen.
El transporte público, los servicios sociales o la seguridad ciudadana son evaluadas positivamente por la ciudadanía. También la enseñanza o la sanidad pública, que han ido mejorando paulatinamente desde 2013 hasta hoy, pasando valoraciones negativas a positivas, aunque se han debilitado tras la pandemia. Las pensiones, en cambio, han pasado de una tasa de -52 puntos en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, a una tasa de -8 puntos en 2022. Esto es, hace cuatro años el 70% de la población creía que la gestión de las pensiones era más bien negativa, poco satisfactoria. Hoy piensan lo mismo el 50%.
Si pensamos a corto y medio plazo, es normal plantearse un escenario donde la mayoría de los servicios públicos citados sigan mejorando en valoración ante la opinión pública. La subida de las pensiones del 8,5% en 2023, la gratuidad del transporte público estatal en tiempos de crisis o el incremento de las partidas presupuestarias en ayudas a la dependencia van en esa dirección, son medidas populares.
También van en la misma dirección las maniobras del Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar el CGPJ, tras cuatro años de bloqueo por parte del Partido Popular. Pero el recorrido que queda por delante es largo y hay motivos suficientes para pensar que la valoración de la Justicia no mejorará en los próximos años.
Primero porque el CGPJ es ajeno para buena parte de la población española, en concreto, para casi la mitad (45%) de nosotros. Segundo, porque si bien puede haber un acuerdo de renovación del CGPJ en los próximos días o semanas, no parece haber consenso entre las formaciones políticas en cuanto al sistema de elección de los jueces, lo que podría dilatar el debate entre posturas distanciadas durante meses.
El 40% de quienes se consideran "de clase media" declaran rentas muy lejanas a esa definición
Podemos observar esto en detalle en el barómetro del CIS de julio de 2019. Según un análisis a partir de los microdatos, una de cada dos (52%) personas conocía de la existencia del CGPJ y solo una de cada tres (30%) había oído hablar del método de elección de los jueces. A partir de ahí, mucha confusión en las opciones que se ofrecen.
Un 16% de todos los entrevistados escogería algún sistema de elección de tipo mixto, un 14% apostaría por la soberanía popular –ejercido en voto directo (7%) o mediante los representantes públicos en ambas cámaras (7%)—, un 11% aboga que los propios jueces sean los que elijan a otros jueces y otros tantos no tiene una opinión formada al respecto. Además, cabe resaltar que no hay diferencias significativas entre votantes de distintos grupos ideológicos.
Al fin y al cabo, lo que subyace de todo esto es que la Administración de la Justicia no funciona adecuadamente como servicio público a ojos de la ciudadanía, pero, sin embargo, será quién decida en los próximos meses y años sobre muchas de las políticas y servicios públicos que sí son populares y cumplen con su función satisfactoriamente.
La Justicia española tiene un gran problema ante la opinión pública. La reciente dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, ha puesto en evidencia lo que la población española lleva diciendo durante décadas: la Administración de la Justicia, como servicio público que es, no funciona satisfactoriamente para la mayoría.