El Gobierno aplazará la entrada en vigor de la reforma del Registro Civil con una nueva prórroga de la vacatio legis, la tercera, de la ley de 2011 que ordenó su “desjudicialización”: hasta ahora lo gestionan jueces y funcionarios de Justicia. El ministerio que dirige Rafael Catalá va a “replantearse el proyecto en su totalidad”, pero sigue considerando aún a los registradores mercantiles los “más idóneos” para gestionar el Registro Civil. En esos términos ha explicado el cambio de decisión de Justicia el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, a sus 1.100 miembros en un mensaje enviado a través de su intranet.
Catalá aseguró el viernes a los periodistas que abandonaba tanto el 15 de julio como fecha para la entrega del Registro Civil a los registradores mercantiles, como el modelo diseñado por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y corregido luego por él nada más llegar al ministerio. Sin embargo, los sindicatos de funcionarios y buena parte de los propios registradores sospechan que el cambio se limitará a retrasar en unos meses la aplicación del mismo proyecto: el Gobierno salva así la próxima campaña electoral de las municipales y autonómicas y vuelve con la privatización del Registro Civil tras el verano o incluso tras las elecciones generales.
Según el decano, el ministro justificó la paralización del proyecto por el “estado actual de ejecución del proyecto, la proximidad del plazo para su entrada en vigor y el periodo político”; es decir, la cercanía de las elecciones. De ahí que Catalá haya optado, dice Aguilera, por “reflexionar serenamente sobre las decisiones más convenientes para la implantación con éxito del nuevo modelo de Registro Civil”. Además, el decano explica a los colegiados cómo trasladó a Rafael Catalá la “inquietud” que el “modelo organizativo adoptado” había sembrado en el gremio. Un modelo que negoció durante los últimos seis meses con el ministerio en una comisión mixta creada al efecto. Hace sólo un par de semanas, el decano pidió al ministro en esa mesa que retrasara la entrada en vigor de la ley del Registro Civil.
En su mensaje el decano anuncia que Justicia derogará las disposiciones adicionales 19 a 24 del real decreto-ley 8/2014 y de la ley 18/2014 que enconmendaban a los registradores de la Propiedad y mercantiles la llevanza del Registro Civil, establecían su gratuidad y ordenaban el uso de “un único sistema informático y una misma aplicación”.
No a la privatización
Los sindicatos de Justicia se reúnen hoy con los responsables del ministerio en su mesa sectorial. Allí esperan que se les precise cuáles son exactamente los planes de Catalá sobre el Registro Civil, más allá de unas declaraciones públicas que no calmaron sus recelos. Ya han dejado claro que sólo les vale el abandono de la privatización. Y entienden que cederlo a los registradores mercantiles –aunque funcionarios, gestionan sus registros como empresarios privados y cobran no de los presupuestos públicos sino de los aranceles que perciben de los usuarios– es privatizar su gestión, en contra de las reiteradas proclamas del ministro sobre la gratuidad del servicio.
Catalá anunció el pasado viernes su intención de negociar a partir de ahora con todos los implicados el futuro modelo. “No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las administraciones, los trabajadores, los sindicatos y los partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en llevar adelante una reforma que no cuente con los apoyos necesarios”, aseguró. Hasta el momento, sin embargo, sólo se había sentado a negociar con el Colegio de Registradores.
No obstante, no todos los registradores han aceptado pacíficamente las gestiones que su colegio ha desarrollado ante Justicia. Gonzalo Aguilera defiende su labor, destacando que el órgano colegial ha cumplido con “su responsabilidad profesional y con su deber de lealtad institucional hacia el ministerio y hacia la legalidad vigente”. “Nadie podrá decir [...] que todo ello se hizo al margen de la voluntad de los registradores, pues en todo momento estuvieron presentes en nuestras propuestas”, asegura.
Programas informáticos ya contratados
Juega en contra del abandono total de la cesión a los registradores el hecho de que el Colegio haya presupuestado para este año una partida de 18,6 millones de euros destinada a implantar el sistema informáticoel sistema informático del nuevo Registro Civil. Para 2016 están previstos otros seis millones de euros. Con ese dinero, el órgano colegial ya ha contratado a Indra, Telefónica, Accenture y PricewaterhouseCoopers Indra, Telefónica, entre otras empresas, para que desarrollen los programas informáticos necesarios. El Servicio de Sistemas de Información (SSI) del colegio ha dividido esa plataforma en unidades de trabajo. Cada una de ellas se ha sacado a concurso y se ha adjudicado a distintas compañías.
Es más, según fuentes próximas a los registradores, se han comenzado a hacer pruebas piloto de los nuevos programas en consulados y en algunos registros. En su mensaje, el decano anuncia también que está casi terminada su propuesta de borrador del reglamento para la puesta en marcha del nuevo Registro Civil, un instrumento normativo necesario para trasladar los trámites desde las 8.120 oficinas del Registro Civil hasta el centenar de registros mercantiles. Esa propuesta tiene más de 400 artículos y se encuentra sólo “a expensas de la decisión del ministerio sobre el modelo organizativo y normativo legal”.
El Gobierno aplazará la entrada en vigor de la reforma del Registro Civil con una nueva prórroga de la vacatio legis, la tercera, de la ley de 2011 que ordenó su “desjudicialización”: hasta ahora lo gestionan jueces y funcionarios de Justicia. El ministerio que dirige Rafael Catalá va a “replantearse el proyecto en su totalidad”, pero sigue considerando aún a los registradores mercantiles los “más idóneos” para gestionar el Registro Civil. En esos términos ha explicado el cambio de decisión de Justicia el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, a sus 1.100 miembros en un mensaje enviado a través de su intranet.