Con Doñana en el punto de mira por la ley del PP y Vox para ampliar regadíos, un conflicto judicial se abre paso en el corazón del Parque Nacional. Un juzgado de La Palma del Condado (Huelva) ha iniciado diligencias de investigación tras una denuncia presentada contra la cúpula de la empresa que gestiona desde hace más de 40 años las visitas a la joya natural. La denuncia alerta de un cúmulo de supuestas irregularidades, entre ellas la ocultación de visitantes –y por tanto de ingresos– a la Junta de Andalucía, los traslados de turistas entre Cádiz y Huelva sin permiso, la reducción mediante engaños del canon a pagar por la concesión y el reparto de dinero negro.
La denuncia lleva la firma de Juan Valladolid, trabajador y socio de la cooperativa Marismas del Rocío, concesionaria oficial de las visitas guiadas al menos desde 1982. La acción penal tiene entrada oficial en los juzgados de La Palma el 13 de julio y ha recaído en el juzgado de primera instancia 2, que registró el asunto el 11 de agosto e incoó diligencias previas, tal y como ha confirmado oficialmente infoLibre. Los hechos narrados son respaldados por otros cuatro socios, que Valladolid propone como testigos, explica a este periódico el propio denunciante. La denuncia se dirige contra la sociedad, con sede en la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), así como contra su presidente, Fernando Rodríguez; su vicepresidente, Gonzalo Dorado; y su secretario, Sebastián López, como máximos responsables de la cooperativa. Está por ver hacia dónde orienta su investigación el juzgado instructor, que aún no ha llamado a nadie a declarar. No pesa cargo alguno contra ninguno de los denunciados.
infoLibre trasladó el martes por la mañana a la cooperativa y a los tres denunciados el contenido de las afirmaciones recogidas en la denuncia para recabar su versión o explicación. No ha habido respuesta, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas. Gonzalo Dorado, vicepresidente de la cooperativa, declaró el mismo martes en conversación telefónica no tener constancia de ninguna denuncia con el contenido descrito y prefirió no realizar ningún comentario, decisión que ha mantenido.
La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta (PP) afirma, a través de un portavoz, que el director y el gerente del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellanos y José Juan Chans, respectivamente, "han tenido conocimiento de desavenencias" y de "un conflicto entre socios" de la cooperativa, sin que "en ningún caso" alguno de los implicados "haya comunicado la posible existencia" de delitos. "La única acción de mediación ha consistido en pedirles seriedad, sentido común y absoluta transparencia entre los socios", señala el departamento que dirige Ramón Fernández-Pacheco, con competencias sobre la gestión de Doñana.
La denuncia se produce cuando la concesión a Marismas del Rocío de las visitas está caducada y la consejería trabaja "desde hace meses en una nueva licitación" para sacarla antes de final de año, añade el portavoz, que insiste en que dicho departamento no ha tenido conocimiento de ningún "fraude" y desconoce la propia denuncia.
"Transferencia" y "efectivo"
Marismas del Rocío es una empresa emblemática, responsable de un servicio aún más emblemático, que incluye no sólo las visitas guiadas sino también la cafetería en el centro de visitantes y la tienda de recuerdos. "Somos los únicos con los que visitarás todos los ecosistemas de Doñana", anuncia la empresa en una web llena de fotos de distintos paisajes, aves y mamíferos. La cooperativa cuenta con el aval expreso de la Junta de Andalucía, que la publicita en su portal turístico.
Juan Valladolid, que trabaja como "guía-conductor" en la empresa desde 1982, expone en su denuncia –y detalla a infoLibre en una conversación en la que repasa todo lo relatado– cómo empezó a detectar posibles irregularidades en la cooperativa. En primer lugar, dice, su salario mensual legal bajó en 2015 de 2.090 euros netos a 1.500, pasando el resto a ser abonado "en mano". Es decir, en un sobre, en B, en dinero negro, siempre según su relato. El denunciante aporta como documento un listado de trabajadores de la cooperativa en el que se recoge el sueldo por "transferencia" y el extra "líquido" o "efectivo" de cada uno. La cantidad mensual en "efectivo" en uno de los meses recogidos asciende a 12.680 euros repartidos entre 23 trabajadores, según este documento. Hay abonos en "efectivo" contabilizados de hasta 815 euros a un solo trabajador. Además, el denunciante entrega fotografías de varios sobres en los que supuestamente se abonaba el dinero e imágenes para acreditar transferencias realizadas por un trabajador que se enviaba a su propia cuenta las cantidades recibidas en mano. La denuncia no particulariza quiénes son los responsables concretas de estas presuntas irregularidades detectadas en 2015.
Valladolid narra un episodio que lo lleva a advertir un supuesto reparto de dinero negro en cantidades superiores a las que conoció directamente. Tuvo lugar en 2016 –según el denunciante–, cuando un grupo de trabajadores, que habían recibido un sobre con 100 euros por la asistencia a una asamblea, comprobaron que en varios sobres en realidad había 2.000 euros, que se les hizo devolver al advertir el "error". El episodio lleva a Valladolid a sospechar que se han producido repartos de dinero negro en cantidades mayores a las abonadas en sobres a la mayoría de los socios. Valladolid no particulariza quién podría haber recibido estas supuestas cantidades.
El denunciante afirma que los pagos en negro continúan en la actualidad, aunque señala que tanto él mismo como los cuatro socios que llama como testigos han dejado de percibir complementos en líquido como consecuencia de haber expresado sus discrepancias sobre la gestión. "Yo no estoy de acuerdo con cobrar así, quiero todo mi sueldo en mi nómina y declarado. Pero es mi sueldo, es parte de mi sueldo. Retirarnos ese complemento es un castigo por haber levantado la mano para alertar de las irregularidades", añade. Como mínimo, asegura, ese "castigo" se extiende en todos los casos a todo este 2023.
Alerta, auditoría y "memorándum"
Las denuncias en el seno de la cooperativa acumulan ya más de cinco años, como acredita la documentación aportada. El denunciante expone en la misma cómo cuatro socios, entre ellos él mismo, se negaron a respaldar ya en la asamblea general ordinaria de julio de 2018 las cuentas del año anterior por existir "graves irregularidades contables". Como resultado de sus reclamaciones, la asamblea aprobó dos meses después la realización de una auditoría del ejercicio 2017, encargada a una empresa por 4.950 euros más IVA con "fecha máxima de entrega" en marzo de 2019, según el acta aportada. La denuncia asegura que la auditoría no se ha llegado a culminar.
El relato de hechos en la denuncia detalla varios intentos por parte del denunciante y otros socios de conocer el resultado de la auditoría. En octubre de 2021, en una asamblea en la que fue renovado el consejo rector –asumiendo los tres denunciados sus actuales cargos–, un socio pidió a la nueva dirección la entrega de la auditoría, según el acta aportada. En agosto de 2022 el denunciante y otros socios volvieron a solicitarla por escrito. Dos meses después recurrieron al requerimiento notarial. "Tras mucho insistir, la única información que se ha recibido de la cooperativa respecto de la auditoría es una copia de la comunicación recibida de la empresa [auditora], con fecha 16/12/2022, informando que la auditoría de 2017 no se realizó por 'opinión denegada' del auditor", recoge la denuncia. Dicha comunicación fue entregada a la asamblea en enero de este año, casi cuatro años y medio después de aprobarse la realización de la auditoría, siempre según la denuncia.
El trabajador que firma la denuncia señala que la "total falta de información" y la "carencia absoluta de interés" de los administradores por "acabar con la contabilidad fraudulenta" lo han llevado a buscar vías de obtención de información alternativas. Así logró, con la ayuda de otro trabajador y socio, tener acceso a un "memorándum" de la empresa auditora que nunca fue dado a conocer a los socios, asegura Valladolid. Dicho documento, de diez páginas, concluye que existe "ausencia de control y revisión contable", "ausencia de los elementos de control más básicos y elementales" y una lesión al "valor del negocio" al haberse "disminuido el patrimonio neto de la entidad". El documento recomienda la reformulación de las cuentas de 2017, año en el que se centran los trabajos. "Nada de esto se ha llevado a cabo por los denunciados, es más, ha sido ocultado deliberadamente a todos los socios", afirma la denuncia.
Valladolid incorpora a la denuncia lo que él mismo identifica como comunicaciones de los auditores a la empresa. En una de ellas un auditor reseña "anomalías" en las cuentas de 2017: "no existe inventario", "no existe arqueo de caja", "no se ha dispuesto de los libros de actas", "faltan las CCAA [cuentas anuales] y la memoria"... El auditor expresa "dudas" sobre "ventas que no hayan sido declaradas", "gastos de personal u otros que se hayan pagado en B", "disposiciones de socios en B", "servicios que se han prestado [...] que no han sido objeto de facturación" o "retribuciones" por asistencia a reuniones que "tampoco han sido declaradas". "Es imprescindible revisar la cuenta de caja al completo", dice el correo aportado por el denunciante, que critica que toda esta información fuera –afirma– ocultada a los socios. Según la denuncia, los sucesivos responsables de la empresa también encargaron trabajos de auditoría de años posteriores a 2017, sin que se hayan presentado tampoco los resultados.
Los "estadillos" diarios
La supuesta irregularidad en la gestión se extiende hasta la actualidad, según la denuncia, que alerta de un posible engaño a la administración. Valladolid recalca que "los pagos en B [...] deben proceder lógicamente de ingresos en B o no declarados". ¿Cuáles? La respuesta del denunciante es que el balance diario que se entrega al Parque Nacional supuestamente recoge una cantidad de visitantes menor que la real. De ese modo, añade, el "canon" por la prestación del servicio que la empresa debe pagar es también menor y así se dispone de dinero para los abonos en B.
La denuncia adjunta un documento de 122 páginas que compara información de dichos balances diarios –los llamados "estadillos"– con los cuadrantes de trabajo, detectando una diferencia de "uno o dos coches diarios". La denuncia se extiende a una supuesta irregularidad más: "Los gerentes [...] también están propiciando que [...] la cooperativa realice servicios que ni constan en los partes de trabajo ni en los estadillos remitidos al Parque, y que consisten en hacer traslados privados a Sanlúcar de Barrameda [Cádiz] desde Matalascañas [Huelva] sin permiso del Parque, y por supuesto sin facturar".
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Ante afirmaciones como las anteriores, puestas en conocimiento de la cooperativa, no hubo respuesta a requerimiento de infoLibre.
No es "un ataque a la cooperativa"
"Hay un grupo de socios, entre los que estoy yo y cuatro más, que tenemos muy claro que las cuentas no se corresponden con la realidad. Es evidente. Si yo cobro 590 euros en negro, las cuentas no son reales. Yo no quiero ni un euro en negro, no sólo porque va en contra de mis derechos laborales, de mi jubilación, sino por mi convencimiento político", afirma Valladolid en conversación con este periódico. Y añade: "Irregularidades como la ocultación de visitantes en el estadillo diario están causando un perjuicio tanto a Hacienda y a la Seguridad Social como al propio Parque Natural, que está siendo víctima de un engaño". Valladolid insiste en una idea: su denuncia no debe interpretarse en ningún caso como "un ataque a la cooperativa", que suma un total de 23 trabajadores, 12 de ellos socios. "La cooperativa –afirma– ha hecho siempre un gran trabajo, muy importante para el parque, que no debe verse empañado por estas posibles malas prácticas. Sería muy injusto. No hay que hacer borrón y cuenta nueva con una cooperativa histórica en la zona, pero sí aclarar todo lo que ha ocurrido y por supuesto depurar responsabilidades".
La consejería también hace un balance favorable de la gestión realizada por la empresa. "Se ha mantenido una valoración positiva de la actividad de la cooperativa, que fue pionera en una actividad de guías de naturaleza y que es una pieza importante en el conjunto de actividades que pivotan sobre las instalaciones de uso público de Doñana", señala el portavoz, que afirma que, mientras no se tenga conocimiento formal de la denuncia, "no cabe ninguna acción" o "petición de aclaración".
Con Doñana en el punto de mira por la ley del PP y Vox para ampliar regadíos, un conflicto judicial se abre paso en el corazón del Parque Nacional. Un juzgado de La Palma del Condado (Huelva) ha iniciado diligencias de investigación tras una denuncia presentada contra la cúpula de la empresa que gestiona desde hace más de 40 años las visitas a la joya natural. La denuncia alerta de un cúmulo de supuestas irregularidades, entre ellas la ocultación de visitantes –y por tanto de ingresos– a la Junta de Andalucía, los traslados de turistas entre Cádiz y Huelva sin permiso, la reducción mediante engaños del canon a pagar por la concesión y el reparto de dinero negro.