Un juzgado de Estepona (Málaga) investiga al recién nombrado secretario general de la Cámara de Cuentas de Andalucía por un posible trato de favor a una empresa durante su etapa como concejal del PP. Manuel Aguilar, cuyo nombramiento ha sido publicado este mismo martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), está siendo "investigado por un delito de prevaricación", según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a preguntas de infoLibre. El investigado defiende tajantemente su actuación y se muestra convencido del archivo del caso.
Manuel Aguilar, cuyo nombramiento ha ocasionado polémica en la Cámara de Cuentas por su trayectoria como como teniente de alcalde y concejal en el área económica del Ayuntamiento de Estepona entre 2011 y 2019, declaró en el juzgado mixto número 6 de dicha localidad malagueña el 26 de septiembre de 2019, explicó el TSJA a este diario.
La condición de "investigado" de Aguilar, indica oficialmente y por escrito el TSJA, es una "calificación provisional" en el marco de unas diligencias previas en las que también está siendo investigada otra persona. Según el denunciante del caso, que alertó a la Fiscalía en julio de 2018, este segundo investigado es un responsable de la empresa supuestamente beneficiada por una concesión municipal.
El recién nombrado secretario general de la Cámara de Cuentas, en declaraciones a infoLibre, defiende su actuación como presidente de la mesa de contratación, al haberse realizado –asegura– con todos los informes técnicos a favor. Es, a juicio de Aguilar, un tema "menor", cuyo ámbito natural debería ser el terreno administrativo, no el penal.
Secretario general de la Cámara de Cuentas
La misión de la Cámara de Cuentas es garantizar la limpieza de la Administración pública en Andalucía. Como secretario general, Aguilar debe desempeñar ahora funciones de máxima relevancia en el órgano de control, que se encarga de la fiscalización de las administraciones para garantizar el buen uso de fondos y la transparencia. Es un órgano equivalente al Tribunal de Cuentas.
La Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía atribuye a la secretaría general las funciones de "redacción de las actas y ejecución de los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno", "asesoramiento jurídico", "redacción de la memoria anual", "jefatura superior de personal" y "conservación y archivo de documentos", entre otras.
Denuncia ante la Fiscalía
Los hechos investigados afectan a la etapa de Aguilar como concejal del PP en Estepona, responsabilidad que desempeñó entre 2011 y 2019. El caso parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Málaga por un vecino de Estepona, E.L.A., con fecha de 25 de julio de 2018. La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, se presenta por un presunto delito de "prevaricación" supuestamente cometido por "autoridades, cargos y funcionarios públicos". La denuncia ante la Fiscalía no está dirigida contra Aguilar ni contra nadie en concreto.
Según el denunciante, "múltiples instancias municipales", entre las que cita al alcalde, la Junta de Gobierno Local y la mesa de contratación, "han actuado tomando decisiones totalmente arbitrarias y a sabiendas de que no eran legales [...] a favor de empresa Trasobares Sol SL y su representante legal, con claro perjuicio para los intereses públicos".
Un "contrato especial"
La denuncia, de 13 páginas, arranca su relato de hechos en 2002, cuando el Ayuntamiento adjudica a la empresa El Campanario Ocio y Turismo SL la construcción y explotación de un complejo deportivo con campo de golf, club social y guardería. Dicha empresa, según la denuncia, realizó una inversión de 4,6 millones de euros. En 2013, siempre según el escrito, esta sociedad permitió a una segunda, Trasobares, "gestionar las instalaciones de manera interina" ante una situación de desacuerdo entre los socios de El Campanario Ocio y Turismo.
El Ayuntamiento de Estepona revocó la concesión a El Campanario Ocio y Turismo en enero de 2015. Trasobares, continúa la denuncia, continuó explotando las instalaciones "en precario y gratuitamente" hasta el 10 de abril de 2015, cuando firmó un "contrato administrativo especial" con el Ayuntamiento para el mantenimiento de las mismas. El expediente que debía desembocar en una nueva licitación, señala la denuncia, se demoró más de dos años.
Durante este tiempo, "Trasobares ocupa las instalaciones sin pago de canon o renta alguna" y sin tener "invertir un euro ni amortizar una sola inversión", añade el denunciante, que señala que esta empresa no podía legalmente firmar ningún contrato con el Ayuntamiento al "no hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social", en base al artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Supuestos incumplimientos
E.L.A. enumera los supuestos incumplimientos de las partes de las obligaciones contraídas con la firma del "contrato especial". "Ni el contratista ni el Ayuntamiento han cumplido el plazo pactado improrrogable de un año del contrato, excediéndose en más de dos años. [...] Ni el contratista ha estado al corriente de en todo momento con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. [...] Ni el Ayuntamiento ha vigilado, controlado o inspeccionado la prestación de los servicios [...]. Ni el Ayuntamiento ha controlado o inspeccionado la cesión/arrendamiento prohibido por el contrato especial". Los supuestos incumplimientos de Trasobares permitidos por el Ayuntamiento, según la denuncia, son "graves" y tuvieron lugar "de forma continuada".
La nueva concesión salió a información pública en agosto de 2017. Según la denuncia, se fijaba en las condiciones un "canon ridículo" de 9.110 euros al año, a pagar hasta 2050. El denunciante expone que la concesión estaba preparada para Trasobares, aunque dándole "apariencia de legalidad". Un hecho en el que insiste con especial énfasis es en la presentación por parte de la empresa de una "declaración responsable" de estar al corriente de obligaciones tributarias que supuestamente era falsa. "Este gravísimo hecho de presunta falsedad en la declaración responsable adquiere mayor gravedad al tratarse de una actuación irregular y consentida durante más de tres años por el Ayuntamiento de Estepona, que denota con meridiana claridad un presunto delito continuado de prevaricación", señala la denuncia.
E.L.A. indica en el escrito presentado ante la Fiscalía que ha realizado "repetidas denuncias" de estos hechos en el Ayuntamiento, pero "ni los funcionarios públicos, ni los responsables políticos han querido dar respuesta".
Finalmente, destaca la denuncia, el acta de la Junta de Gobierno Local de 19 de junio de 2018 recoge la adjudicación de la concesión a Trasobares. "Es evidente –apunta el denunciante– que la decisión del Ayuntamiento de no investigar los hechos y de no requerir la información fiscal a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social ha sido necesaria para adjudicar la concesión a Trasobares".
Los hechos afectan supuestamente a Aguilar por su papel como presidente de la mesa de contratación. El denunciante señala que los hechos demuestran que "había que adjudicar a Trasobares Sol la concesión por encima de todo y a costa de todo, ya que se trata de un negocio altamente rentable y lucrativo, sin coste de inversión alguno y con unos altos beneficios al permitir al concesionario ceder la concesión a terceros por precio libre". Se trata, a juicio de E.L.A., de un "trato de favor descarado".
Defensa de Aguilar
Aguilar, en declaraciones a infoLibre, se muestra convencido de su correcta actuación y afirma que se trata de un asunto "menor", que debería estar dirimiéndose únicamente en la jurisdicción administrativa, donde también hay –afirma– un procedimiento abierto en los juzgados de Málaga. Aguilar asegura que creía que el juzgado de Estepona había procedido a su archivo, tal y como solicitó su defensa en un escrito de 8 de octubre, una vez prestada declaración el 26 de septiembre.
El recién nombrado secretario general de la Cámara de Cuentas afirma que la mesa de contratación, de la que él era presidente, votó "por unanimidad", con "todos los informes técnicos en el mismo sentido". Aguilar atribuye la actitud del denunciante a un "resquemor" por el hecho de haber sido "desahuciado" en 2013 por utilizar "en precario" las instalaciones cuya concesión está bajo investigación, si bien puntualiza que esto es una impresión suya y no niega el derecho de nadie a acudir a los tribunales.
También subraya que la denuncia en la Fiscalía no iba contra él, sino contra el Ayuntamiento, y que si ha terminado siendo investigado es porque él fue el "presidente de la mesa". "Le doy cero importancia", afirma, convencido del archivo. El investigado declina valorar su idoneidad para el cargo de secretario general de la Cámara de Cuentas, dado que no da por hecho que el caso siga abierto –a pesar de que así lo confirma el TSJA–.
Solicitud de archivo
Aguilar facilitó a este diario su escrito de solicitud de archivo, con fecha de 8 de octubre de 2019. "La mesa presidida por el Sr. Aguilar Illescas aprobó por unanimidad y previo los informes favorables jurídicos y técnicos con los documentos y certificaciones aportados por las empresas concurrentes a la licitación la propuesta de selección de la mercantil Trasobares Sol S.L. a la Junta de Gobierno con la obtención de 58 de los 100 puntos posibles", señala el escrito, que solicita el archivo "por no ser los hechos constitutivos de infracción penal". "De los hechos que son objeto de denuncia por la acusación particular [...] no se infieren indicios racionales de criminalidad", señala el escrito. La defensa de Aguilar afirma que el denunciante está movido por la "inquina y la ira" y que incluso trata de "embaucar al Ministerio Fiscal", haciéndole creer que la empresa ha cometido irregularidades que en realidad no han tenido lugar.
El escrito se centra en defender la actuación de Aguilar como presidente de la mesa. "Los informes recabados a asesoría jurídica y resto de informes técnicos se elaboran con la documentación completa, incluyendo los certificados de estar al corriente de las obligaciones aportados, y todos [...] fueron favorables respecto de la empresa Trasobares", señala. La defensa de Aguilar añade que "la empresa que no resultó adjudicataria formuló recurso contencioso-administrativo y, en la actualidad, existe un proceso en curso dilucidando la pretensión del recurrente y verificando el proceso administrativo de la adjudicación de la concesión". A juicio de Aguilar, es esa la jurisdicción en la que debería dilucidarse el caso, la contencioso-administrativa.
Su defensa señala en el escrito de solicitud de archivo que "no era trascendente" que la empresa adjudicataria no estuviera al corriente de pagos el 10 de noviembre de 2017, fecha de finalización del periodo de presentación de propuestas. No lo era, según la defensa de Aguilar, porque "la acreditación para la empresa sólo se debe presentar una vez seleccionada" y porque "si existieran certificados emitidos a fecha noviembre de 2017 estos perderían vigencia por caducidad al cabo de seis meses, cuando la adjudicación se produjo en junio de 2018". "La propuesta de elevar la adjudicataria a la mesa se realizó con todos los informes favorables, jurídicos y técnicos, y por unanimidad de la mesa, una vez comprobada la información presentada", añade el escrito, que señala que "se miren por donde se miren los hechos denunciados", hay una "inexistencia de conducta típica que lleve aparejada la comisión de un ilícito penal".
Un nombramiento cuestionado
PSOE y Adelante Andalucía cargan contra el nombramiento en la Cámara de Cuentas de un exconcejal del PP investigado por prevaricación
Aguilar ha sido concejal de Estepona entre 2011 y 2019. Desapareció de las listas del PP en las municipales de mayo de 2019, tras ostentar responsabilidades como concejal de las áreas de Economía y Hacienda durante ocho años. El PP de Estepona, una ciudad costera de casi 70.000 habitantes y fuerte tirón turístico, no es cualquier cosa. Su alcalde, el notario, abogado del Estado y registrador de la propiedad José María García Urbano, presume de ser "el más votado de España". En efecto, arrasa. En 2011, con Aguilar en su lista, logró 17 de 25 concejales. En 2015, de nuevo con Aguilar en la papeleta, repitió: 17 de 25. En 2019, ya sin Aguilar, ha sacado 21 y de 25 concejales, gracias al 69,04% de las papeletas.
Aguilar fue elegido secretario general por el pleno de la Cámara de Cuentas el 26 de febrero de 2020. El puesto estaba vacante desde la dimisión de Milagros Carrero, publicada en el BOJA el 7 de noviembre del año pasado. El nombramiento ha removido la Cámara de Cuentas. Un informe del gabinete jurídico advirtió contra el nombramiento de Aguilar por no ser funcionario, como publicó El País. Su selección fue aprobada por cuatro votos a favor (de dos consejeros propuestos por PP, uno por Cs y otro por Vox) y tres en contra (dos consejeros propuestos por el PSOE, entre ellos el presidente del órgano, y uno por Adelante Andalucía, la coalición que integran Podemos e IU).
A petición del presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, la letrada jefe redactó un informe jurídico en el que advertía de que las funciones públicas que debe realizar un secretario general implican el ejercicio de "potestades públicas" reservadas a funcionarios. La Ley de la Cámara de Cuentas no especifica que el puesto deba ser desempeñado por un funcionario, aunque ha sido la práctica tradicional.
Un juzgado de Estepona (Málaga) investiga al recién nombrado secretario general de la Cámara de Cuentas de Andalucía por un posible trato de favor a una empresa durante su etapa como concejal del PP. Manuel Aguilar, cuyo nombramiento ha sido publicado este mismo martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), está siendo "investigado por un delito de prevaricación", según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a preguntas de infoLibre. El investigado defiende tajantemente su actuación y se muestra convencido del archivo del caso.