Es casi una tradición que el PP cumple a rajatabla en la Comunidad de Madrid desde hace casi dos décadas. No importa quién esté al frente del Ejecutivo. Ni tampoco si pertenece a uno u otro sector del partido. Cada nueva legislatura en la región siempre lleva aparejada cambios normativos en materia urbanística. Ninguna liberalización del suelo es suficiente. Siempre existe margen para más, para desregular con reformas que, en algunos casos, parecen hechas a medida de proyectos urbanísticos concretos. Lo hizo Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Y ahora le toca el turno a Isabel Díaz Ayuso. Mientras, la región es cada vez menos verde a costa del incremento de superficies artificiales. Y los precios, a pesar de ello, no dan tregua.
"Llevamos años viendo cómo desmantelan la regulación urbanística, encaminándonos hacia una situación de caos total, sin normas", reflexiona en conversación con infoLibre Ángeles Nieto, responsable de Ecologistas en Acción en la región. La activista echa la vista atrás. El último movimiento de Ayuso a través de la conocida como Ley Ómnibus es solo otra vuelta de tuerca. Pero esto viene de lejos. En concreto, de hace dos décadas. En julio de 2001, pocos días después de que el Tribunal Constitucional tumbase buena parte de la Ley del Suelo Estatal de José María Aznar, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón aprobaba su propia normativa autonómica. Un texto que abundaba y perfeccionaba esa liberalización masiva con la que soñaban los conservadores.
Aquella norma horrorizaba a organizaciones ecologistas y agentes sociales, en tanto abría la mano con las hormigoneras: el suelo no urbanizable quedó reservado solo para aquellos casos de especial protección. Sin embargo, dos décadas después, Nieto reconoce que "pagaría dinero" por volver al texto original. Porque si ya consideraban grave lo que se hizo en aquel momento, el tsunami legislativo que vino después fue todavía peor. En las últimas dos décadas, la Ley del Suelo autonómica acumula nada menos que 17 reformas, casi una al año. Y cada una de ellas va un paso más allá que la anterior. "Ha sido un destripamiento constante de la regulación", dice la portavoz del colectivo ecologista.
Un "desmantelamiento", continúa, que se intensificó en la segunda legislatura de Esperanza Aguirre. Por si la liberalización del suelo llevada a cabo hasta el momento no fuese suficiente, el Ejecutivo regional fue introduciendo nuevos cambios que afectaban, incluso, a zonas protegidas. "La mayoría de aquellas modificaciones se realizaban por la puerta de atrás, sin apenas debate, a través de leyes urgentes o de textos de acompañamiento a los Presupuestos Generales", explica Nieto. Por eso no sorprende que Ayuso llevase a cabo su primera reforma de la Ley del Suelo por el procedimiento de lectura única –impidiendo así la presentación de enmiendas– y que ahora haya recurrido a la tramitación de urgencia con su Ley Ómnibus.
Trajes a medida para casinos o campos de golf
Algunos de estos cambios normativos parecían trajes hechos a medida para el desarrollo de determinados proyectos urbanísticos. En 2007, la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid retocaba la Ley del Suelo para que "los ayuntamientos" pudieran "autorizar instalaciones de carácter deportivo en los suelos rurales destinados a usos agrícolas", lo que allanaba en Alcalá de Henares la construcción de un campo de golf –luego se uniría un hotel de lujo– en la finca El Encín, terreno entonces clasificado como "no urbanizable de especial protección agropecuaria".
El Supremo terminó declarando ilegal la construcción del complejo. Lo hizo un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenciase que los terrenos escogidos en el municipio madrileño de Alcorcón para levantar Eurovegas no eran urbanizables. ¿Y cuál fue la respuesta del Ejecutivo madrileño? Confeccionar, de nuevo, un traje a medida. A final de año, y a través de la Ley de Medidas Fiscales, el entonces Gobierno de Ignacio González crea una nueva categoría dentro de los Proyectos de Alcance Regional: los denominados Centros Integrados de Desarrollo. Con este movimiento, el problema quedaba resuelto.
Unos meses antes, Aguirre había vuelto a retocar la Ley del Suelo autonómica. Lo hizo para adaptar una norma estatal. Eso sí, borrando de un plumazo el límite de superficie que la legislación nacional fijaba para la apertura de comercios solamente con una declaración responsable. Unos años más tarde, una promotora francesa se agarraba a ese cambio normativo para poner sobre la mesa solamente una declaración responsable a la hora de levantar en la ribera del Manzanares, junto a Madrid Río, un centro comercial de decenas de miles de metros cuadrados de superficie.
La segunda reforma de Ayuso
Algo en lo que, durante su primera etapa en la Puerta del Sol, abundó Ayuso. En octubre de 2020, la presidenta madrileña aprobaba su primer proyecto de Ley –y único hasta el adelanto electoral–, una nueva modificación de la normativa urbanística regional con la que, entre otras cuestiones, sustituía parte de las licencias urbanísticas por este tipo de documentos de responsabilidad. Pero los cambios impulsados entonces parecen no ser suficientes. De ahí que la líder del Ejecutivo autonómico haya decidido introducir más retoques en materia urbanística a través de la Ómnibus, un anteproyecto presentado por sorpresa en la víspera de Nochebuena que sirve como vehículo para introducir cambios en cuarenta normas diferentes.
Se mete mano a decenas de artículos diferentes de la Ley del Suelo y la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. "Se recuperan cuestiones que ya habían sido rechazadas", denuncian los ecologistas. Así, critican que quede en manos del Consejo de Gobierno determinar qué proyectos tienen alcance regional, una categoría que permite urbanizar incluso en zonas protegidas. Además, se legitiman los establecimientos hosteleros en vías pecuarias o se sustituye la obligación del promotor de ceder suelo al Ayuntamiento para la construcción de dotaciones públicas por el pago de una cantidad monetaria, algo que la ley actual solo permite cuando éste no tuviera terrenos que pudiera aportar al consistorio.
"En lugar de dar una parcela para que haya una zona verde, por ejemplo, hago cuentas y te abono una cantidad de dinero. Pero los vecinos no necesitan eso. ¿De qué sirve que paguen al ayuntamiento si luego los chavales no tienen un sitio en el que poder pegar patadas a una pelota?", reflexiona Nieto en conversación con este diario, al tiempo que sostiene que con esta política de urbanizar cada centímetro la región se está encamina hacia una "macización" de los pocos solares que quedan libres.
"El suelo agrícola se va convirtiendo en urbano"
Liberar suelo
La consecuencia directa de las dos décadas de liberalización masiva puede apreciarse en la evolución del tipo de suelo. En 2018 había en la Comunidad de Madrid alrededor de 120.000 hectáreas de superficie artificializada, el 15% de todo el territorio, según las cifras del Corine Land Cover. Mientras, las zonas agrícolas se habían reducido de 340.000 hectáreas a algo menos de 296.000. "El suelo agrícola está pasando a ser urbano", señala la portavoz ecologista.
Más datos. De la superficie construida en la región hasta hace una década, casi el 47% se había levantado solo entre 1987 y 2011, mientras que el 53% restante pertenece a todo el periodo previo de la historia de la región, según se recoge en el informe 25 años urbanizando Madrid, la generación que duplicó la superficie urbana, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional y el Observatorio de la Sostenibilidad.
"Y les da igual la repercusión nefasta que esto tiene sobre el territorio", sostiene la portavoz de Ecologistas en Acción. Nieto pone, por ejemplo, el foco en los centros de celebración de eventos en suelo rústico. "Cientos de personas, fiestas, vehículos, aguas residuales, ruidos... Todo sin control", critica.
Es casi una tradición que el PP cumple a rajatabla en la Comunidad de Madrid desde hace casi dos décadas. No importa quién esté al frente del Ejecutivo. Ni tampoco si pertenece a uno u otro sector del partido. Cada nueva legislatura en la región siempre lleva aparejada cambios normativos en materia urbanística. Ninguna liberalización del suelo es suficiente. Siempre existe margen para más, para desregular con reformas que, en algunos casos, parecen hechas a medida de proyectos urbanísticos concretos. Lo hizo Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Y ahora le toca el turno a Isabel Díaz Ayuso. Mientras, la región es cada vez menos verde a costa del incremento de superficies artificiales. Y los precios, a pesar de ello, no dan tregua.