"Si PSOE y PP fueron capaces de cambiar la intocable Constitución [en 2011] para reformar el artículo 135, ¿por qué no van a ser capaces de modificar la normativa para poder desclasificar documentos?". Cayo Lara se hacía esta pregunta este miércoles en el Congreso. Al hilo, claro, del 23-F y de las nuevas revelaciones del libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar (Planeta, 2014), que se presenta mañana en Madrid.
El líder de IU y presidente del grupo Izquierda Plural fue preguntado, en concreto, por la Ley de Secretos Oficiales, una norma aprobada en 1968, durante el franquismo –desarrollada por el decreto 242/1969–, y modificada en 1978, antes de la sanción de la Constitución. Esa ley es el foco de todos los males para los historiadores, porque prescribe quiénes pueden calificar un documento como secreto o reservado –el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes del Estado Mayor (hoy Estado Mayor de la Defensa)–, pero no estipula una desclasificación automática de papeles transcurrido un plazo, como ocurre en otros países. Esto es, sólo quienes clasifican un archivo son los únicos con la potestad para levantar el velo. En España, desde la Transición, ha habido varios intentos, por parte de distintos Ejecutivos, de cambiar la normativa. Pero todos acabaron en lo mismo: en fracaso.
IU-ICV-CHA, al socaire de la publicación del libro de Urbano, ha vuelto a requerir la desclasificación de todos y cada uno de los documentos del 23-F que pudieran existir (conversaciones entrantes y salientes en el Congreso y en la Zarzuela, grabaciones de las reuniones del rey y Adolfo Suárez, información de los servicios secretos...) y, además, la creación de una comisión de investigación. Hoy Lara volvió a justificar su solicitud en rueda de prensa en la Cámara baja: el Gobierno de una "democracia seria" tiene la obligación de que todos aquellos archivos relacionados con la intentona golpista deben salir a la luz para que queden aclaradas todas las dudas de un capítulo crucial de la Historia reciente.
El presidente de Izquierda Plural recordó que lo "normal" es que todos esos papeles y cintas fueran públicos, porque ese episodio se estudia en los colegios y, a la vista de lo que revela Urbano, puede ser que "los chiquillos estén aprendiendo una parte tergiversada de la Historia". Lara incidió en que la periodista hace "afirmaciones muy graves", como que el rey "alentó" la conspiración contra Suárez, al dar alas a Alfonso Armada, contra el criterio del propio presidente del Gobierno, al que empujó a marcharse. "Dice que el rey estuvo supuestamente involucrado en la gestación del golpe. Eso es gravísimo, no es cualquier cosa y por mucho menos se lleva a la gente a los tribunales", subrayó el coordinador. Así que esa parte de nuestra historia, "la más dramática" tras la dictadura, "debe conocerse con luz y taquígrafos".
Adecuación a la Constitución y al contexto internacional
Izquierda Plural ya registró hace poco más de un mes una proposición de ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968. El grupo lo justifica por la "necesaria adecuación a la Constitución y a los derechos fundamentales reconocidos en la misma", para "acercar nuestra legislación en esta materia a la de los países de nuestro entorno y adecuarla a las existencias de transparencia", no "satisfechas" con la Ley de Transparencia aprobada a finales de 2013, "que mantiene numerosas exclusiones y limitaciones al derecho de acceso a la información, y más concretamente excluye la información relacionada con la política exterior y de defensa". El texto recuerda que hay que eliminar una situación "excepcional" en España, como es el hecho de que un documento pueda permanecer clasificado "de manera indefinida, sujeta tan sólo la desclasificación al arbitrio del Gobierno".
La modificación de la ley que propone IU-ICV-CHA es muy sencilla: que la calificación de archivos sea competencia exclusiva del Consejo de Ministros (y no compartida con el Estado Mayor de la Defensa) y que tenga una vigencia de 30 años, que "podrán ser prorrogadas por dos periodos de diez años, de forma expresa y motivada" por el Gobierno, si bien este podría levantar el secreto "en cualquier momento".
Lara, a su vez, presentó a los periodistas las tres iniciativas anunciadas formalmente el pasado sábado en la Presidencia Federal de IU. Tres propuestas con las que pretende materializar las tres grandes reivindicaciones del 22-M. Mociones, por cierto, que estaban listas tras las Marchas de la Dignidad, pero que, como dijo el líder, no se detallaron la semana pasada por respeto al luto oficial decretado tras la muerte de Suárez.
Hablar de las protestas, y no de "cortinas de humo"
Así, ante la petición de "pan", la federación quiere que el Gobierno presente en el plazo de tres meses una ley que establezca una renta mínima garantizada. Un sistema que aseguraría una serie de recursos mínimos para una "vida digna", a partir de 8.200 euros anuales (580 euros por 14 pagas) para un individuo y se incrementaría progresivamente según el tamaño de la familia (por ejemplo, 11.182 euros para cuatro personas, 798 por 14 pagas). El sistema, dice IU, sería complementario con el puesto en marcha por las comunidades autónomas.
Para responder a la exigencia de "trabajo", IU presenta una proposición no de ley para la convocatoria de un pleno extraordinario en el Congreso que discuta una estrategia urgente para la creación de empleo. Los puntos de esa moción son conocidos: plan de empleo y formación para los parados de larga duración, plan de rehabilitación de viviendas y actualización de la estrategia europea de empelo juvenil.
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Y ante la petición de "techo", una nueva proposición no de ley que recoge la dación en pago, la creación de un parque público de vivienda en alquiler moderado a partir de los activos del banco malo y la retirada del recurso de la Ley Antidesahucios andaluza ante el Tribunal Constitucional.
"Son reivindicaciones justas que deberían tener respuestas razonables", completó el coordinador federal, quien lamentó que la atención se haya centrado en los disturbios del 22-M, y no en lo masivo de las protestas y en las reivindicaciones que se corearon. "Quieren que sigamos hablando de la cortina de humo", deploró.
"Si PSOE y PP fueron capaces de cambiar la intocable Constitución [en 2011] para reformar el artículo 135, ¿por qué no van a ser capaces de modificar la normativa para poder desclasificar documentos?". Cayo Lara se hacía esta pregunta este miércoles en el Congreso. Al hilo, claro, del 23-F y de las nuevas revelaciones del libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar (Planeta, 2014), que se presenta mañana en Madrid.