Una ley franquista impide arrojar luz sobre lo que ocurrió el 23-F

Titular: Izquierda Plural pide una comisión de investigación para que se aclare lo sucedido el 23-F y pide que se desclasifiquen todos los documentos relativos a la intentona golpista. La pregunta es qué documentos faltan. Cuál es el material que aún se desconoce de la asonada militar, qué capítulos quedan por escribir. 

Y la respuesta no es tan sencilla. Porque no hay un listado de qué información sigue clasificada –y, por tanto, inaccesible–, ni una relación de documentos existentes o perdidos. Los historiadores desesperan por la "opacidad" de la Administración, por la suma de obstáculos que imposibilitan la consulta de archivos. Y apuntan, con claridad, al pecado original: la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en pleno franquismo, en 1968, y sólo modificada parcialmente diez años después, antes de la promulgación de la Carta Magna. 

Quien ha traído otra vez al primer plano el golpe de Estado ha sido el último libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar (Planeta, 2014), que mañana jueves sale a la venta. En él, la periodista, como adelantó en una entrevista a El Mundo publicada el domingo, revela que el expresidente del Gobierno estaba convencido de que el monarca era "el alma" del 23-F, por cuanto "alentó" y "jaleó" las pretensiones del general Alfonso Armada y de "tantos otros" militares. Urbano concluye, a partir de nueva documentación y conversaciones con "decenas de personas" –entre ellas, el propio Suárez, antes de enfermar– que el jefe del Estado simplemente "salvó" al país "in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha". 

Izquierda Plural es quien antes se ha movido. O mejor, el único grupo que se ha movido, porque el PSOE simplemente se ha mostrado partidario de estudiar la desclasificación de documentos, en aras de una "mayor transparencia". Pero, en realidad, IU-ICV-CHA traslada el sentir (el malestar) de buena parte de los historiadores. 

Qué prescribe la ley

Son "materias clasificadas" los asuntos, documentos o informaciones "cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado", dice el artículo 2 de la ley. Esas materias, a su vez, son calificadas de secretas o reservadassecretas reservadas según el grado de protección que requieran. Y quien puede dictar ese secreto o reserva es el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes del Estado Mayor (hoy Estado Mayor de la Defensa). Aunque, como recuerda Carlos Sanz, profesor ayudante doctor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales de la UCM, los llamados ministerios de Estado –Defensa, Exteriores e Interior– también "gozan de esa potestad" si hay un acuerdo previo del Gobierno. De hecho, por decisión del Consejo de Ministros de 2010, prácticamente la totalidad de los archivos relativos a la política exterior de España están vetados. Una "calificación de segundo rango" y que se justifica por el peligro a la "seguridad nacional", un concepto difuso que "no ha dejado de expandirse".

"El problema es que a veces no tenemos constancia de qué está clasificado y qué no –denuncia–. Se ha dicho siempre [así lo dijo Alfonso Guerra] que hay centenares de horas de grabaciones de conversaciones mantenidas aquel día entre el Congreso y el exterior, o las que mantuvo la Zarzuela. Pero no están y tampoco está claro que existieran". No existe un listado de documentos reservados del 23-F, que serían susceptibles de desclasificación. Así que en muchos casos, reconoce Sanz, hablamos de especulación. 

Sí que sigue secreto, y aquí sí hay constancia, el sumario judicial. "Pero aquí se conoce todo por la prensa o las acusaciones particulares, así que ahí no habría muchas novedades", señala este profesor. Tampoco se sabe nada de las instrucciones que se pudo dar a los embajadores, o qué información remitieron las legaciones diplomáticas hacia España. Tampoco se conocen los datos que pudieron recabar los servicios secretos. "O las comunicaciones del presidente del Gobierno en funciones, Paco Laína, con el Congreso y con los grupos políticos", argumenta Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de Izquierda Plural y autor de una nueva batería de preguntas al Ejecutivo tras las revelaciones de Urbano. Laína, no obstante, ya dijo en su momento que sólo se grabaron las conversaciones telefónicas entre el teniente coronel Antonio Tejero y el único civil condenado en la trama del 23-F, Juan García Carrés. Las actas de lo que ocurrió en el Congreso en aquellas horas críticas vieron la luz hace tres años, cuando se cumplieron los 30 años de la asonada militar. 

También queda la duda de si pudo discutirse sobre el fallido golpe militar en algún Consejo de Ministros posterior. Y no se puede conocer porque las deliberaciones son secretas. 

¿Y la Zarzuela? La Jefatura del Estado no tiene poder para calificar documentos, pero lo cierto es que no permite el acceso a su base de datos. "No hay actas de reuniones, ni información clasificada. La Corona tiene constitucionalmente muy pocas funciones", aducen fuentes oficiales de la institución. 

La "anomalía" española

"Es que no sabemos qué puede haber. De ahí que se tenga la impresión que se escamotea la documentación –prosigue Sanz–. Es que ni siquiera se cumple la Ley de Secretos, porque esta exige que se haga público un listado de ficheros reservados, y que se indique cuándo se levante el secreto. Y eso no sucede". 

Ahí está otro foco del problema. Como recuerda Xusto Beramendi, historiador de la Universidade de Santiago, es el Gobierno quien decide lo que clasifica "y cuándo los desclasifica". Un ejemplo reciente: el Ministerio de Defensa, bajo la batuta de Carme Chacón, tenía preparado el levantamiento del velo de unos 10.000 informes fechados entre 1936 y 1968, tras un exhaustivo análisis. Pero ya se encontraba en funciones, así que la decisión final correspondía al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que decidió aparcar esa propuesta. En realidad, en pocas ocasiones el Ejecutivo ha aceptado cancelar el secreto: lo hizo el PP con los papeles del Cesid y el PSOE con los vuelos de la CIA, por poner dos casos. Además, José María Aznar levantó el veto sobre dos informes del CNI en 2004 para intentar probar que no mintió en los atentados del 11-M. 

Los historiadores se quejan de esta "anomalía". Porque el caso español no es homologable a lo que sucede en otros países, como Estados Unidos o Reino Unido, donde pasado un tiempo –la media se sitúa en los 30 años–, "los documentos se desclasifican automáticamente", subraya Beramendi. Otro ejemplo: en 2012 trascendió que el rey sintió "simpatía" hacia los golpistas porque el Ministerio de Exteriores alemán desclasificó un cable del entonces embajador en Madrid, Lothar Lahn. Sanz explica que en EEUU una oficina específica revisa todos los archivos que tienen que revelarse cado año, "con un criterio aperturista", y sólo se excluyen aquellos que aún puedan afectar a la seguridad del Estado. Pero en España ese automatismo no existe. 

Aquí queda un obstáculo más. Los papeles que no estén clasificados no son de libre consulta. En este caso rige la Ley de Patrimonio Histórico Nacional (de 1985), que en su artículo 57 establece que los informes que contengan datos personales o afecten a la seguridad de las personas no podrán ser examinados salvo que medie consentimiento expreso de los afectados o hayan transcurrido 25 años de su muerte o 50 años "a partir de la fecha" de esos archivos. Un plazo que los investigadores consideran "excesivo". Ello implica que sólo se puede examinar la información generada hasta 1964. 

"Hay una cerrazón en el acceso a los documentos oficiales. No se ha adoptado la legislación internacional, ni tampoco sucede como en otros lugares, donde se crean fundaciones a la memoria de un presidente y se facilita el acceso", asegura Abdón Mateos, catedrático de la UNED y presidente de la Asociación de Historiadores del Presente. Ahora podría abrirse una ventana de oportunidad con la Fundación Felipe González, creada el año pasado. 

La "discrecionalidad" de los funcionarios

Mateos, como Beramendi o Sanz, señala otra rémora: la "discrecionalidad" de los archiveros. "Algunos son más transigentes, otros no. Pero la tendencia es que cuando hay dudas, no dejan ver el documento en cuestión", dice este profesor. La cautela de los funcionarios tiene lógica: si permiten ver una carpeta oculta a una persona no autorizada, estarían cometiendo una ilegalidad. 

Los investigadores reclaman un cambio en la Ley de Secretos y la equiparación de España con la dinámica internacional, además de rebajar los topes expresados en la Ley de Patrimonio Histórico. Lo cierto es que tanto los Ejecutivos de José María Aznar como los de José Luis Rodríguez Zapatero intentaron modificar la primera, pero al final tuvieron que aparcar sus proyectos. Acababan tropezando en la responsabilidad achacable a los medios de comunicación en caso de filtración de papeles reservados. Sanz tiene otra explicación: "Si la Ley de Secretos no se ha cambiado cabe deducir que no le va tan mal a los gobiernos con ella. Además, ell antecedente de Aznar me hace temer que, si se retoca la norma hoy o se hace una nueva ley, puede ser para hacerla más secretista aún, aunque estaría arropada por el lenguaje de la transparencia". 

¿Cambiarán algo las cosas con la Ley de Transparencia, que entrará en vigor a finales de 2014? No hay mucha esperanza entre los investigadores, porque la norma deja fuera los informes clasificados. Para Mateos, "se promete el acceso a los ciudadanos, pero tiene el efecto perverso de que no se privilegia al investigador acreditado". Total, como dice Sanz, que "indagaren España es un drama. Otros países también tienen algunas vergüenzas que no dejan investigar, como la guerra de Argelia en Francia o algunos asuntos de la posguerra en Italia, pero lo de aquí es un celo extremo".