"Votos a favor: 187; en contra: 147". Esas palabras, pronunciadas un 30 de junio de 2005 por el entonces presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, fueron las que certificaron la aprobación del matrimonio homosexual en España. Desde entonces, este derecho se ha afianzado: el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP fue rechazado, y otros países han aprobado leyes similares. No obstante, los colectivos homosexuales aseguran que aún quedan retos por cumplir para conseguir la verdadera igualdad.
Aquel día de verano de hace diez años, en las tribunas de las Cortes se encontraba en calidad de espectador el recientemente fallecido Pedro Zerolo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) entre 1998 y 2003 y cuyo activismo fue fundamental para la aprobación de la ley. Zerolo había recurrido judicialmente en 2004 la prohibición de que los gays pudieran casarse, y su colaboración fue clave en la aprobación de la norma.
La ley promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era muy avanzada para su tiempo, ya que no precisó de una normativa paralela como sí ocurría en países, sino que consistió en añadir en el Código Civil la frase "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo", lo que confirió completa igualdad a los matrimonios homosexuales sin ningún tipo de diferencia con los heterosexuales. Esto incluía el derecho a adoptar, ausente en legislaciones vigentes entonces como la belga, que lo incluyó en 2006.
Amplio consenso
Años después, España parece haber asumido sin problemas la igualdad de las uniones de personas del mismo sexo con respecto a las de sexos diferentes. Un estudio realizado en el año 2013 por el think tank norteamericano Pew Research Center daba cifras clarísimas al respecto: el 88% de los españoles consideraban entonces que la sociedad debía "aceptar la homosexualidad" –la cifra más alta de todo el mundo–, frente a tan sólo un 11% de los ciudadanos que opinaban lo contrario.
Pero este consenso no fue siempre así. La ley aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero fue muy contestada en sus inicios por la Conferencia Episcopal y el PP, que llegó a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que argumentaba que el cambio en el Código Civil "modifica de raíz, sin entrar directamente en definiciones, la idea del matrimonio [...] como unión de hombre y mujer". Precisamente este era el problema fundamental para los conservadores: la utilización del término "matrimonio"–"mucho más que una simple palabra", según el recurso– para definir las uniones homosexuales.
Para el PP, el matrimonio homosexual era "una institución de nueva planta", y rechazaba que para regularla bastase con modificar "el sistema normativo que más directamente se refiere al matrimonio y a la familia, que a su vez se apoya en conceptos jurídicos no menos seculares como el de padre y madre, marido y mujer, esposo y esposa". El mismo argumento defendieron líderes conservadores como Mariano Rajoy –que achacó la equiparación de ambas tendencias sexuales a "la manía del Gobierno de parecer moderno"–, Ángel Acebes –quien definió como "un empeño, un desafío y una provocación" la ley de Zapatero– o Eduardo Zaplana –que afirmó que el Gobierno había hecho un "flaco favor" a los homosexuales–.
A nivel social, la ley fue fuertemente contestada por algunos sectores en una manifestación multitudinaria celebrada en Madrid el 18 de junio de 2005 y a la que acudieron los propios Acebes y Zaplana, así como una veintena de obispos encabezados por el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. Bajo el lema "La familia sí importa. Por el derecho a una madre y un padre", cientos de miles de personas marcharon contra la ley y contra la posibilidad de que los homosexuales adoptasen, una opción que el Tribunal Constitucional respaldaría siete años después al entender que tener dos padres del mismo sexo garantiza "la preservación del interés del menor".
Aún quedan retos
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En cualquier caso, aún quedan cosas por hacer. Así lo asegura Rubén López, miembro de la Ejecutiva y responsable de Comunicación de la FELGTB, que explica que los miembros de estos colectivos tienen "varios retos" en los próximos años. "El principal, que toda la sociedad, la sociedad completa, pueda aceptar nuestra convivencia con ellos", sostiene López, que explica que la mayor parte de los ciudadanos ve como algo normal la diversidad sexual, pero también alerta de que "existe un reducto intolerante y violento que no".
"Este reducto se ha visto en los últimos años más acorralado, y en algunos casos ha recurrido a la violencia", relata el responsable de la FELGTB, que explica que si esto ha ocurrido es precisamente por el hecho de que la ley de 2005 permitió al colectivo tener "visibilidad". "El matrimonio homosexual ha significado asentar nuestra confianza, nuestra autoestima", alaba López, que asegura que la norma ha provocado que "la gente más joven haya vivido de forma diferente su homosexualidad". "Yo creo que ahora mismo la gente de 18 años no tiene miedos que yo, que ahora tengo 35, sí tuve", sostiene.
"Al principio no hubo un fuerte impacto en la sociedad, el impacto se empieza a ver ahora, cuando se empieza a ver esa mejora de la autoestima", abunda el activista. A su juicio, es precisamente el hecho de que se haya normalizado que dos personas del mismo sexo "vayan de la mano" o que un hombre "se bese con su novio" la excusa para que esta minoría haya reaccionado violentamente con acciones como la paliza que recibió un matrimonio homosexual en una playa de Almería, que para más inri posteriormente fue imputado por un supuesto delito de exhibicionismo.
"Votos a favor: 187; en contra: 147". Esas palabras, pronunciadas un 30 de junio de 2005 por el entonces presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, fueron las que certificaron la aprobación del matrimonio homosexual en España. Desde entonces, este derecho se ha afianzado: el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP fue rechazado, y otros países han aprobado leyes similares. No obstante, los colectivos homosexuales aseguran que aún quedan retos por cumplir para conseguir la verdadera igualdad.