Lesmes sugiere que el CGPJ hará más nombramientos de alto nivel pese al bloqueo para su renovación

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, tiene previsto seguir efectuando nombramientos discrecionales de alto nivel, cuya cifra asciende ya a 57 en los casi dos años años transcurridos desde que expiró su mandato. Bajo mayoría conservadora gracias al bloqueo del PP para renovar su composición y salvo viraje inesperado, el órgano de gobierno de los jueces no se detendrá a tenor de lo que Lesmes acaba de deslizar durante su discurso en el acto de apertura del año judicial.

Según sus palabras, el retraso en la sustitución de los 20 vocales y de quien preside el CGPJ constituye "una seria anomalía" pero las funciones del Consejo "son permanentes y debido cumplimiento". Entre esas funciones están incluidas las que implican nombramientos. Y todas ellas "deben seguir desarrollándose con normalidad, porque lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española". En una entrevista con infoLibre, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, expresó en julio su rotunda oposición a que el Consejo prosiga con los nombramientos: "¿Deben hacer esos nombramientos? No, rabiosamente, no". 

En presencia del rey, Lesmes ha hecho constar su posición después de subrayar que el retraso en la renovación no se ajusta a lo legalmente establecido: "Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones".

Pero es a renglón seguido donde el también presidente del Supremo, ha introducido lo que posee todos los visos de un anuncio con visos de órdago: "Conviene recordar también que el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por esa misma Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad, porque lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes".

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El discurso de Lesmes se produce a solo tres meses de que se cumplan dos años de bloqueo en la renovación del CGPJ. El mensaje de WhatsApp del PP cuya difusión atascó en noviembre de 2018 la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha garantizado así al sector conservador de la judicatura mantener por segundo año consecutivo su dominio en el tercer poder del Estado. Aquel mensaje, donde el PP se jactaba de haberse asegurado el control de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "desde detrás", hizo trizas lo que ya era un acuerdo cerrado para renovar el CGPJ. El pacto rebajaba el peso del PP en la nominación parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ, el órgano de gobierno que dibuja el mapa de la magistratura mediante el reparto de los puestos decisorios.

Bajo la batuta de Lesmes y durante el año y medio que lleva en funciones, el CGPJ ya ha efectuado nada menos que 57 nombramientos de alto nivel para cubrir 12 plazas del Supremo, 13  en Tribunales Superiores (TSJ) autonómicos y 14 presidencias de Audiencias Provinciales. Ahora, otros 30 puestos están en espera desde que el 28 de julio el Consejo paralizó de nuevo el reparto de plazas discrecionales.

Cuando el CGPJ volvió a dejar en el cajón los nombramientos, PSOE y PP estaban negociando en torno a una mesa. Y quienes capitaneaban el diálogo eran el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y su homólogo en el Gobierno madrileño, el consejero Enrique López, responsable de esa área en el PP. Pero una vez que Cayetana Álvarez de Toledofue defenestrada en agosto como portavoz parlamentaria y proclamó en público su oposición a un acuerdo que vino a calificar de inminente, Casado tumbó la mesa. No negociará nada con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. El mapa de la judicatura permanecerá así en manos del sector conservador del tercer poder del Estado.