Una ley desvinculará del mandato del Gobierno el del fiscal general para asegurar su independencia

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La modificación tiene por objeto desvincular el mandato del fiscal general del Estado del mandato del Gobierno que lo nombra para darle una duración de cinco años. De esa manera, los Ejecutivos sucesivos heredarán el jefe de la Fiscalía nombrado por el gabinete anterior. La medida busca reforzar la independencia del Ministerio Público que, tras la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, asumirá la instrucción de los delitos, una tarea que actualmente desempeñan los jueces. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa recogía esta medida entre sus recomendaciones. También hacer públicas las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal general, algo que también abordará la reforma.
El actual marco legal de la Fiscalía permite al Ejecutivo dar órdenes directas al Ministerio Fiscal a través del fiscal general del Estado. Además, el actual estatuto recoge la posibilidad de que el jefe de la fiscalía informe directamente al Gobierno en el Consejo de Ministros. La reforma que el Ejecutivo abordará hoy prohíbe expresamente ambas posibilidades impidiendo que desde Moncloa se pueda promover cualquier tipo de actuación en procedimientos concretos. También se suprime la posibilidad de que el fiscal general pueda ser llamado a informar al Consejo de Ministros. "Esta reforma consolida la independencia de quien ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal en aras de garantizar la imparcialidad de una institución llamada a dirigir la investigación criminal", explica la exposición de motivos del anteproyecto.
En la nueva regulación, el fiscal general sigue siendo designado por el Gobierno, pero la duración de su mandato deja de estar vinculada a la de la legislatura y se establece en cinco años, con lo que se provoca la posibilidad de que Ejecutivos sucesivos de distinto color hereden el fiscal general de los anteriores. En caso de que tenga que dejar el cargo anticipadamente por una de las causas previstas en la ley, su sustituto no excederá en el cargo el nuevo plazo establecido por la reforma. El jefe de la Fiscalía solo podrá ser renovado si hubiera permanecido en el cargo previamente por un período inferior a un año. Convertirse en fiscal general, además, comportará el acceso a la categoría de fiscal de sala, la máxima de la carrera, siempre que al dejar el cargo se cumplan los requisitos de antigüedad que prevé la ley.
La modificación legal también refuerza los mecanismos para que los fiscales puedan oponerse a las instrucciones del fiscal general a través de las junta de fiscales de Sala, obligando al máximo responsable del Ministerio Público a aceptar el criterio de este órganos colegiados siempre que se aprueben con una mayoría cualificada de tres quintos. Actualmente, cuando existe desacuerdo con las órdenes recibidas, el fiscal general está obligado a escuchar a la junta de fiscales pero, tras recabar su informe, puede decidir seguir el criterio de esta o imponer el propio. La discrecionalidad del fiscal general también se reduce al obligarle a recabar el consenso del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo (el número dos de la Fiscalía) o del fiscal de Sala de la especialidad que corresponda antes de impartir órdenes en un caso concreto.
Gran parte de las modificaciones de calado que introduce la reforma ya fueron reclamadas por el Greco. El organismo del Consejo de Europa ha pedido reiteradamente a España que desvincule al fiscal general del Ejecutivo tanto en la duración de su mandato como en sus comunicaciones para evitar la percepción de dependencia jerárquica del Gobierno. Estas medidas también fueron reclamadas por el Consejo General del Poder Judicial en el informe aprobado el pasado diciembre sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que quita la instrucción de los delitos a los jueces para entregársela a los fiscales y que actualmente se encuentra en tramitación. Para llevar a cabo ese cambio era necesario que la independencia de los fiscales instructores sea equivalente a la que tienen actualmente los jueces de instrucción.
La profunda remodelación del estatuto del Ministerio Público era, por tanto, algo obligado y esperado. Su puesta en marcha no tiene nada que ver con la investigación abierta en el Tribunal Supremo al actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos del que el alto tribunal, hasta el momento, no ha encontrado ninguna prueba. La Sala de lo Penal indaga la supuesta filtración de una propuesta de acuerdo enviada por la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía de Madrid en la que reconocía la comisión de dos delitos fiscales para evitar su entrada en prisión. Al día siguiente de que se revelara esa propuesta de pacto, la Fiscalía desmintió un bulo difundido en los días previos por el entorno de la presidenta madrileña: que había sido el fiscal el que había ofrecido el acuerdo y no al contrario, como en realidad ocurrió.