La Assemblea Feminista de València denuncia en un comunicado que una veintena de mujeres, la mayoría pertenecientes a este colectivo, se enfrentan a procesos judiciales de las multas interpuestas a raíz de las huelgas del 8M en 2018 y 2019, cuyo valor en total “asciende a 11.000 euros”. “De estos 20 procesos sancionadores, tres ya han sido resueltos por la vía administrativa y, por tanto, se abre la vía judicial” tras la presentación de los correspondientes recursos, señala el texto.
Doce de estas multas datan del año 2018, mientras que las ocho restantes se corresponden con el año anterior. “Entendemos que el resto, en breve, también tendrán que ir a juicio”, apunta Mireia Biosca, miembro de la asamblea feminista, a la que define como “un espacio abierto, anticapitalista, feminista y antirracista” en el que trabajan tanto a nivel de la ciudad valenciana, como en varios barrios de esta.
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Biosca afirma que fueron denunciadas por la PolicíaNacional —dependiente de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana— por “estar en lugares donde no se podía estar”, pero defiende que, en realidad, el verdadero motivo era “estar en la calle en una huelga convocada legalmente”. En cualquier caso, las multas, apunta, “se encuentran amparadas en la ley mordaza”.
Esta ley fue aprobada de manera definitiva por el PP en 2015, que en aquel momento contaba con mayoría absoluta en las Cortes. Sin embargo, fue duramente criticada por la oposición, en aquel momento capitalizada por el PSOE. Por ello, desde la Assemblea Feminista de València, señalan como principal responsable de los hechos al actual delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, el socialista Juan Carlos Fulgencio Tejedor, que, después de comprometerse a revisar las multas al hacerse el PSOE con el Gobierno, no solo se mantuvieron firmes, sino que tuvieron lugar las sanciones de 2019.
“Nosotras denunciamos que después de que Tejedor asumiera la Delegación del Gobierno, se nos vuelve a poner las multas por lo mismo, cuando él había dicho que no tenía sentido que nos las pusieran, amparándose en una ley que, cuando estaba en la oposición, dijo que era antidemocrática”, afirma Biosca. “Consideramos que son multas políticas y esperamos que no lleguen a ningún efecto”, sentencia.
La Assemblea Feminista de València denuncia en un comunicado que una veintena de mujeres, la mayoría pertenecientes a este colectivo, se enfrentan a procesos judiciales de las multas interpuestas a raíz de las huelgas del 8M en 2018 y 2019, cuyo valor en total “asciende a 11.000 euros”. “De estos 20 procesos sancionadores, tres ya han sido resueltos por la vía administrativa y, por tanto, se abre la vía judicial” tras la presentación de los correspondientes recursos, señala el texto.