Tras la ley trans y la del 'solo sí es sí', Igualdad prepara para diciembre la reforma de la ley del aborto

En el arranque del curso político el Gobierno ya se fija propósitos para final de año. Entre ellos, llevar a cabo la reforma de la ley del aborto. El Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, quiere derogar la reforma aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, que establece que las mujeres menores de 16 y 17 años que quieran abortar deben tener el consentimiento de sus representantes legales. Pero no solo eso, Montero, junto con la cartera de Sanidad, también apuesta por reformas de calado para reformar la ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y facilitar ese derecho en todas las comunidades autónomas.

Para lograr ese fin, fuentes del Ministerio de Igualdad confirman que quieren eliminar los tres días de reflexión obligatorios antes de proceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), garantizar que en todas las autonomías se pueda abortar en centros públicos y, en ese sentido, regular la objeción de conciencia de la comunidad médica para "evitar que haya muchos hospitales que en base a eso no practiquen interrupciones". Asimismo, se penalizará el acoso que se realiza frente a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo.

"Vamos a poner todos los esfuerzos para que cualquier mujer pueda interrumpir su embarazo cerca de su domicilio y en un hospital público", ha explicado la titular de Igualdad en una entrevista en Radiocable este lunes. La ministra de Unidas Podemos prevé tener el borrador de la reforma preparado en cuatro meses, en diciembre de 2021. O, como tarde –precisan desde su equipo–, a principios de 2022.

En el ministerio planean que la citada reforma también incluya la mejora de los procesos para abortar, el reconocimiento de la "violencia obstétrica", el derecho de la mujer a elegir el método para interrumpir su gestación y el "reconocimiento de los vientres de alquiler como una forma de violencia hacia las mujeres".

En ese contexto, desde junio el departamento de Igualdad trabaja en un proceso participativo para reunirse con asociaciones feministas y de todo el ámbito de la salud referido al aborto. Este lunes se ha celebrado una reunión en la que ha participado Montero, la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, y una veintena de representantes de colegios y asociaciones de profesionales de medicina general, obstetricia, ginecología, enfermería, sexología y psicología. Según confirman fuentes del ministerio a infoLibre, el próximo miércoles 1 de septiembre se producirá otra reunión enfocada al parto, las condiciones de las matronas y la violencia obstétrica.

Once años sin respuesta al recurso del PP

Once años después de su entrada en el Tribunal Constitucional (TC), el recurso presentado por el Partido Popular contra la ley de plazos –vigente en la actualidad– impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin respuesta. De hecho, ya figura como el que más tiempo lleva guardado en un cajón.

Fuentes del TC indicaron recientemente a El País que la sentencia podría llegar pronto. El citado periódico también indica que el plazo medio de resolución de los asuntos que llegan al alto tribunal es de 133 días, mientras que el recurso sobre el aborto cumple más de 4.000 días sin que se haya dictado una resolución.

Actualmente, la balanza dentro del Pleno se inclina del lado de los conservadores, con siete magistrados frente a los cinco de tendencia progresista. Sin embargo, el Constitucional, al igual que otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está pendiente de renovación. Este lunes se han cumplido 1.000 días de retraso por el bloqueo que mantiene el principal partido de la oposición.

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La reforma del aborto es, junto con la ley de trata, uno de los proyectos más ambiciosos del Ministerio de Igualdad en este segundo tramo de legislatura. La cartera de Montero llevó el pasado 6 de julio al Consejo de Ministros otro de sus grandes compromisos: la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí. Uno de los principales cambios de la ley, después de transitar por distintos órganos consultivos, se basó en la definición del consentimiento y consistió en abordar el consentimiento "en positivo", siguiendo la estela de países como Suecia y Gran Bretaña.

Apenas unos días antes, el 29 de junio de 2021, aterrizó otra ley impulsada por Igualdad en el Consejo de Ministros: el Anteproyecto de la Ley Trans y derechos LGTBI, la norma que blinda de facto la autodeterminación de género. Según el borrador realizado por la cartera de Montero, dicha ley contempla la sugerencia de los colectivos de una doble declaración ante el Registro Civil para proceder al cambio de sexo registral, una primera de petición y una segunda de confirmación, con tres meses de por medio que funcionarían como una suerte de periodo de reflexión. Un anteproyecto de ley que levantó polvareda entre los socios del Gobierno, al entender, desde el ala socialista pilotada por la ahora exvicepresidenta, Carmen Calvo, que contribuye al “borrado de la mujer” con esta norma.

En el Ministerio de Igualdad calculan que la ley del solo sí es sí se debatirá en el pleno del Congreso en septiembre o a mediados de octubre, como tarde. Mientras que la ley trans se encuentra todavía en trámite de observaciones.