El liderazgo emergente del PSC con Illa deja al descubierto la estrategia de confrontación de la derecha en Cataluña

Tres años largos después de la fractura de 1 de octubre, todas las encuestas que tratan de anticipar el resultado de las elecciones catalanas del 14 de febrero apuntan a una recomposición del bloque de los autodenominados constitucionalistas. En diciembre de 2017, en plena resaca de la fallida declaración de independencia, a la que la aplicación del artículo 155 puso fin apenas unas horas después, los electores contrarios a la independencia premiaron el discurso duro de Albert Rivera y de Ciudadanos otorgándoles no sólo la hegemonía del espacio político que defiende la permanencia de Cataluña en España, sino la posición de primera fuerza política del Parlament.

En aquellas elecciones el PP acabó encajando el coste político de haber liderado la aplicación del artículo 155 que puso fin a la legislatura y destituyó al Govern de Carlos Puigdemont. La consecuencia fue que retrocedió de 11 a 4 escaños, su peor registro histórico en el Parlament de Cataluña. El PSC, que también respaldó el 155, salvó sin embargo los muebles y pasó de 16 a 17 diputados. En aquel momento Pedro Sánchez acababa de volver a la Secretaría General del PSOE y la declaración de independencia que siguió al 1 de octubre truncó sus esperanzas de abrir una vía política de diálogo con los independentistas. Y Vox no pasaba de ser una más de las formaciones de extrema derecha que durante años se movían lejos de las posibilidades de obtener representación.

Ahora ese panorama ha cambiado. Las encuestas apuntan a una fragmentación de este espacio con la entrada en el Parlament de los ultras de Vox y a un corrimiento de votos dentro del bloque de los llamados constitucionalistas que elude beneficiar al PSC y premiar, de paso, la estrategia de diálogo puesta en marcha por los socialistas desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno con la moción de censura del 1 junio de 2018.

Desde que Sánchez regresó al timón de Ferraz ha ido de la mano del PSC, liderado a su vez por Miquel Iceta. Juntos han construido una estrategia que en última instancia pasa por promover una reforma de la Constitución en clave federal —algo que en realidad el PSOE defiende desde que el 6 de junio de 2013, en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba, aprobó la llamada Declaración de Granada–. Pero de la que también es parte sustancial el objetivo de construir espacios de debate con los partidos independentistas que devuelvan el conflicto a la negociación política y lo saquen de la calle y de los desafíos unilateralistas como la Mesa de Diálogo sobre Cataluña constituida hace ahora un año entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat y cuyo objetivo es buscar una solución al conflicto “de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.

Federalismo y diálogo están en las antípodas de Ciudadanos y del PP. Y por supuesto de Vox. Los de Inés Arrimadas tienen a gala que nacieron precisamente para oponerse al nacionalismo catalán, políticamente hegemónico desde la restauración de la Generalitat. Al igual que el PP creen que la solución de los problemas de Cataluña no pasa por un mayor autogobierno, como proponen los socialistas, sino por una recentralización de determinadas competencias, sobre todo en materia de educación, y por reformas en el Código Penal que desincentiven cualquier intento someter a referéndum la cuestión de la independencia.

A diferencia de lo que sucedió en 2017, esta vez todo apunta a que los electores del constitucionalismo castigarán las posiciones inflexibles tanto de Ciudadanos como del PP. Y, para desgracia de Arrimadas y Pablo Casado, ambas formaciones se enfrentan además, según todas las encuestas, a una sangría de votos por la derecha: los más intransigentes engordarán esta vez las urnas con papeletas de Vox, un partido que promueve abiertamente poner fin al Estado autonómico y la ilegalización de las organizaciones políticas y sociales que defienden la independencia.

El dilema de la derecha

En ese contexto, y con un PSC al que, según las encuestas, ha reforzado la candidatura de Salvador Illa, Ciudadanos, PP y Vox se enfrentan al dilema de explicar a los electores qué harán en el caso improbable, pero posible, de que los socialistas ganen las elecciones y los independentistas no tengan mayoría para volver a formar un Govern soberanista.

Vox ha sido, de momento, el más tajante. Su secretario general, Javier Ortega Smith, declaró esta semana a OkDiario que los diputados ultras están dispuestos a investir al candidato socialista, Salvador Illa, como president de la Generalitat si es aritméticamente posible y sus votos son necesarios para impedir otro Govern independentista. “Si podemos evitar con nuestro voto que gobernaran a los golpistas, los separatistas del PDeCAT, de ERC, creo que con responsabilidad haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos para que no gobernaran a los golpistas”.

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Ciudadanos, a través de su presidenta, Inés Arrimadas, ya ha dejado clara su disposición a gobernar con el PSC y buscar la abstención de otros partidos si los independentistas no tuvieran mayoría en el nuevo Parlament, aunque la líder naranja rehúye, de momento, explicar si daría su apoyo a Illa como president si los socialistas obtienen más escaños que su partido.

El único que, de momento, no parece dispuesto a cruzar esa línea es Pablo Casado. El líder del PP declaró el pasado fin de semana a La Vanguardia que sus diputados no apoyarán un Govern presidido por Salvador Illa porque considera que PSC y ERC son lo mismo.

De momento, el candidato del PSC asegura que si los independentistas pierden el control del Parlament su apuesta es repetir con Catalunya en Comú-Podem la experiencia de coalición que desde hace un año gobierna España gracias al acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Para conseguirlo, no obstante, necesita no sólo que ERC, Junts y la CUP pierdan la mayoría de la Cámara sino que Cs, PP y Vox faciliten su investidura.