El presidente del PP, Pablo Casado, decidió minar con varias condiciones cualquier posibilidad de negociar un acuerdo entre su partido y el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de dos intentos fallidos en los que el desbloqueo estuvo a punto de hacerse realidad.
La primera tuvo lugar en otoño de 2018, cuando el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, reveló a través de WhatsApp que su grupo había alcanzado un “pacto previo” con los socialistas para repartirse el CGPJ a razón de diez vocales para el PP y otros diez para el PSOE. La presidencia se dejaba en manos de un magistrado teóricamente propuesto por los socialistas, pero en la práctica, aseguraba Cosidó, de absoluta confianza de los conservadores.
La segunda tuvo lugar el pasado mes de agosto. Casado admitió el 7 de octubre que entonces había acuerdo con el Gobierno porque Sánchez aceptaba sus condiciones para renovar el Consejo, pero que él decidió romperlo después de que Unidas Podemos criticase a Juan Carlos de Borbón por abandonar España. Las condiciones del PP que Sánchez aceptaba, explicó el líder conservador, eran que no hubiese expolíticos entre los nuevos miembros del CGPJ y que los candidatos tuviesen el aval de las asociaciones judiciales.
Desde entonces Casado ha ido marcando líneas rojas como condición previa para sentarse a negociar, algunas de las cuales han ido a apreciando y desapareciendo a lo largo de los meses. Unas condiciones a las que ahora aparentemente parece haber renunciado después de que el fiasco de las elecciones catalanas le haya impulsado a buscar un gran acuerdo con Pedro Sánchez que le devuelva la condición de alternativa de gobierno.
Un buen resumen de esas condiciones la dejó en Twitter el pasado octubre Teodoro García Egea, el número dos de Casado:
Lo que sigue a continuación es una explicación detallada de esas condiciones:
Que Unidas Podemos no forme parte de la negociación
Casado se sacó de la manga esta exigencia el pasado mes de agosto, según él porque el líder morado y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, estaba atacando a la monarquía y a los jueces coincidiendo con la mudanza de Juan Carlos de Borbón a Emiratos y el inicio de investigaciones judiciales sobre las finanzas de Unidas Podemos. Un argumento al que añadió en alguna ocasión que UP está dispuesto a llegar a acuerdos con los independentistas catalanes y vascos, algo que a menudo Casado también reprocha al PSOE, pero que, en este caso, no ha llegado a considerar una línea roja para negociar el CGPJ con los socialistas.
El líder del PP dejó claro desde el principio que no sólo estaba vetando la posibilidad de sentarse a negociar con los de Iglesias, sino que tampoco aceptaría hablar únicamente con el PSOE si los socialistas incluían entre sus propuestas a algún candidato que les pareciera sospechoso de cercanía a Unidas Podemos. El pasado octubre afirmó que no estaba dispuesto a aceptar que los socialistas pusiesen encima de la mesa, en el cupo que les correspondía tras las elecciones de noviembre, a ningún jurista de reconocido prestigio que el PP considerase afín a los morados entre los ocho que obligatoriamente, porque así lo establece la Constitución, deben designar el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5. ¿Y si el interlocutor de las negociaciones era exclusivamente el PSOE?, le preguntaron. Tampoco servía entonces. “Me da igual si sólo fuera con un interlocutor del Partido Socialista. Lo que no voy a hacer es sentarme a negociar [si la otra parte lo hace] con las reivindicaciones de un partido como Podemos”.
Casado lleva meses argumentando que las negociaciones para pactar la composición del Consejo del Poder Judicial, tal y como mandata la ley y se ha venido haciendo en los últimos 35 años, es una tarea que compete a los dos grandes partidos del Congreso, PP y PSOE. Es un acuerdo, asegura, entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición, razón por la cual no hay por qué contar con Unidas Podemos.
Pero no es verdad. En 2013, con mayoría absoluta del PP, la renovación del Consejo incluyó a jueces, magistrados y juristas de reconocido prestigio propuestos por cinco partidos: PP (10), PSOE (7), CiU (1), PNV (1) e Izquierda Unida (1). Claro que en aquel Consejo, que eligió presidente al magistrado Carlos Lesmes —con varios años de experiencia como alto cargo del Ministerio de Justicia en la administración de José María Aznar—, los vocales afines al PP tenían el control de las decisiones.
La disposición del PP a pactar la composición del CGPJ con otros partidos, no sólo con el PSOE, no fue una excepción de aquel año. En 2008, esta vez con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, el PP no tuvo ningún inconveniente en repartirse el Consejo entre cuatro partidos: PSOE (9 vocales), PP (9), CiU (1) y PNV (1). Y en 2001, con mayoría absoluta conservadora en el Congreso, el PP tampoco vetó a Izquierda Unida, hoy socio de Unidas Podemos. La derecha española pactó entonces 10 asientos en el CGPJ —más la Presidencia, que le daba el control—, siete para el PSOE, uno para CiU y el vigésimo para IU.
La excusa que utilizaba hasta ahora Casado es que, según él, Unidas Podemos quiere controlar a los jueces que puedan juzgar a esta formación o a sus dirigentes en los próximos años. Y eso constituye, decía, “un atropello a la legalidad” que “pretender liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de un vicepresidente investigado”.
Es el PP, en realidad, el que está proponiendo o vetando vocales en función de su propio calendario de juicios pendientes. Diversas informaciones han revelado que los de Casado se niegan a incluir en el CGPJ al juez de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, que en 2015 se opuso a que la Gürtel fuese juzgada por dos magistrados afines al PP.
En cualquier caso, esta condición no parece estar cumpliéndose. Todo indica que Unidas Podemos sí está participando en la negociación a través del PSOE y que, si al final hay acuerdo, los de Iglesias habrán propuesto al menos dos vocales del nuevo CGPJ.
Despolitización del Consejo
Con esta condición Casado se refería a que los candidatos a vocales no hubiesen desempeñado en los últimos diez años ninguna actividad política. Es una condición que no está en la Constitución Española ni en la ley vigente, que se remonta a 1985 y que el PP no reformó ni siquiera en los dos mandatos en los que gobernó con mayoría absoluta.
El líder del PP no lo ha aclarado, pero a la vista de la propuesta de reforma del mecanismo de elección que su partido envió el año pasado al Congreso, Casado lo que quiere es que esa condición sea de aplicación a los ocho vocales que Congreso y Senado tienen que elegir en el cupo de los juristas de reconocido prestigio y no a doce jueces y magistrados cuyas candidaturas tienen origen en la judicatura.
Casado puso esta condición para hacer compatible la voluntad de su partido de negociar la renovación del CGPJ con su denuncia de que, con la actual ley, el Consejo está politizado. Despolitizar la justicia para el PP incluye (o incluía hasta hace poco tiempo) reformar la ley para hacer legalmente imposible la designación como Fiscal General del Estado a una exministra como Dolores Delgado, fiscal de carrera pero titular de Justicia entre junio de 2018 y enero de 2020, que se ha convertido en un objetivo a batir para el PP desde el inicio mismo de la legislatura. No consta que esta última condición tampoco esté encima de la mesa de negociaciones.
Retirada de la ley de reforma
Para forzar al PP a desbloquear la renovación del CGPJ, PSOE y Unidas Podemos enviaron al Congreso una propuesta de reforma de su ley reguladora para incorporar una “cláusula antibloqueo”. De manera que si en un plazo de tiempo razonable no era posible alcanzar la mayoría de tres quintos para elegir nuevos vocales, como sucede en la actualidad por la negativa del PP a negociar, esta pudiese llevarse a cabo por mayoría absoluta. El Gobierno congeló la iniciativa para facilitar un acuerdo —y no incomodar a las instituciones europeas— al tiempo que iniciaba la tramitación de otro proyecto de ley para impedir que un Consejo en funciones como el actual pueda seguir aprobando nombramientos clave en puestos de responsabilidad en los tribunales españoles.
El PP reaccionó añadiendo a sus exigencias la retirada de ambas iniciativas. “No habrá novedad ni punto de acuerdo” hasta que las retire, repitieron un día sí y otro los portavoces autorizados del partido, incluido el propio Casado.
Pero las dos siguen en el Congreso. La primera congelada, pero como ha denunciado en varias ocasiones el PP, en situación de iniciar trámite en cuanto el Gobierno lo solicite. Y la segunda se está tramitando a buen ritmo en la Cámara Baja.
La paradoja es que si el PP llega a un acuerdo con el Gobierno y participa en la renovación del CGPJ estará contradiciendo todos sus argumentos de los últimos meses. Como cuando decía que la dependencia del CGPJ de decisiones de los partidos amenazaba los fondos europeos porque no es “algo propio de democracias europeas desarrolladas”. O como cuando afirmaba que si no se retiraba la propuesta de reforma de PSOE y UP se estaría abriendo la puerta a modificar la Constitución por la “puerta de atrás” para “instaurar un nuevo régimen muy parecido a la dictadura bolivariana de Venezuela”.
En realidad el mecanismo de elección del CGPJ vigente en España está regulado parcialmente en la Constitución Española. El artículo 122 establece que estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales nombrados por un periodo de cinco años por mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado. De estos 20, ocho tiene que ser juristas o abogados de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio elegidos y los doce restantes ser jueces o magistrados de todas las categorías judiciales designados “en los términos que establezca la ley orgánica” correspondiente.
¿Qué dice la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente? Para evitar que la designación quedase exclusivamente en manos de los jueces, mayoritariamente de orientación conservadora, la ley estableció que el Congreso y el Senado deberán elegir esos doce vocales de entre 50 nombres propuestos por las asociaciones de jueces y magistrados, lo que garantiza que sea cual sea la decisión de las Cortes, los elegidos cuentan con el aval de la judicatura.
El propio Casado no tuvo más remedio que admitir, el pasado otoño, que la renovación no puede pararse porque los jueces ya han hecho su parte y existe una lista de 50 jueces y magistrados de entre los cuales el Congreso y el Senado deben seleccionar doce nombres por mayoría de tres quintos.
Efectivamente, en cumplimiento de la ley reguladora del CGPJ, el 6 de septiembre de 2018 —hace dos años largos— se publicó la lista de 50 jueces y magistrados que aspiran a los doce puestos de vocal de procedencia judicial que establece la Constitución y que, según la ley, deben ser elegidos en el Congreso y el Senado. De entre esos 50 hay 18 propuestos por asociaciones consideradas conservadoras (APM, AFV y Ágora Judicial), ocho apoyados por la progresista JJD y 24 independientes avalados por compañeros de la carrera judicial.
Casado confía en que el pacto del CGPJ con el Gobierno le devuelva la condición de alternativa
Lo singular es que, sabiendo que los jueces y magistrados del CGPJ ya son propuestos por ellos mismos, y que los partidos sólo tiene libertad para sugerir nombres en lo que se refiere a los ocho juristas de reconocido prestigio —en un mecanismo protegido además por la Constitución—, Casado ha seguido insistiendo todos estos meses en que su “compromiso es que los jueces elijan a los jueces”, cuestionando así a los candidatos seleccionados por la judicatura.
Otras condiciones
De lo que Casado parece haberse olvidado definitivamente es de las demás condiciones que llegó a poner para sentarse a negociar con el Gobierno la renovación del CGPJ y que hace semanas que no menciona: incluir en el Código Penal un artículo que tipifique el delito de convocatoria de referéndums ilegales, prohibir los indultos por sedición o rebelión y endurecer las penas por sedición.
El presidente del PP, Pablo Casado, decidió minar con varias condiciones cualquier posibilidad de negociar un acuerdo entre su partido y el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de dos intentos fallidos en los que el desbloqueo estuvo a punto de hacerse realidad.