La oposición parlamentaria criticó este miércoles duramente la reforma del Código Penal que pretende llevar a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy. Señalaron, especialmente, la "desproporcionada dureza" del proyecto legislativo que se aprobó en el pleno del Congreso para ser remitido al Senado, con los únicos votos a favor del PP y de su socio Unión del Pueblo Navarro (UPN).
Pero no sólo los partidos políticos se mostraron contrarios a la reforma: más de 60 catedráticos en Derecho Penal de 33 universidades públicas firmaron un manifiesto en el que la tacharon de "reaccionaria". Denunciaron que sustituye principios como el de culpabilidad por el de peligrosidad, algo que consideran que "pisotea" la dignidad humana. Criticaron la "pobreza técnica" del proyecto, así como la ambigüedad en la redacción del texto, algo que temen que pueda servir de coartada a la hora de restringir libertades.
01. Prisión permanente revisable
La introducción de la prisión permanente revisable ha sido uno de los puntos más controvertidos, ya que la oposición considera que es un eufemismo para encubrir la cadena perpetua.
Se trata de una pena de prisión por tiempo indefinido, sujeta a revisiones que pueden servir para que el reo recupere la libertad. El Código Penal actual establece límites en el cumplimiento sucesivo de penas. Según su gravedad, los máximos son de 25, 30 y 45 años de cárcel.
"Es un Código Penal vengativo con una cadena perpetua indeterminada pura y dura", apuntó el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Gaspar Llamazares, que tildó la reforma de "populista, autoritaria, represiva", así como de un "monumento a la chapuza" del Gobierno.
02. Aumento "generalizado" de las penas
Otro de los aspectos que suscita un mayor rechazo es el aumento de las penas. El diputado del PSOE Julio Villarubia criticó este incremento "generalizado" de las penas por su "dureza desproporcionada". En la misma dirección apuntaron los más de 60 catedráticos que se han opuesto a la reforma. Así, en el manifiesto apuntaron que se trata de un "indeseado incremento de la gravedad", subrayando que esto se debe, especialmente, a la "conversión de faltas en delitos". Los firmantes también denunciaron "el aumento de unas penas de prisión que ya son de por sí demasiado altas", recordando que pueden llegar hasta los 40 años, apuntando también aquí a la previsión de "una injustificable pena de cadena perpetua".
"La Justicia no es igual para todos y la prisión es para los pobres". Para Joan Tardà, de ERC, "ese es el resumen para todos" de la reforma del Código Penal. Como ejemplo, añadió que "[Luis] Bárcenas y [Jaume] Matas ya salen, [Emilio] Botín no entró, la infanta no entrará, [Iñaki] Urdangarin todavía no ha entrado y los terroristas [Rafael] Vera y [José Antonio] Barrionuevo estuvieron dos días en la cárcel".
03. Corrupción
La financiación ilegal de un partido conllevará penas de cárcel sólo en caso de que la donación supere los 500.000 euros, algo que fue criticado duramente por la oposición. Del mismo modo, también criticaron que se deje intacta la barrera establecida para que exista el fraude fiscal: 120.000 euros.
La líder de UPyD, Rosa Díez, puso de relieve que el proyecto "no castiga explícitamente" conductas de corrupción política. "Con este Código Penal Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP, no se regulan cuestiones capitales como cajas B o la tenencia de patrimonio no declarado", aseveró. Asimismo, reprochó a Rajoy se quiera hacer pasar ahora por el "Superman de la regeneración democrática".
En esa línea apuntó el portavoz de Compromís-Equo, Joan Baldoví, que señaló que se trata de una reforma hecha "a golpe de telediario, desde el oportunismo y la hipocresía" para tratar de conseguir rédito electoral. "El PP ha decidido mantener la pseudoimpunidad de la corrupción política", denunció Baldoví, que acusó al Gobierno de "legislar para los suyos", algo que cree que "les pasará factura" porque es "un absoluto disparate".
04. Libertad de expresión y de manifestación
La oposición también criticó un endurecimiento de las multas contra las acciones de protesta o manifestación mediante la reforma del Código Penal o, en algunos casos, la Ley de Seguridad Ciudadana. Algo que también denunció Greenpeace, que considera que se han despenalizado algunas prácticas en el proyecto para incluirlas después en la mencionada ley.
"La protesta social incomoda al Gobierno", apuntó su portavoz Miguel Ángel Soto, que subrayó que "a partir de ahora el castigo dependerá exclusivamente del juicio de las Fuerzas de Seguridad, cuyo testimonio gozará de valor probatorio, y bajo supuestos muy subjetivos".
Por su parte, el parlamentario de ERC Joan Tardà criticó que el Gobierno sólo propague el "Je suis Charlie" de "los Pirineos hacia el norte"Je suis Charlie, pero no en España, donde aseguró que "persigue la libertad de expresión". Asimismo, denunció que se castigue como "resistencia pasiva una sentada en una entidad bancaria y se tipifique la eutanasia o el aborto".
La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, fue más allá y pidió la derogación del artículo 315. 3, contra los piquetes de las huelgas, así como restaurar la persecución de los crímenes de les humanidad y genocidio, haciendo hincapié en el franquismo.
"El Gobierno pretende restringir el derecho de reunión y manifestación", apuntaron los citados catedráticos de Derecho Penal, para lo que señalan que se vale del "orden público". "De ahí las fortísimas sanciones con las que se amenaza a los participantes en las manifestaciones y los exorbitantes poderes reconocidos a las Fuerzas de Seguridad, que podrán estar apoyadas, no se olvide, por miembros de las policías privadas".
La oposición parlamentaria criticó este miércoles duramente la reforma del Código Penal que pretende llevar a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy. Señalaron, especialmente, la "desproporcionada dureza" del proyecto legislativo que se aprobó en el pleno del Congreso para ser remitido al Senado, con los únicos votos a favor del PP y de su socio Unión del Pueblo Navarro (UPN).