Mucho se ha hablado de las razones que están llevando al Gobierno de Mariano Rajoy a plantear una reforma tan regresiva de la vigente Ley del Aborto, una modificación que retrotraería la legislación casi al franquismo, porque ni siquiera admitiría los tres supuestos legales para interrumpir el embarazo que permitía la norma de 1985. Motivos como que el PP necesita ofrecer a sus sectores más conservadores un bocado, una satisfacción. Pero no había emergido una explicación como la que este jueves planteó Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Justicia del Congreso y colíder de Izquierda Abierta. El diputado comenzó recordando que la ley "clandestina" que prepara Gallardón –aún no ha pasado ni por el Consejo de Ministros– es una "concesión" al cardenal Antonio María Rouco Varela y a la jerarquía eclesiástica, a los grupos "más ultras" del PP y a las plataformas provida. Pues bien, siguió, entonces "hay que preguntar" al Ejecutivo y a la Iglesia "si quiere más hijos para el país o más hijos para negociar con ellos de manera ilegal y fraudulenta".
Llamazares relacionaba así la contrarreforma del aborto con un elemento de altísima sensibilidad y que cree que está detrás de la norma de Gallardón: "Hay que volver a hablar de los niños robados o negociados". De los bebés que fueron presuntamente arrebatados a sus madres años atrás. Centenares de casos en los que destaca un nombre propio, el de sor María Gómez Valbuena, la única persona imputada hasta ahora por niños robados para ser dados en adopción y que murió el pasado enero sin ser juzgada.
El diputado de IU suscitó el debate en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid con la otra coportavoz de Izquierda Abierta (IAb), Montse Muñoz, en el que se centraron en la política económica "fracasada" del Ejecutivo y en los dos "banderines de enganche" del PP hacia su electorado más duro: la ley Wert –por la que hoy todo el sector educativo está de huelga– y el pisoteo de la vigente normativa del aborto de 2010. Gallardón quiere derogar la Ley de Plazos para retornar al modelo de supuestos, pero haciéndolo incluso más restrictivo, porque pretende eliminar la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo cuando el feto sufre malformación, algo que está fracturando internamente al propio PP.
El PP sostiene que el debate sobre el aborto “está abierto”
Conflicto también con el sector sanitario
Muñoz subrayó la "profunda hipocresía" del Ejecutivo, que pretende que las madres den a luz a bebés con discapacidad cuando luego en la práctica "retira las ayudas a la Dependencia". "Además, quiere implantar una concepción de la mujer como la había en el franquismo, necesitada de tutelas en lugar de libre para decidir". Los coportavoces de IAb hicieron hincapié en lo importante que es la movilización de todos aquellos que defienden la actual legislación, en lo necesario que es "construir un bloque de acción común, donde el protagonismo recaiga en las organizaciones feministas". En ese sentido, vieron como un paso importante la jornada organizada ayer miércoles por el partido y en la que participaron distintas formaciones (PSOE, IU, Izquierda Abierta) y varios colectivos, como Mujeres ante el Congreso, la Asamblea Feminista de Madrid, la Federación de Planificación Familiar y la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE).
"No debe ser una reivindicación sólo de las mujeres, sino del conjunto de la sociedad, porque quieren cambiar el mismo modelo social. Por eso vamos a llamar a la acción conjunta", de la misma forma en la que los grupos provida están presionando por tierra, mar y aire al Ejecutivo, decía Muñoz. Un llamamiento para la consolidación de una "marea violeta", como completaba Llamazares, que señalaba a la vez cómo la contrarreforma del Gobierno debe tacharse de legislación propia de "un Estado antidemocrático", que hace de las mujeres su "primera víctima" y creando de paso "un conflicto muy grande en el sector sanitario". Hace casi dos semanas, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también apelaba a la movilización para frenar la ley Gallardón.
Mucho se ha hablado de las razones que están llevando al Gobierno de Mariano Rajoy a plantear una reforma tan regresiva de la vigente Ley del Aborto, una modificación que retrotraería la legislación casi al franquismo, porque ni siquiera admitiría los tres supuestos legales para interrumpir el embarazo que permitía la norma de 1985. Motivos como que el PP necesita ofrecer a sus sectores más conservadores un bocado, una satisfacción. Pero no había emergido una explicación como la que este jueves planteó Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Justicia del Congreso y colíder de Izquierda Abierta. El diputado comenzó recordando que la ley "clandestina" que prepara Gallardón –aún no ha pasado ni por el Consejo de Ministros– es una "concesión" al cardenal Antonio María Rouco Varela y a la jerarquía eclesiástica, a los grupos "más ultras" del PP y a las plataformas provida. Pues bien, siguió, entonces "hay que preguntar" al Ejecutivo y a la Iglesia "si quiere más hijos para el país o más hijos para negociar con ellos de manera ilegal y fraudulenta".