Llega al Supremo la querella contra Ayuso por la muerte de pacientes de geriátricos cuya hospitalización vetó Madrid

El futuro procesal de Isabel Díaz Ayuso por la muerte de miles de internos en residencias de mayores ha quedado en manos del Tribunal Supremo. La jueza de instrucción a la que correspondió la querella de 26 familiares de residentes dictó el 29 de mayo una resolución por la que se inhibe en favor del alto tribunal, el único con potestades para investigar penalmente a quien ostente la presidencia del Ejecutivo madrileño. Entre los hechos denunciados se cuenta la existencia de protocolos sanitarios que prohíben derivar a hospitales a determinados usuarios de geriátricos contagiados por el coronavirus. Los denunciantes atribuyen cuatro supuestos delitos a Ayuso, a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a los directores de 10 residencias: homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

De esos protocolos hubo varias versiones. Y la que por su contenido reviste mayor gravedad llegó a residencias y hospitales y firmada por un alto cargo del Gobierno madrileño, como  desveló en exclusiva infoLibre. Ayuso lo negó todo al describir el documento como un "borrador". Pero este jueves, su consejero de Sanidad cambió la versión oficial: el protocolo que excluye de la derivación desde geriátricos a hospitales a ancianos con alto grado de dependencia o deterioro cognitivo se había enviado "por error". El viernes, el diario El País publicó los emails donde el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, lanzó un severo aviso a su homólogo de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP: muchos residentes podían fallecer "de forma indigna". "Incurriríamos –escribió Reyero– en una discriminación de graves consecuencias legales". Lo sucedido con esos protocolos ha agravado la crisis entre los dos socios de gobierno hasta un extremo cuyas consecuencias son todavía imprevisibles. 

Fechado el 29 de mayo, contra el auto de la magistrada Belén Sánchez cabe recurso. Pero los denunciantes no impugnarán la decisión de la titular del juzgado de instrucción 39 de Madrid, que ordena remitir las actuciones a la Sala de lo Penal del Supremo. Y aunque la Fiscalía guarda silencio, no parece previsible que recurra. ¿Las razones en cualquier caso? Que aunque hay otros 11 querellados, la mayoría de los juristas ve siempre complicado que un juzgado de instrucción ordinario asuma las pesquisas sobre una causa que involucra a un político aforado ante el Supremo. Entre los denunciados figuran 10 directores de geriátricos de la capital y el ya citado consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aforado ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM). Una vez destapó este periódico el protocolo que impedía trasladar a hospitales a determinados mayores enfermos, los denunciantes ampliaron su querella.

Reyero subraya que recibió "un protocolo y no un borrador" sobre las derivaciones de mayores a hospitales

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La denuncia representa un verdadero diapasón que puede marcar el tono del escenario judicial para Ayuso. Con un alud de denuncias y querellas contra el Gobierno en lista de espera ante el Supremo, lo que ocurra con esta adquiere importancia por el precedente que sentará. Los querellantes ponen aquí el acento en tres preguntas esenciales:  la de por qué el "plan de choque" de la Comunidad de Madrid se puso en marcha dos semanas después de haberse anunciado la adopción de medidas especiales y cuando ya se habían contabilizado 1.000 fallecidos en las residencias madrileñas; la de por qué las residencias no llegaron nunca a medicalizarse, es decir a convertirse en "espacios de uso sanitario" como preveía el plan y como ya ordenó expresamente el TSJ madrileño en el caso de varios centros de Alcorcón; y la de por qué la Comunidad de Madrid aprobó los mencionados protocolos de actuación. En la fecha en que se interpuso la querella, solo se conocían dos versiones de esos protocolos. En realidad, y tal como acreditan los documentos publicados por este periódico, hubo seis.

Impulsada por la Marea de Residencias, que agrupa a familiares y empleados, la querella sostiene lo siguiente: que "ambos protocolos podrían haber sido el soporte normativo con el que la Comunidad de Madrid ha pretendido descongestionar la presión asistencial en los hospitales, objetivizando los criterios de selección, aun a sabiendas que la aplicación de los mismos implicaba que cientos de personas podrían morir en las residencias sin la asistencia sanitaria que precisaban". 

La querella encierra una segunda amenaza para Díaz Ayuso, esta de carácter más político que judicial: porque pide la declaración del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, en calidad de testigo y, por tanto, obligado a responder todo lo que se le pregunte. Reyero fue apartado por Ayuso de la gestión de las residencias en cuanto reclamó públicamente su medicalización. Lo emails que ahora han aflorado confirman la enorme brecha abierta entre el PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.