"Hacia un modelo de atención sociosanitaria". Así se denomina el informe reconvertido a libro que la Fundación Economía y Salud presentó el jueves en el Senado y que contó con la participación de, entre otros, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz-Escudero. Desde la Cámara Alta explican a infoLibre que se limitaron a "ceder el espacio" tras la petición de la Fundación, pero no se hacen responsables del contenido del mismo. La presentación corrió a cargo de José Ignacio García Nieto, coordinador del proyecto y miembro del Comité Científico de la Fundación, y situó como "caso de éxito" la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Este informe no se hace eco de las dramáticas cifras de muertos tras el estallido del covid-19 en nuestro país. Concretamente, en el caso de la Comunidad de Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020 fallecieron 9.470 ancianos que vivían en geriátricos, de ellos 7.291 en los propios centros y sin recibir atención hospitalaria. Tampoco menciona que la Comunidad de Madrid fijó por escrito “criterios de exclusión” para no trasladar residentes enfermos a los hospitales, una información que reveló en exclusiva este periódico.
Lo cierto es que uno de los nombres que forma parte del Comité Científico de la Fundación es Carlos Mur, el que fuera director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia, hasta que fue destituido el 13 de mayo de 2020, y firmó el conocido como Protocolo de la vergüenza, que impedía la derivación a hospitales de los mayores que vivían en residencias cuando tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En el curriculum de Mur que figuraba ayer en la página web había por cierto un olvido: no consta precisamente que fue director general del Gobierno de Ayuso.
La primera persona en intervenir en la presentación organizada el jueves en el Senado fue uno de los altos cargos del Ejecutivo liderado por Díaz Ayuso, Juan José García Ferrer, el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la región. García Ferrer aseguró que tanto la presidenta madrileña como el consejero de Sanidad y la de Política Social, Concepción Dancausa, han dado "pasos importantes" para tener un modelo "que se presenta como experiencia de éxito en el marco del libro": "La planificación es vital, no solamente a nivel autonómico sino también nacional", añadió.
Por su parte, Ruiz-Escudero, que se encargó de cerrar el acto, presumió de la rapidez y de la eficacia con la que gestionó su Ejecutivo la atención a los más mayores. "En la Comunidad de Madrid actuamos rápido, era imprescindible que los centros estuvieran coordinados con sus hospitales de referencia y por ello se creó la figura de la geriatría de enlace", señaló. El consejero de Sanidad se mostró muy agradecido con la Fundación por dejarles "aportar los pasos adelante" logrados. "Nuestro objetivo es mejorar la calidad y la seguridad asistencial. Sabemos cómo hacerlo", manifestó.
Adjudicaciones del Gobierno Ayuso a las empresas vinculadas al lobby
La Fundación Economía y Salud es uno de los lobbies que opera en el ámbito de la medicina privada en España y que tiene entre sus funciones la de actuar como grupo de presión, aunque no sea necesariamente esa su vocación principal ni su naturaleza fundamental. También es una de las entidades más beneficiadas por la administración presidida por Díaz Ayuso, tal y como acredita Audita Sanidad en un informe de 120 páginas que escudriña en la adjudicación sanitaria durante el primer año de la pandemia.
En este caso concreto, se trata del décimo lobby más beneficiado por el Ejecutivo Madrileño con un total de 126.011.376,16 euros adjudicados a las empresas vinculadas a la Fundación. El número de adjudicaciones totales en el período fue de 162, lo que supone el 12,05% del total. Por tipos de contrato, las empresas vinculadas a lobbies acaparan el 83,26% del importe adjudicado en suministros, el 26,88% en el caso de los servicios y el 51,6% en obras, en este apartado vinculadas al Hospital Zendal.
El informe señala que las empresas lobistas activan toda una serie de mecanismos ante las administraciones y la opinión pública para promover una ideología favorable a la "mercantilización de la sanidad" y la "colaboración público-privada". Existe, señala Audita, una "red de planificación política" ajena a los propios gobiernos que se vale de "una fuerte inversión en despachos de abogados y asesoría jurídica", de "puertas giratorias", de publicidad en los medios y de cátedras en el ámbito universitario para ganar "legitimidad académica".
Estos lobbies acaban concentrando un excesivo poder e influencia que menoscaba drásticamente la justicia equidistributiva. Su objetivo es visibilizar y reafirmar taimadamente el papel esencial del sector sanitario privado, orientando y fomentando políticas sanitarias públicas que lo potencien y beneficien", señala el informe en una conclusión que extiende de la Comunidad de Madrid al conjunto de España.
La versión de la Fundación
Un portavoz de la Fundación Economía y Salud indicó por escrito a infoLibre que la entidad "no ha recibido subvención alguna de la presidenta Ayuso ni de la Comunidad de Madrid" y añadió que son "una entidad sin ánimo de lucro que persigue contribuir a mejorar el Sistema Nacional de Salud de España y con ello la calidad de vida de nuestros ciudadanos, mediante análisis, debates y estudios rigurosos, buscando el consenso entre personas de diferentes sensibilidades y procedencias".
Por otra parte, en relación con el documento presentado en el Senado, dicho portavoz indicó que "establece unos criterios, reglas y principios que den lugar al debate y a una legislación que busque la equidad y una mejora de los cuidados sanitarios y sociales de las más de cuatro millones de personas que sufren dependencia o discapacidad en España, junto a 1.400.000 personas que hoy día reciben asistencia social sin que exista una buena coordinación con los servicios sanitarios".
"En este documento presentado en el Senado, buscando el intercambio de información y la puesta en valor de aquellos casos que van en la buena dirección, la Comunidad de Madrid, al igual que lo hizo la de Castilla-La Mancha, entre otras, expusieron un caso concreto, no generalizable, sobre unas buenas prácticas", concluye dicho portavoz.
Sin apenas sanciones tras la pandemia
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La crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid tampoco ha supuesto un cambio radical en cuanto a sanciones se refiere: a cierre de 2021 apenas contaba con cinco inspectores más que en el año prepandemia. Y no se aprecia un incremento sustancial ni del número de sanciones interpuestas ni de la cuantía media de las mismas. En estos dos últimos años, el Gobierno regional únicamente ha impuesto 57. El total de todas ellas no alcanza el millón de euros.
El 77% de los 9.470 residentes que fallecieron en marzo y abril de 2020 perdieron la vida en la propia residencia, sin ser trasladados a un hospital. A pesar de ello, las autoridades solo interpusieron durante aquel año 16 sanciones a geriátricos de la región. La cuantía total de todas aquellas multas ascendió a 243.029,80 euros. Es decir, que el apercibimiento medio se situó durante en algo menos de 15.200 euros.
La actividad sancionadora se incrementó, sin embargo, durante el segundo año de pandemia. Al menos, en lo que tiene que ver con el número de multas. A lo largo de 2021, según las cifras del Ejecutivo regional, se impusieron 41 sanciones por un montante de 561.433,80 euros. El castigo medio fue, por tanto, de unos 13.700 euros, algo menos que durante el ejercicio anterior.
"Hacia un modelo de atención sociosanitaria". Así se denomina el informe reconvertido a libro que la Fundación Economía y Salud presentó el jueves en el Senado y que contó con la participación de, entre otros, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz-Escudero. Desde la Cámara Alta explican a infoLibre que se limitaron a "ceder el espacio" tras la petición de la Fundación, pero no se hacen responsables del contenido del mismo. La presentación corrió a cargo de José Ignacio García Nieto, coordinador del proyecto y miembro del Comité Científico de la Fundación, y situó como "caso de éxito" la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha.