El Congreso se enfrenta el jueves a la votación de nuevo de la senda de déficit. El Consejo de Ministros ha tenido que enviar por segunda vez los objetivos para las administraciones públicas después de que en julio el Partido Popular y Junts tumbaran la hoja de ruta diseñada por María Jesús Montero. Y el PSOE y Sumar tampoco tienen atados los apoyos para sacar adelante el primer paso de los Presupuestos.
Aunque se vuelva a tumbar la senda de déficit, el Ejecutivo podrá seguir adelante con las cuentas públicas para el año que viene. Pero sí tendrá consecuencias el rechazo porque las administraciones públicas no se podrán acoger a unos objetivos más flexibles. De hecho, la cuenta que ha hecho el Gobierno central es que las comunidades y los ayuntamientos, de no salir adelante la votación, perderán hasta 11.962 millones de euros (con datos actualizados tras la revisión del PIB del INE de la semana pasada).
En concreto, las administraciones autonómicas se podrían dejar por el camino 6.814 millones de euros en su conjunto (3.332 millones de euros correspondientes a 2025 y 3.482 millones de euros en 2026). Los ayuntamientos no tendrían 5.148 millones de euros adicionales (1.666 millones relativos a 2025 y 3.482 millones de euros de 2026). La senda aprobada el pasado 10 de septiembre en el Consejo de Ministros es la misma que se acordó en julio y que fue tumbada en las Cortes. El Ejecutivo esperaba atraer a los grupos con unos objetivos más flexibles concediendo dos décimas de margen fiscal a las comunidades en 2025 y 2026, mientras que a las corporaciones locales fija una décima más en 2025 y dos décimas más al año siguiente. Lo que supone elevar esa capacidad de gasto en total durante los dos próximos años a casi 12.000 millones de euros.
Cuánto perderían las autonomías
Según los cálculos hechos por el Gobierno central respecto a las autonomías de régimen general (todas menos Euskadi y Navarra), las comunidades que perderían más capacidad de gasto serían Madrid, Cataluña y Andalucía. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se dejaría por el camino 1.287,1 millones de euros (629,8 en 2025 y 658,1 en 2026), mientras que el no del Congreso supondría un hachazo para las cuentas de la Generalitat que ahora preside Salvador Illa de 1.255,6 millones de euros (614 millones menos en 2025 y 641,6 al año siguiente). Por detrás, la Junta andaluza dejaría de tener a su disposición 886,9 millones de euros (433,7 millones de euros correspondientes al presupuesto del año que viene y 453,2 para 2026), según los cálculos hechos por Hacienda.
Las siguientes comunidades que más perderían en los próximos dos años en su capacidad de gasto serían: Comunitat Valenciana (622,1 millones de euros), Galicia (343,6 millones de euros), Castilla y León (316 millones de euros), Canarias (241,3 millones de euros), Castilla-La Mancha (229,9 millones de euros) y Aragón (205,5 millones de euros). Por detrás estarían Murcia (176,2 millones de euros), Balears (174,5 millones de euros), Asturias (127 millones de euros), Extremadura (110,9 millones de euros), Cantabria (75,5 millones de euros) y La Rioja (46,8 millones de euros).
Se da la circunstancia de que estos objetivos de estabilidad fueron presentados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (donde se reúne el Gobierno con las regiones) y salieron adelante en una votación donde las autonomías del Partido Popular se abstuvieron. De esta manera, ahora la dirección de Génova 13 cambia la postura que tuvieron sus propios consejeros de Hacienda y se posicionará en el no. El Gobierno trata durante estos días de presionar a los populares poniendo en el foco lo que supone de pérdida para sus propias comunidades pero no ha surtido efecto su llamada a reconsiderar el voto. Tampoco ha logrado convencer a Junts, a pesar de que los posconvergentes dicen que están en desacuerdo porque supone un recorte para Cataluña. Aunque los independentistas rechacen este paso, en La Moncloa confían en poder sacar luego los Presupuestos Generales con los de Carles Puigdemont.
El impacto en los ayuntamientos
Para las corporaciones locales la senda de estabilidad que se vota el jueves también es más beneficiosa porque se marca el equilibrio tanto para 2025 como para 2026 cuando la vigente contempla un superávit del 0,1% para el próximo año y del 0,2% para dentro de dos. Además, en la senda marcada por Hacienda el mayor esfuerzo corresponde, en cambio, a la Administración central frente la relajación a autonomías y ayuntamientos, cuyo grueso principal va a servicios sociales, educación, sanidad y ley de dependencia.
Sánchez pide a Moreno y Rueda el apoyo del PP a la senda de estabilidad y los presupuestos
Los cálculos hechos por Hacienda señalan al Ayuntamiento de Madrid como el más perjudicado por el voto negativo de la Cámara Baja, ya que perdería 304,7 millones de euros en los dos próximos años. El impacto también sería considerable para Barcelona (185 millones de euros), Valencia (57,9 millones de euros) y Sevilla (51 millones de euros). Luego aparecen: Zaragoza (46,3 millones de euros), Málaga (41,4 millones de euros), Palma de Mallorca (25,9 millones de euros), Murcia (22,8 millones de euros), Las Palmas de Gran Canaria (22,6 millones de euros), Alicante (17,9 millones de euros) y Valladolid (17,9 millones de euros).
La votación de la senda de déficit llega en un momento de alta tensión política a raíz del acuerdo de financiación singular para Cataluña alcanzado entre el PSC y ERC para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. El propio Pedro Sánchez ha pedido en su ronda de contactos con los presidentes autonómicos que apoyen los objetivos de déficit, como hizo el viernes con Juanma Moreno (Andalucía) y Alfonso Rueda (Galicia). Asimismo, el Gobierno pretende impulsar una reforma de la financiación autonómica, que debía haberse renovado ya en época de Mariano Rajoy, en la que ha prometido aumentar el fondo de compensación y que todas las autonomías recibirán más dinero que con el anterior Ejecutivo del PP. Se ha abierto a que los gobiernos regionales puedan tener más capacidad sobre los impuestos como pasa en Alemania y Canadá.
Los líderes territoriales del PP están presionando para que la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará en Cantabria, verse principalmente sobre la financiación. En cambio, el Gobierno ha avanzado que el eje central será la vivienda, aunque el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no descartó el pasado viernes que se pueda incluir en el orden del día. Los barones del PP se volvieron a reunir este lunes junto a Alberto Núñez Feijóo para coordinar la postura y reclamaron todos una negociación multilateral para reformar la LOFCA. La mayoría de populares ha accedido a reunirse con Sánchez en La Moncloa durante estas semanas, menos Isabel Díaz Ayuso (Madrid) que sigue condicionando su encuentro a los puntos que se traten. Asimismo, en el PP se barrunta también la posibilidad de volver a convocar concentraciones en la calle para rechazar el futuro concierto catalán.
El Congreso se enfrenta el jueves a la votación de nuevo de la senda de déficit. El Consejo de Ministros ha tenido que enviar por segunda vez los objetivos para las administraciones públicas después de que en julio el Partido Popular y Junts tumbaran la hoja de ruta diseñada por María Jesús Montero. Y el PSOE y Sumar tampoco tienen atados los apoyos para sacar adelante el primer paso de los Presupuestos.