Un contrato bienal para trabajos de seguridad en la red de Metro de Madrid –básicamente, control geotécnico– que fue otorgado en 2008 por 1,5 millones de euros a una unión de temporal de empresas (UTE) terminó costando al Gobierno de Madrid al menos 4,9 millones al prorrogarse nada menos que 11 veces a lo largo de otros cinco años. La UTE estaba encabezada por Geocisa, una filial de ACS, el grupo que preside Florentino Pérez.
El Ejecutivo madrileño liquidó definitivamente el contrato el pasado 21 de mayo, tres días antes de las elecciones locales y autonómicas. Para entonces, el Ejecutivo regional acababa de adjudicar a otra UTE la cobertura de los trabajos de auscultación y supervisión geotécnica (USAC), imprescindibles para la seguridad del Metro según los portavoces del Metro y de la Consejería de Transportes madrileña.
El contrato con los nuevos adjudicatarios se firmó el viernes de la semana pasada, aseguran fuentes oficiales de la Consejería de Transportes de Madrid, dirigida en funciones por el consejero Pablo Cavero. A partir de ahora, el trípode formado por Euroconsult SA, Zyp Ingeniería SA y Proes Consultores SA sustituye al elegido en 2008, que era el que sigue: la ya citada Geotecnia y Cimientos SA (Geocisa), Europea de Ingeniería y Servicios SA e Ingerop T3 SA.
Esta nueva adjudicación se efectuó en vísperas electorales –el 12 de mayo– tras un concurso que no quedó convocado hasta diciembre de 2014, pese a que desde dos años antes varios informes de los servicios jurídicos de Metro de Madrid SA habían recomendado acabar con las prórrogas.
Los informes de los servicios jurídicos, a los que ha tenido acceso infoLibre, dieron vía libre a las prórrogas bajo el argumento de que resultaba necesario mantener las instalaciones de Metro bajo control permanente. Pero una y otra vez advirtieron de cómo la renovación trimestral a que de facto había estado sometido ese contrato desde tres años antes iba “en detrimento” de los principios de publicidad y concurrencia obligados en la Administración Pública.
El último de los informes que ha podido conocer este diario lleva fecha de 15 de septiembre de 2014. Y este fue taxativo: “La reiteración de múltiples y sucesivas prórrogas encadenadas del contrato con la UTE USAC (por un periodo ya transcurrido que, en cómputo global, excede con mucho la duración del plazo de vigencia inicialmente fijado para el contrato) no se compagina con el citado principio de concurrencia que, entre otros, debe presidir la contratación de las empresas del sector público”.
“Por tal motivo –agrega el informe a renglón seguido–, esta asesoría jurídica ha de reiterar sus indicaciones, relativas a que el contrato en cuestión no debería seguir prorrogándose más allá del tiempo necesario para tramitar su denuncia. Por todo lo cual, recomendamos no formalizar nuevas prórrogas”.
El trimestre, a 204.182 euros
Hasta ahí, y así lo precisa el mismo documento, el número de prórrogas ascendía ya a 11: dos de carácter anual, aplicadas por Mintra entre mayo de 2010 y el mismo mes de 2012; una semestral, hasta noviembre de ese año, y ocho trimestrales. El precio del trimestre quedó fijado en 204.182 euros.
Pero, incluso después de que los servicios jurídicos reclamaran acabar con las prórrogas, el contrato siguió en pie. Y así lo constata el burofax que el propio consejero delegado de Metro de Madrid SA, Ignacio González Velayos, envió a la UTE encabezada por Geocisa el 4 de mayo de 2015. “Por medio del presente burofax venimos a poner en su conocimiento la voluntad y decisión de Metro de Madrid SA de poner fin a la vigencia del mencionado contrato, de modo que esta finalice el 21 de mayo de 2015, coincidiendo con la fecha de vencimiento de la actual prórroga trimestral en curso”.
“La licitación –argumenta un portavoz de la Consejería de Transportes– no se convocó hasta finales de 2014 porque este era un tipo de concurso nuevo para la Dirección General de Infraestructuras y hubo que estudiar qué tipo de factores se primaban”. Y las prórrogas, remachan tanto las fuentes oficiales consultadas en la Consejería como en Metro de Madrid, eran "legales" y estaban previstas.
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Y, en efecto, estaban previstas. Hasta tal punto que el contrato por el que Metro de Madrid se subrogó el 21 de mayo de 2012 en las obligaciones y derechos del contrato tras la extinción de Mintra dice esto: "Que ambas partes [la Administración madrileña y la UTE encabezada por Geocisa] están interesadas en prorrogarlo hasta que se tramite el proceso de licitación que permita la firma de un nuevo contrato". Así que la primera cláusula estipuló de forma expresa que el contrato quedaba prorrogado por seis meses "prorrogables automáticamente por periodos trimestrales de vencimiento". Y de ese modo fue hasta tres años más tarde.
La invocación a la falta de experiencia de la Consejería en la convocatoria de un concurso de este tipo se relaciona con el hecho de que el contrato original fue suscrito en mayo de 2008 por Mintra, uno de los múltiples organismos creados por el Gobierno de Esperanza Aguirre con el objetivo oficial de aligerar la burocracia y agilizar la administración y que, en la práctica, funcionaban sin control parlamentario y con absoluta opacidad.
Una vez extinguida Mintra, acrónimo de Madrid Infraestructuras del Transporte, en agosto de 2011, la responsabilidad sobre el contrato de auscultación y control geotécnico del Metro quedó en manos de la Consejería de Transportes. Y en mayo de 2012, cuando ese contrato ya se había prorrogado por dos años respecto del plazo original, cambió de nuevo de manos para quedar bajo tutela de Metro de Madrid SA.
Un contrato bienal para trabajos de seguridad en la red de Metro de Madrid –básicamente, control geotécnico– que fue otorgado en 2008 por 1,5 millones de euros a una unión de temporal de empresas (UTE) terminó costando al Gobierno de Madrid al menos 4,9 millones al prorrogarse nada menos que 11 veces a lo largo de otros cinco años. La UTE estaba encabezada por Geocisa, una filial de ACS, el grupo que preside Florentino Pérez.