La amenaza de Isabel Díaz Ayuso de llevar al Tribunal Constitucional (TC) la futura ley de vivienda porque “invade” competencias autonómicas ha ido en ascenso a medida que avanza la tramitación de la nueva norma. Y ha borrado del mapa un episodio que marca un hito en el historial político de Madrid y que aún colea en la vía judicial: la anulación final por el Tribunal Supremo, hace poco más de tres años, de la venta de 2.937 viviendas públicas de alquiler social al fondo buitre formado por Goldman Sachs y Azora bajo la marca Encasa Cibeles. La reversión de los inmuebles a su origen público ya ha forzado a la Comunidad a pagar 109 millones a aquel dúo empresarial, que le reclama en los tribunales entre 65 y 90 millones más.
Aquella operación, que en manos de un fondo buitre dejó a inquilinos de escasos recursos y que en buena parte –no hay cifras oficiales– acabaron desahuciados por la imposibilidad de asumir subidas estratosféricas, fue una de las operaciones que la futura ley prohibirá si se aprueba en los términos conocidos hasta la fecha.
Pero, según Ayuso, la ley no solo supone un “asalto institucional” porque “invade las competencias” regionales sino que “atentará a la inversión y a los intereses" de Madrid. De salir adelante –sostiene la mandataria– "encarecerá la vivienda" y eso frenará el desarrollo y disminuirá la oferta. Según Ayuso, la norma es "sectaria" e "intervencionista".
La venta que a partir de 2013 benefició al fondo buitre Goldman-Azora hasta que en los tribunales comenzó una cascada de sentencias contrarias fue diseñada y ejecutada por el Gobierno de Esperanza Aguirre, que se desprendió del parque de 32 promociones de viviendas sociales a cambio de 200 millones. Seis años más tarde, el Supremo ratificó lo que un juzgado de lo contencioso y luego el Tribunal Superior de Madrid habían dictaminado: que la venta al fondo buitre quebró "la protección social" de los arrendatarios con un procedimiento de venta "irregular" y que la Comunidad no motivó por qué consideraba innecesarias aquellas 3.000 viviendas como parte del patrimonio autonómico. En su recurso contra la primera sentencia contraria -la del juzgado de lo contencioso- el PP adujo que la enajenación perseguía "evitar situaciones que impidiesen la obtención de ingresos necesarios para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria, es decir, que se habría basado en razones de interés público".
El Gabinete que desde cuatro meses antes de la demoledora sentencia dictada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2019 preside Isabel Díaz Ayuso no ha roto con la estrategia inicial marcada por Aguirre. Un ejemplo: en 2022, la Comunidad de Madrid tumbó la solicitud del Defensor del Pueblo para que realojase a los adjudicatarios de las viviendas del IVIMA -el organismo público ahora rebautizado como Agencia Social de la Vivienda y poseedora inicial de los inmuebles- que hubiesen acabado en la calle tras la venta a Encasa Cibeles.
Cuando en octubre de 2022 infoLibre accedió a la solicitud cursada por el Defensor, Ángel Gabilondo, comprobó que expresamente había requerido al equipo de Ayuso esto que sigue: "Que se regulara un procedimiento destinado a asignar viviendas a los adjudicatarios que se hubieran visto afectados por la venta de viviendas públicas protegidas a empresas privadas con el fin de atender sus necesidades habitacionales de manera ágil y eficaz".
El Supremo confirma la nulidad de la venta de 3.000 viviendas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre
Gabilondo lo exponía en una carta dirigida a una de las familias para las que una subida del alquiler había privado de casa y a la que defendía el abogado de oficio César Pinto, el martillo que consiguió la derrota de la Comunidad y el fondo buitre en los tribunales. En su misiva, el Defensor contaba algo que ya había encogido a muchos: si querían volver a vivir en un piso de titularidad pública tenían que "solicitar nuevamente la adjudicación (...) por el procedimiento establecido en los correspondientes reglamentos". O sea, tenían que partir de cero. Como si nada hubiese ocurrido. La recomendación de realojar a quienes habían perdido aquella casa adjudicada en su día por el Ivima "fue rechazada". Las comillas proceden del texto de Gabilondo. A preguntas de este medio, portavoces de la Consejería de Vivienda trasladaron que carecen de datos sobre cuántos desahucios hubo. Y que ningún inquilino les comunicó que había dejado la vivienda porque no podía afrontar la carga económica.
Aquel escrito llevaba fecha de 19 de julio de 2022. Seis años antes, la asociación de afectados había alertado de que los incrementos de la renta exigida a los inquilinos por el fondo buitre habían llegado al 500%. Pero ya antes incluso se había producido un aviso grave. Y este no provenía de colectivos ciudadanos ni de la oposición política, sino de Soledad Becerril, exministra, antigua alcaldesa de Sevilla por el PP y en 2014 Defensora del Pueblo. En julio de ese año y a través de un escrito al que accedió la agencia Efe, Becerril lanzó un misil al Gobierno madrileño, que ya se sentaba en un escaño y trabajaba en comunicación para el PP regional: "Una vez que las viviendas están en manos privadas –afirmó Becerril en un documento– ya no cabe la aplicación de las normas de servicio público (...). Se ha producido así una privatización total de la situación jurídica de los arrendatarios, que les perjudica pues antes estaban más protegidos que ahora".
Una de las abogadas que participó en la defensa de los inquilinos es la actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional de Madrid y candidata a las autonómicas de mayo, Alejandra Jacinto. La diputada subraya que, pese a que las sentencias de nulidad se remontan a 2018 –en ese año vio la luz la que finalmente confirmó el Supremo–, el Ejecutivo madrileño "ha recurrido hasta lo irrecurrible". "En última instancia –añade– tuvieron ya en septiembre del año pasado que acatar a regañadientes las sentencias y dijeron que iban a empezar el camino de la reversión". Es decir, la vuelta real de las viviendas al patrimonio público de Madrid. "A día de hoy –remata Jacinto– lo único que se puede recuperar es 1.700 viviendas porque el resto las habían vendido [Goldman y Azora]. Están haciendo pasar las de Caín a los inquilinos para poder tener de nuevo las condiciones que tenían con el Ivima, no les acababan de dar el nuevo contrato. Muchos están en una especie de limbo, en espera de documentos". Según sus datos, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) calcula que solo 500 de los inquilinos originales permanecen en las viviendas.
La amenaza de Isabel Díaz Ayuso de llevar al Tribunal Constitucional (TC) la futura ley de vivienda porque “invade” competencias autonómicas ha ido en ascenso a medida que avanza la tramitación de la nueva norma. Y ha borrado del mapa un episodio que marca un hito en el historial político de Madrid y que aún colea en la vía judicial: la anulación final por el Tribunal Supremo, hace poco más de tres años, de la venta de 2.937 viviendas públicas de alquiler social al fondo buitre formado por Goldman Sachs y Azora bajo la marca Encasa Cibeles. La reversión de los inmuebles a su origen público ya ha forzado a la Comunidad a pagar 109 millones a aquel dúo empresarial, que le reclama en los tribunales entre 65 y 90 millones más.