Ningún inspector del servicio de control de las residencias de mayores dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales madrileña —el llamado Control de calidad, inspección, registro y atorizaciones, CIRA— visitó los 475 geriátricos durante las peores semanas de la pandemia. Así consta en un documento oficial de la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso enviado por la Consejería de Presidencia a la diputada socialista Lorena Morales, que cuestiona la "casualidad" de las fechas: el sistema no operó entre el 5 de marzo y el 15 de abril de 2020. "Tendrían que haber redoblado su actividad. Y no sólo no lo hicieron, si no que la pararon", lamenta.
Cuando comenzó la crisis sanitaria, la única certeza que se tenía sobre un virus hasta entonces completamente desconocido es que afectaba con mucha más gravedad a los más mayores y a aquellas personas que ya tenían una patología previa de base —que muchas, a su vez, son mayores. Por eso los geriátricos fueron los centros que más preocupaban. Y sobre todo a partir del 3 de marzo, cuando se produjo la primera muerte de una mujer usuaria de una residencia de la región. Ese día —y siempre según el documento oficial de la Comunidad—, hubo seis inspecciones. El anterior, tres. El siguiente, 4 de marzo, cinco. Y un día después, seis. No hubo más hasta el 15 de abril, un mes en el que tan sólo se produjeron dos visitas del CIRA.
"Tengo clarísimo que fue por los protocolos", señala Morales. Se refiere a los desvelados por infoLibre el 26 de mayo de ese mismo año y por los que se fijaron "criterios de exclusión" de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias. Según pudo comprobar este periódico, el primero se firmó el 18 de marzo, aunque los días 20, 24 y 25 del mismo mes se elaboraron otros documentos [puedes consultarlos aquí] que, en síntesis, recogían el mismo objetivo: impedir que los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo pudieran ser trasladados a los hospitales. Tuvieran o no tuvieran covid.
El efecto que tuvieron esas órdenes se ve claro en los testimonios recogidos en distintas actas de inspección firmadas por distintas autoridades. Una es por ejemplo la recogida por los Bomberos que visitaron el centro Alba San Lorenzo el 21 de abril, en la que aparece reflejado, según una transcripción realizada por la socialista, que no se aceptaron derivaciones del geriátrico al hospital "hasta el 16/04". Otra publicada por infoLibre y firmada por la Policía Municipal que entró en Geriasa el 9 de abril recoge por su parte lo siguiente: "Preguntada [la directora del centro] al respecto de la situación manifiesta: si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos puesto que sólo son residencia y no hospital".
Pero también se observa en los datos oficiales. Durante los ocho días del 27 de marzo al 3 de abril, en plena aplicación del veto a los traslados hospitalarios, se contabilizaron 2.397 fallecidos, lo que supone una media de 300 al día. De ellos, 2.101 murieron en la residencia (263 de media al día) y 296 en el hospital (37 de media al día). Mientas que en los ochos días del 23 al 30 de abril, cuando ya casi se recuperaron por completo los traslados de enfermos de las residencias a los hospitales, hubo 566 fallecidos, lo que supone una media de 70 al día. De ellos, 284 en la residencia (35 de media al día) y 282 en el hospital (35 de media al día). Para entonces el sistema de control de los geriátricos ya había vuelto a funcionar, según el documento de Presidencia.
"Seguimiento permanente"
Sin embargo, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales defiende su actuación a preguntas de infoLibre. Preguntado por la cuestión, el departamento actualmente dirigido por Ana Dávila no aclara los motivos por los cuales se interrumpieron las inspecciones, pero señala que "en ese periodo excepcional, la Consejería dedicó todos sus esfuerzos a realizar un seguimiento permanente de la situación de covid-19 en todos los centros". "Es decir, todo el personal de la Consejería monitorizaba a los centros en cuanto a la situación de los usuarios, de personal, de necesidades de material y de necesidades de coordinación con el resto de administraciones para dar respuesta a esa situación de emergencia", señalan. Repreguntada por los medios concretos a través de los que se "monitoreaban" los geriátricos, la institución no ha respondido.
No obstante, quien estaba al frente de ella en el momento en el que se interrumpieron las visitas era Alberto Reyero (Cs), que fue apartado de las competencias sobre las residencias el 26 de marzo, día en el que Ayuso otorgó ese mando a su Consejería de Sanidad, al frente de la cual estaba Enrique Ruiz Escudero (PP). Según se argumentó entonces desde las filas conservadoras, la decisión radicó en el "descontento" de la líder madrileña porque hasta ese día el número de fallecidos en los geriátricos de su región ascendía a 1.065 personas.
Pero detrás había un choque político. Y los Protocolos de la Vergüenza tenían un gran papel. Como publicó infoLibre, Reyero fue explícitamente crítico con esos "criterios de exclusión", que nunca contaron con su "visto bueno". Es más, el exconsejero ha declarado en no pocas ocasiones ante los tribunales que su aplicación era obligatoria y que cuando él conoció el contenido de los protocolos, se echó "las manos a la cabeza".
Qué han aprendido (y qué no) las residencias cuatro años después de la tragedia
Lo explicó también en su libro Morirán de forma indigna (Libros del K.O.), en el que hace alusión precisamente también a esos días en los que el servicio de inspección dependiente de la Consejería que entonces lideraba no visitaron los geriátricos. Según se puede leer, el 17 de marzo, tras el brote en el centro Montehermoso —con 17 fallecidos y 70 contagiados entonces—, se decidió "instaurar un sistema consistente en la recopilación diaria y sistemática de información de las 475 residencias de mayores de la Comunidad". Lo lideraba precisamente el CIRA y consistía en que los inspectores debían "ponerse en contacto cada día con todos los centros para conocer su situación real".
Tres inspecciones en mayo, 42 en julio
Las inspecciones regulares no volvieron hasta el mes de julio. Así figura en el documento oficial de la Comunidad de Madrid, en el que se observa que en mayo tan sólo se produjeron tres, un número que en junio ascendió a nueve y en julio escaló hasta 42.
La realizada el 15 de abril y que rompió con ese freno a los controles, según ha podido comprobar Morales a través del acta, fue telefónica. Se realizó en el Centro Chinchón y comprobó que existía un "exceso de ocupación" del geriátrico porque dos mayores habían sido trasladados desde otra residencia de la misma empresa gestora, Remaymad Gestión S.L. "Examinados los hechos y la información contrastada en la misma se le requiere que: deberá ajustarse a la capacidad total autorizada conforme se establece en la normativa urgente en materia de servicios sociales", finaliza el documento, según la transcripción de la diputada, que lamenta que esta vigilancia volviera en abril de manera telefónica y muy residual. Según aclara, el CIRA debe visitar todas las residencias al menos dos veces al año.
Ningún inspector del servicio de control de las residencias de mayores dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales madrileña —el llamado Control de calidad, inspección, registro y atorizaciones, CIRA— visitó los 475 geriátricos durante las peores semanas de la pandemia. Así consta en un documento oficial de la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso enviado por la Consejería de Presidencia a la diputada socialista Lorena Morales, que cuestiona la "casualidad" de las fechas: el sistema no operó entre el 5 de marzo y el 15 de abril de 2020. "Tendrían que haber redoblado su actividad. Y no sólo no lo hicieron, si no que la pararon", lamenta.