La Marea Granate, el colectivo de españoles en el exterior, advirtió este martes de que los plazos de la convocatoria de las elecciones generales del próximo 26 de junio juegan "muy en contra" de los electores españoles que residen en el extranjero y que deseen ejercer su derecho al voto. El pasado 20 de diciembre sólo votaron 88.900 de los 1.880.026 inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), con lo que la participación fue de apenas un 4,7% y marcó un nuevo mínimo histórico. Ahora, a 1 de marzo de 2016, había 1.910.245 inscritos, 30.219 más.
Según los tiempos que marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y los cálculos de Marea Granate, los electores ausentes deberán rogar el voto entre el 4 y el 28 de mayo. Los españoles que residen de forma permanente en el extranjero y estén inscritos en el censo CERA podrán votar en urna en los consultados entre el 22 y el 24 de junio o por correo hasta el 21 de junio, mientras que los que estén fuera de España de forma temporal y estén dados de alta en el censo ERTA sólo podrán hacerlo por correo y hasta el 22 de junio. La diferencia entre ambos censos es que los inscritos en el CERA no pueden votar en las elecciones municipales.
¿Y qué pasa con los votantes que estén fuera de España y aún no estén inscritos en ninguno de esos censos? Deben registrarse en el consulado del lugar donde residen en la actualidad. Podrán hacerlo entre el día 4 y el 28 de mayo si quieren darse de alta como residentes temporales y únicamente entre el 9 y el 16 de ese mismo mes si desean hacerlo como residentes permanentes en el extranjero. Según Marea Granate, cuando se supera el plazo de un año como inscrito en el censo ERTA, muchos consultados imponen la obligación de inscribirse en el censo CERA, por lo que dispondrán apenas de una semana para completar el trámite.
Un problema de tiempos
María Almena, activista de la Marea Granate y residente en Francia, explica a infoLibre que de cara al 26-J habrá "dificultades extra". La primera, señala, será que la información llegue a tiempo a todos los electores ausentes interesados en votar en esta ocasión ante una convocatoria electoral "apresurada". La segunda, que de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015 "muchos españoles se inscribieron como residentes temporalmente ausentes en el censo ERTA". Como ahora ha pasado más de un año desde entonces, "muchos consulados les obligarán a darse de alta en el censo CERA para votar, y sólo tendrán una semana para hacerlo".
"Además, sólo habrá un día no laborable en ese plazo del 9 al 16 de mayo, un sábado, y hay mucha gente que no puede pedir un día libre en el trabajo para acudir al consulado", añade Almena, de modo que todos los trámites se complican considerablemente.
Por si fuera poco, realizar todas las gestiones a tiempo no implica que se hayan acabado los problemas para votar. Una queja frecuente de los españoles expatriados es que las papeletas no llegan a tiempo. "Habitualmente salen con 15 días de plazo hasta las elecciones, y en ese tiempo tienen que hacer el camino de ida y vuelta [del colegio electoral que le corresponda al votante en España hasta su residencia en el exterior y viceversa]", señala la activista. "Pero si se impugna alguna candidatura, ese plazo se reduce a 7 u 8 días, claramente insuficiente para el envío de ida y el de vuelta a muchos países", denuncia.
La propia Junta Electoral Central admitió a finales de noviembre de 2015 que existen "dificultades" para el ejercicio del derecho de voto desde el extranjero. En una respuesta a la Generalitat de Cataluña, que se quejó de los problemas detectados en los comicios autonómicos, la Junta vinculó la "mayor parte" de los problemas a que "la recepción del voto" depende de "servicios ajenos al ámbito de competencia de las autoridades españolas", pues influyen factores como los servicios de correos de los países de residencia o la distancia entre el elector y las representaciones diplomáticas españolas.
El 18 de diciembre, a apenas 48 horas de las elecciones generales, se vio obligada a ampliar de forma extraordinaria el plazo para que los españoles en el exterior pudieran ejercer su derecho al voto. El órgano acordó la apertura de los consultados tanto el sábado 19 como el domingo 20, tras constatar "la existencia de problemas significativos" en la recepción del voto de los españoles inscritos en el censo CERA derivados del "retraso en la entrega por los servicios de correos extranjeros".
Participación a la baja
Pese a ello, la participación de los expatriados fue mínima. Ya en 2011 cayó significativamente tras la introducción del voto rogado, que se aprobó con los votos de PP, PSOE, CiU y PNV en el marco de la reforma de la Ley Electoral. El censo CERA se computó por primera vez en las generales de 1986 y se estrenó con una participación de 20,57%. Después, y durante tres elecciones consecutivas –1989, 1993 y 1996–, se movió en niveles cercanos al 35%. La participación descendió en 2000 hasta el 22,96% y remontó en 2004 y 2008. La participación media entre 1986 y 2008 fue del 29,89%.
Pues bien, tras aprobarse el voto rogado la situación cambió drásticamente: en 2011, de los 1.482.786 residentes ausentes que había computados, sólo se incribieron para votar 138.037, el 9,3% de quienes estaban fuera de España. Y de ellos, apenas votaron finalmente 73.361, poco más de la mitad de los que habían seguido el nuevo procedimiento para poder votar y apenas el 4,95% del total de los ausentes. La cifra representa menos de la sexta parte del anterior dato de participación –el de 2008– e, incluso si se compara con el anterior mínimo histórico –1986–, supone una participación cuatro veces inferior a ese registro.
En las generales del pasado 20 de diciembre se mantuvo esta tónica. De los 1.880.026 inscritos en el censo CERA sólo rogaron el voto 151.061 personas, un 8% del total. Y de ellos votaron finalmente 88.900, con lo que la participación fue apenas del 4,7%. Podemos fue la primera fuerza entre los expatriados con un 26,89% de los votos y ganó en diez comunidades: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Murcia. Por detrás se situaron el PP (23,56% de los votos), el PSOE (16,74%) y Ciudadanos (16,27%).
La Marea Granate reclama en el Congreso una reforma "integral" del procedimiento de voto exterior
Posibles alternativas
La Marea Granate reclama la derogación del voto rogado y plantea otras opciones que, a su juicio, podrían garantizar que los españoles en el exterior pudieran votar y que el proceso fuera limpio y transparente. En palabras de Almena, hay alternativas como habilitar el voto en urna en los consulados, permitir que los expatriados se descarguen por Internet las papeletas y las envíen directamente a España –de modo que los colegios electorales comprueben su validez a su llegada, pero que no tuvieran que enviarlas a los expatriados previamente– o la implantación de la "delegación de poder", un mecanismo según el cual el elector puede notificar que habilita a otra persona a votar en su nombre. "Es un sistema que se utiliza en países como Francia", sostiene la activista.
El colectivo remitió el pasado febrero una carta a todos los partidos con representación parlamentaria para denunciar que "la emigración española sigue silenciada políticamente" pese a que el censo exterior "ha aumentado un 50% desde que comenzó la crisis" y en la que proponía una batería de medidas agrupadas en cinco grandes ejes de acción: una reforma de la ley electoral, la implantación de un sistema de inscripción y reclamación a distancia del censo electoral, la creación de una circunscripción exterior, la mejora de la información institucional sobre el proceso de voto y la "adecuación" de los recursos al "volumen de personas emigradas".
La Marea Granate, el colectivo de españoles en el exterior, advirtió este martes de que los plazos de la convocatoria de las elecciones generales del próximo 26 de junio juegan "muy en contra" de los electores españoles que residen en el extranjero y que deseen ejercer su derecho al voto. El pasado 20 de diciembre sólo votaron 88.900 de los 1.880.026 inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), con lo que la participación fue de apenas un 4,7% y marcó un nuevo mínimo histórico. Ahora, a 1 de marzo de 2016, había 1.910.245 inscritos, 30.219 más.