“La desvergüenza y el despilfarro están llegando a unos límites que no resultan aceptables aun con anchas tragaderas”. Ácido como el vinagre, el entrecomillado que abre este texto es la médula de un correo electrónico sobre la Fundación Dos de Mayo. Lo escribió el 3 de junio de 2009 Rafael Spottorno, antiguo jefe de la Casa Real y en aquella fecha director de otra oscura fundación, la de Caja Madrid. Cinco años más tarde, el patronato de la Fundación Dos de Mayo acordó en julio de 2014 su extinción.
Hoy, aquel acuerdo sigue sin cumplirse. Y está pendiente no de que lo ratifique el Protectorado de Fundaciones, que es la fórmula habitual, sino un juez ante el que la Comunidad de Madrid interpuso una demanda civil en enero de 2020 como si la fundación no le perteneciese al completo. No se conocen sus cuentas ni qué pasó con la investigación a la que el juez que hasta julio de 2017 instruyó el caso Púnica ordenó someterla bajo la sospecha de que, al igual que la fundación Fundescam, había financiado al PP de Madrid. Por no conocerse, ni el juez que tramita la demanda civil ha logrado en dos años y medio averiguar el domicilio de la fundación. De hecho, ha dado ya el primer paso para declararla en rebeldía.
Pero las hemerotecas guardan algunas noticias que pespuntean lo que se visualiza como un tapiz de trazos irregulares: piezas de arte que le fueron donadas a la fundación y desaparecieron, costes de apariencia desorbitada o un correo furibundo como el que encabeza este texto, enviado por Rafael Spottorno al presidente de Caja Madrid, el ya fallecido Miguel Blesa. Spottorno se cuenta entre quienes acabaron condenados por el uso de las llamadas tarjetas black.
De la ya extinta y ruinosa entidad financiera madrileña, la Fundación Dos de Mayo, cuyo nombre homenajea a los resistentes frente a la invasión francesa de 1808, recibió 6,4 millones entre 2008 y 2009. Trece años más tarde, aquella criatura que gestó Esperanza Aguirre para oficialmente “reforzar” la idea de España como nación, es un buque fantasma que navega por un limbo legal. Lo hace con documentos todavía ocultos en su interior e inaccesibles. Entre ellos, cuentas anuales y memorias de actividades.
El contenido de los documentos almacenados en las sentinas de la fundación fantasma lo protege Ayuso con su silencio y con la negativa de su Gobierno a facilitar datos sobre los balances anuales de la fundación: aquellos que, como destacó la Cámara de Cuentas, dejaron de presentarse a partir de 2011. Ayuso preside la fundación porque el decreto con que Aguirre consagró su nacimiento en agosto de 2007 sigue en vigor. Y ese decreto estipulaba que la fundación la presidiría de forma automática quien estuviera al mando del Gobierno de Madrid.
Unas pesquisas convertidas en humo
Tres años después de aquel acuerdo de extinción adoptado en 2014 por su patronato y que sigue cojeando, el juez que entonces instruía Púnica, Eloy Velasco, ordenó investigar los ingresos y pagos de la fundación ante la sospecha de que podía haber inyectado fondos al PP madrileño.
No se sabe aún por qué motivos, desaparecieron como humo aquellas pesquisas cuyo resultado dependía de analizar papeles que había de aportar la Agencia Tributaria. Casi como en un dibujo de líneas paralelas, la propia fundación también se había esfumado tras acordar la disolución su patronato, aunque la entidad reapareció como un Guadiana en cuanto su nombre salió a la luz en Púnica tres años más tarde.
El acuerdo de extinción del 29 de julio de 2014 nunca llegó a ser revalidado por el Protectorado de Fundaciones, al que la fundación debía entregar sus cuentas anuales como condición sine qua non para culminar el proceso de liquidación.
Ese trámite final se encuentra ahora pendiente de lo que decida el juez ante el que el Gobierno de Madrid mantiene desde hace dos años y medio una demanda civil contra sí mismo. Por qué acudió a los tribunales en lugar de al Protectorado de Fundaciones es una incógnita: el Gobierno madrileño ha denegado respuesta pese a la insistencia de infoLibre. Lo único que el Ejecutivo aduce es que la demanda civil fue la vía recomendada por los servicios jurídicos.
El libro del ahora presidente del TC que no llegó a la imprenta
En mayo de 2017, justo cuando acababa de trascender que dentro del caso Púnica y a instancias de la Guardia Civil se había ordenado investigar si la Fundación Dos de Mayo financió campañas del PP madrileño de forma “subrepticia”, la agencia Europa Press difundió un teletipo capaz de disparar las alarmas.
La agencia obtuvo unas declaraciones del historiador recientemente fallecido Fernando García de Cortazar, que había ocupado el cargo de director de la Fundación Dos de Mayo.
Para mayo de 2017, ya había caído por supuesta corrupción el presidente de Madrid y de la Fundación Dos de Mayo, Ignacio González. Según García de Cortázar, el político decidió en el verano de 2014 dar el cerrojazo a la fundación "sin una justificación". González decidió disolverla, contaba el historiador, casi un año después de que ambos hubiesen tenido un desencuentro porque el dirigente político pretendía dedicar a la edición de un libro 20 veces más de lo que en realidad costaría. En cifras, 170.000 euros para un volumen que, siempre según García de Cortázar, requería solo un gasto de 8.000 euros. En opinión del entonces director de la fundación, la cantidad prevista era “desmesurada para sacar adelante un proyecto cuando se trataba de fondos públicos”.
Aquel libro de la discordia, un ensayo sobre regeneración democrática, habría llevado la firma de Pedro González Trevijano, relató García de Cortázar. Pero tal como se infiere de lo que dijo García de Cortázar en su conversación con Europa Press, no llegó a editarse nada a nombre de Trevijano. Así lo confirman ahora los portavoces de quien desde noviembre de 2021 ostenta la presidencia del Tribunal Constitucional (TC)
Magistrado del TC desde el 12 de junio de 2013, Trevijano había ostentado hasta entonces el cargo de rector de la Universidad Rey Juan Carlos y había sido colaborador habitual de la Fundación Dos de Mayo. Fue el que hace un par de meses le dijo al diario El País lo que sigue: “Los juristas somos casi todos gente conservadora, porque el Derecho es una ciencia conservadora”. González Trevijano debía abandonar la presidencia del TC en junio al agotarse sus nueve años de mandato. El bloqueo del PP lo ha impedido.
Año y medio después de que se incorporase a las hemerotecas la noticia sobre la bronca entre Ignacio González y Fernando García de Cortázar, El Confidencial publicó otra noticia de las que abren el abanico de las sospechas. El texto comenzaba así: “Nadie sabe dónde están. Extraviados en algún archivo o decorando las paredes de alguien que no es su legítimo dueño. La Comunidad de Madrid acaba de indemnizar con 4.000 euros a una familia que donó altruistamente 24 grabados franceses a la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, la fundación estrella que creó Esperanza Aguirre en 2007 para celebrar el bicentenario del levantamiento contra Napoleón. El Gobierno regional ha tenido que pagar a los herederos del donante tras reconocer que no ha podido encontrar las pinturas y por tanto devolvérselas a sus dueños”.
"Ni un céntimo" para el PP
También este episodio cruzó la frontera del olvido. Si existe información sobre lo sucedido, permanece en la sombra de una entidad cuya honestidad había defendido en 2017 el actual portavoz y vicepresidente del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, en cuanto saltó el titular de la investigación abierta en el marco de Púnica.
Entonces portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, Ossorio había sido gerente de la Fundación Dos de Mayo entre 2007 y 2011. El 18 de mayo de 2017 y en unas declaraciones que hoy poseen el aroma del esto me suena, Ossorio aseguró que la fundación no le había dado “ni un céntimo” al PP.
La referencia al espejismo que presenta las declaraciones de Ossorio como un déjà vu se explica por algo que no salió a la luz hasta septiembre de 2019: la conversación telefónica que el 8 de marzo de aquel mismo 2017 había mantenido Esperanza Aguirre con Ignacio González y que fue intervenida por la Guardia Civil, que ya investigaba al entonces presidente madrileño.
El quinto párrafo: El misterio de la fundación de Ayuso
Lo que la expresidenta le dijo ese día a su antiguo delfín y luego sucesor fue esto: “Que nos hayamos saltado el límite del dinero electoral para la campaña, pues puede… pero desde luego Fundescam no ha pagado”. Es decir, no ha pagado nada al PP. Según la Fiscalía y según el juez que desde la marcha de Eloy Velasco instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, la afirmación de Aguirre revela su ignorancia de que Fundescam hubiese financiado al PP. Tanto la Fiscalía como el juez sostienen que su frase telefónica es “un indicio sólido” de su inocencia. Y por eso ha sido exculpada en el caso Púnica. Igual que Ignacio González.
Cuando Aguirre dijo aquello sobre Fundescam, ya era de dominio público la existencia de una investigación judicial a Ignacio González por la adquisición de un espectacular ático de lujo en Estepona. La investigación acabó archivada en 2020. En los más de siete años de instrucción sobre aquella oscura compra en la costa malagueña se sucedieron las comisiones rogatorias internacionales cursadas a organismos equivocados o que no se tradujeron de forma rápida o en las que faltaban datos clave. Hubo incluso una que se "extravió" camino de Panamá, así como una petición de ayuda judicial que la Guardia Civil tuvo dos años y medio en el cajón.
De no haber salido a flote el nombre de la Fundación Dos de Mayo por su presencia en un minúsculo párrafo del informe final de la Fiscalía sobre la pieza del caso Púnica relativa a la financiación del PP, párrafo que recuerda la orden de 2017 para investigarla pero sin aclarar qué ocurrió, el buque fantasma habría proseguido la marcha sin que se atisbase su presencia. El Ejecutivo madrileño ha logrado que la fundación pase inadvertida durante años como la carta robada del relato de Edgar Allan Poe: la misiva estaba sobre la mesa pero en un sobre que impedía ver su contenido. En el ingente volumen de datos acumulados en el caso Púnica, la Fundación Dos de Mayo y sus agujeros bajo sospecha acabaron siendo invisibles. Qué podrían desvelar sus cuentas, sus memorias, los documentos en poder de la Agencia Tributaria, todo eso seguirá siendo un misterio una vez cerrada la pieza de Púnica sobre la financiación del PP.
“La desvergüenza y el despilfarro están llegando a unos límites que no resultan aceptables aun con anchas tragaderas”. Ácido como el vinagre, el entrecomillado que abre este texto es la médula de un correo electrónico sobre la Fundación Dos de Mayo. Lo escribió el 3 de junio de 2009 Rafael Spottorno, antiguo jefe de la Casa Real y en aquella fecha director de otra oscura fundación, la de Caja Madrid. Cinco años más tarde, el patronato de la Fundación Dos de Mayo acordó en julio de 2014 su extinción.