Todo se fundió a un horrible negro cuando la luz del sol comenzaba a iluminar un nuevo día. Era 11 de marzo de 2004. Y el reloj marcaba las 7:39, hora punta. En ese preciso instante, tres bombas explosionan en un tren que llega a la estación madrileña de Atocha desde Guadalajara. Tres minutos después, cuatro más estallan en otro convoy a la altura de la calle Téllez. Y, simultáneamente, se registran otras tres explosiones en las estaciones de Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia. Es el peor atentado perpetrado en suelo europeo. La barbarie yihadista arrebata en la capital 193 vidas –a la que luego se sumaría la de un policía en las operaciones posteriores– y deja más de dos millares de heridos. Centenares de familias rotas en mil pedazos por el terrorismo.
Aquella masacre cogió con el pie cambiado a las fuerzas de seguridad. Es cierto que, por aquel entonces, España tenía bien desarrolladas las capacidades antiterroristas. El problema es que se prestaba atención, principalmente, a la amenaza procedente de ETA. Pocos efectivos policiales, como recuerda Carola García-Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano, estaban dedicados en cuerpo y alma a observar entonces el fenómeno del yihadismo. Aunque ya se habían desarrollado algunas operaciones importantes en esta línea. En 1997, Appreciate, centrada en el Grupo Islámico Armado (GIA). En 2001, Dátil, que desarticuló una célula de Al Qaeda en España, la de Abu Dahdah. Un golpe importante para la organización terrorista en suelo europeo.
El CNI no puso en marcha hasta poco antes del 11M un departamento específico dedicado al yihadismo en su División de Contraterrorismo. Pero los atentados provocaron un punto de inflexión. "Forzaron un cambio de paradigma que nos obligó a adaptar nuestra mirada y comprender que la principal amenaza para la seguridad nacional iba a ser, a partir de ese momento, el terrorismo yihadista", apunta Manuel Gazapo Lapayese, doctor en Relaciones Internacionales y analista especializado en seguridad. Un fenómeno, completa, que no estaba constituido por "un enemigo ubicado en un espacio concreto" y con una "estructura organizacional tradicional", sino que se trataba de "una amenaza asimétrica, rizomática y resiliente, con capacidad para extenderse por todo el planeta".
Desde entonces, y a lo largo de las dos últimas décadas, se ha avanzado mucho en ese terreno. Tras los atentados de Madrid, explica García-Calvo, los recursos destinados en las Fuerzas de Seguridad para luchar contra el yihadismo se "intensificaron inmediatamente". "Las capacidades se multiplicaron casi por seis", apunta la experta. En After the Madrid Bombings: Internal Security Reforms and the Prevention of Global Terrorism in Spain, el especialista Fernando Reinares señala que solo en la legislatura posterior al 11M los servicios o unidades externas de información, que son los que se ocupan fundamentalmente de cuestiones de terrorismo internacional, crecieron en un 72% en la Policía Nacional y un 22% en la Guardia Civil.
Es imposible saber cuántos efectivos hay destinados en la actualidad en las Fuerzas de Seguridad del Estado a combatir el yihadismo. Dicha información tiene carácter secreto. Como también aquella relativa a la estructura y organización de la lucha antiterrorista. Unidades que con el paso del tiempo se han ido especializando. "Se han introducido dos perfiles: por un lado, especialistas en árabe y en mensajes, tanto en red como por otras vías de propaganda; y, por otro, expertos operativos en lucha antiyihadista, gente que se infiltra en este tipo de comunidades", señala Rafael Calduch. Este perfil fue clave, por ejemplo, en la operación Caronte, que permitió la desarticulación de una célula yihadista en la provincia de Barcelona gracias a la infiltración de un Mosso d'Esquadra.
Mayor coordinación y cooperación
La descoordinación en las fuerzas de seguridad fue otro de los problemas que pusieron de relieve el 11M. El domicilio de Jamal Zougam, uno de los condenados por los atentados de Madrid, ya había sido registrado a mediados de 2001, encontrándose en el mismo, tal y como se desprendió en la instrucción de Dátil, propaganda yihadista. El nombre de Allekema Lamari, uno de los suicidas en el piso de Leganés, ya había salido en el procedimiento seguido en su día en relación al Grupo Islámico Armado y se situaba bajo el radar de los servicios secretos. Y el de Serhane Ben Abdelmajid, alias el Tunecino, otro de los suicidas de Leganés, ya había aparecido dos años antes en una agenda que la Guardia Civil incautó en otra operación contra un destacado miembro de Al Qaeda en Barcelona.
"Tras los atentados, se establecieron marcos para compartir información", señala la investigadora de Elcano. En mayo de 2004, el Gobierno creó el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA). Y una década después, tras apreciar los vínculos que existían entre dicho fenómeno y el crimen organizado, lo fusionó con el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). Fue así como surgió el actual CITCO. Integrado por miembros de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI o cuerpos de seguridad autonómicos, el mismo se encarga de "recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos que sean relevantes para elaborar la correspondiente inteligencia criminal estratégica y de prospectiva".
Los expertos también destacan los avances en materia de cooperación con otros países. Tanto a nivel policial como de inteligencia y judicial. En este último aspecto se centra Dolores Delgado, actual fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y durante más de una década –desde 2007 a 2018– coordinadora de la lucha contra el terrorismo yihadista. "Se potenció la coordinación internacional", explica en conversación con infoLibre. Primero, se conformó el llamado tripartito, en el que se integraban los ministerios públicos de España, Francia y Marruecos. Un grupo al que, posteriormente, se unieron los colegas de Bélgica y que permitía, cuenta, un intercambio continuo de información entre los distintos Estados.
"El envío de datos en tiempo real mejoraba nuestras investigaciones, porque el terrorismo yihadista es internacional y se nutre de indicios que se producen en otros países", trata de resumir Delgado. La fiscal habla sobre el valor de la "inteligencia judicial" dados los puntos de conexión que existen entre las distintas causas relacionadas con el yihadismo y la interrelación de actores. "Esto permite identificar patrones de conducta", dice. Citábamos antes a Lamari o Zougam. Pero otro ejemplo lo podemos encontrar con Abdelbaki Es Satty, imán que surgió como cabecilla de los atentados de Barcelona de 2017, el primer ataque yihadista desde el 11M. Su nombre ya había aparecido más de una década antes en Chacal, otra causa que en su día se siguió contra una supuesta red de apoyo a individuos que participaron en los atentados de Madrid.
El legislador también fue adaptando, tras la matanza en la capital, el ordenamiento jurídico a la nueva realidad. Se empezó a prestar más atención a la financiación, se suprimió la exigencia de que existiera una organización para poder aplicar el tipo de terrorismo o se incluyeron en el Código Penal conductas como el autoadoctrinamiento, la difusión de propaganda terrorista y el traslado o establecimiento en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista. Era, entonces, la época dorada del Estado Islámico y su propaganda. De los combatientes extranjeros. De las mujeres engañadas para desplazarse a zonas en conflicto. "Se empezó a ver en Siria una suerte de Califato terrenal", señala Delgado.
La radicalización y el riesgo cero
Calduch también pone el foco sobre el papel de Instituciones Penitenciarias: "Se intentan controlar los procesos de radicalización en las cárceles". Algo en lo que también se detiene García-Calvo. En las prisiones, explica, se trabaja en dos ámbitos. Por un lado, en lo que se refiere a "la prevención de la radicalización y el reclutamiento de jóvenes para la causa terrorista". Por otro, en lo que tiene que ver con la "rehabilitación y reintegración de yihadistas". Según una respuesta reciente del Gobierno al Grupo Parlamentario Popular, de las 27 personas que a finales de noviembre se encontraban cumpliendo condena por delitos de terrorismo yihadista –no se cuentan las que están en prisión preventiva–, 17 participaban en el nuevo programa de desradicalización.
Gabilondo: "Gran parte de la radicalización de hoy procede de las conspiraciones sobre el 11M"
La prevención es un pilar fundamental en la lucha antiterrorista. "El elemento clave para poder hacer frente a este fenómeno no es tanto la lucha armada o las intervenciones militares, que también, sino especial y esencialmente el trabajo a la hora de prevenir la captación y radicalización violenta", asevera Gazapo. El terrorismo yihadista, cuyos "dinamizadores de contenido" y "reclutadores" actúan tanto desde las cárceles como a través de Internet, es capaz de "elaborar un relato que se inserta, como si de un virus se tratara, con enorme facilidad en las mentes y corazones de sujetos de toda índole o perfil". De ahí la importancia "absolutamente estratégica", apunta el analista internacional, de elaborar "narrativas preventivas y contranarrativas".
Han pasado dos décadas desde aquel terrible 11M. Veinte años en los que, según los datos del Ministerio del Interior, se han llevado a cabo 408 operaciones antiyihadistas en nuestro país en las que se han detenido a 1.047 personas –71 en lo que va de legislatura–. "España está razonablemente preparada para hacer frente a esta amenaza", apunta Gazapo. Lo cual no quiere decir, sin embargo, que no existan riesgos ante un fenómeno extremadamente complejo. "El terrorismo de etiología yihadista se caracteriza, en este momento, por apostar por técnicas de ataque de baja complejidad operativa y bajo coste económico, lo que hace que sea mucho más complejo, detectarlo, prevenirlo y neutralizarlo", completa el experto.
Coinciden con él todos los especialistas consultados por este diario. "No se puede tener la certeza total de que no ocurran acciones aisladas", dice Calduch. "La seguridad total es imposible", deja claro García-Calvo. "Lo que se puede hacer es reducir el nivel de riesgo adelantándonos con investigaciones constantes", completa Delgado. Y en este sentido, dicen las dos últimas, hay que tener siempre un ojo puesto fuera de nuestras fronteras. Porque este tipo de terrorismo, explican, es muy sensible a los vaivenes internacionales. De ahí que, por ejemplo, la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista decidiese en octubre reforzar el nivel 4 de alerta con nuevas medidas tras la escalada de tensión en Oriente Próximo. Un grado alto en la escala de riesgo que se mantiene desde 2015, tras los atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.
Todo se fundió a un horrible negro cuando la luz del sol comenzaba a iluminar un nuevo día. Era 11 de marzo de 2004. Y el reloj marcaba las 7:39, hora punta. En ese preciso instante, tres bombas explosionan en un tren que llega a la estación madrileña de Atocha desde Guadalajara. Tres minutos después, cuatro más estallan en otro convoy a la altura de la calle Téllez. Y, simultáneamente, se registran otras tres explosiones en las estaciones de Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia. Es el peor atentado perpetrado en suelo europeo. La barbarie yihadista arrebata en la capital 193 vidas –a la que luego se sumaría la de un policía en las operaciones posteriores– y deja más de dos millares de heridos. Centenares de familias rotas en mil pedazos por el terrorismo.