Acababa de estrenarse el año 2015 y el expresident de la Generalitat de Cataluña Artur Mas defendía acérrimamente la colaboración público-privada en sanidad. "Cuando vamos juntos, administración pública y sociedad organizada, podemos superar muchas dificultades como país", dijo. Lo hizo a las puertas del Hospital de Mollet, en Barcelona, y esto no es simplemente un detalle. Años más tarde, el mismo centro ha sido también el lugar escogido por sanitarios y pacientes para clamar por una mejor sanidad. Según denunciaban, las listas de espera no disminuyen y la carga de trabajo, en consecuencia, no deja de aumentar. Aun así, Mas defendió ese modelo de colaboración como "genuinamente catalán". Y no mentía.
Retrocedamos unos años más. En 1981, cuando se hizo efectivo el traspaso de los servicios de asistencia sanitaria, la red ya era profundamente desigual. Entonces, tan sólo el 10% de los hospitales con el 27% de las camas eran públicos, como escribió Ramón Serna, del sindicato CATAC-CTS/IAC en su artículo El proceso de privatización en Cataluña. Los retoques de las izquierdas al modelo sanitario catalán. Por eso, y según recoge la Generalitat en su página web, "se puso de manifiesto la necesidad de contar con los hospitales concertados de una manera continuada y estable para garantizar la asistencia sanitaria". Era o eso o construir nuevos hospitales. Se optó por lo primero.
Así se creó el Servei Catalá de la Salut (CatSalut), el organismo, según explica Metges de Catalunya, que se encarga de contratar los servicios que necesita la población. Públicos o privados. Por eso cuando se habla del sistema sanitario catalán se habla necesariamente de una misma red que integra los dos modelos. Se llama Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT). Pero los números no están equiparados.
En Cataluña tan sólo hay ocho hospitales meramente públicos (es decir, de titularidad pública y gestionados por el Instituto Catalán de Salud, el ICS), mientras que otros 56, según explica Metges, están en manos de entidades de distinta naturaleza pero financiadas todas ellas con dinero público. Es decir, de conciertos. Pueden ser empresas, sociedades mercantiles públicas, entidades benéficas sin ánimo de lucro u otras privadas con ánimo de lucro. En cuanto a los centros de atención primaria (los denominados CAP), el orden es inverso: el 80% son públicos, mientras que el 20% son concertados. En total, suman 420.
El conseller de Salud Boi Ruiz, en el cargo durante la presidencia de Artur Mas y precisamente su acompañante durante sus declaraciones en el Hospital de Mollet, dijo en varias ocasiones que en la sanidad catalana "no hay privatización". Pero es que los conciertos son parte del modelo, que se basa en la colaboración público-privada. "El modelo catalán es, sin duda, el que desde una perspectiva de Gobierno inauguró en España las estrategias de colaboración público-privada en el ámbito sanitario y de externalización de la provisión de servicios", escribió el doctor Amando Martín Zurro en un artículo.
Un 23,3% de gasto sanitario
Entender el funcionamiento del sistema es importante, puesto que cuando se miran las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad Cataluña aparece, indudablemente, como líder del gasto en conciertos, aunque desde Metges insisten en aclarar que no todos son con lo privado. Los últimos datos disponibles en la web de Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud corresponden a 2021 y cifran en un 23,3% el porcentaje de gasto sanitario destinado a conciertos en la comunidad.
Pero también hay otros números que, aunque no oficiales, siguen en la misma línea. Son por ejemplo los publicados por la Fundación IDIS en el apartado dedicado a Cataluña dentro de su informe Sanidad privada, aportando valor. Análisis de situación, 2023, que incluso incrementan el porcentaje hasta el 24,1%, lo que según sus datos corresponde a 3.373 millones de euros.
En cualquier caso, y da igual la fuente que se utilice, esta estadística deja a Cataluña muy lejos de la segunda comunidad que más invierte en conciertos sanitarios: Madrid. Según el Ministerio de Sanidad, lo destinado a esta partida en la autonomía supone un 11,24% del gasto sanitario. La media del país, por su parte, se sitúa en 8,76%.
Con estas cifras, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) siempre ha situado a Cataluña como uno de los epicentros de la "privatización sanitaria", uniéndola en ese ránking a Madrid, Baleares (que según los datos del Ministerio dedica un 8,58% a conciertos) y Canarias (con un 7,12% destinado a ellos). Marta Carrera, miembro de la organización, confirma que siempre ha sido así, es algo "histórico", detalla.
Y va más allá de estas cifras, recordando que la crisis económica y los recortes en servicios sociales que se produjeron después afectaron, sobre todo, al sector sanitario eminentemente público de Cataluña. Por ejemplo, Metges de Catalunya denunció en 2013 que, en tan sólo tres años, los centros del ICS —los 100% públicos— habían visto su gasto recortado en un 15%. Según la misma organización, el Servei Catalá de Salut aumentó las contrataciones al grupo privado IDC el mismo porcentaje. Y en el mismo periodo. "Los recortes no afectaron a las empresas privadas", recuerda Carrera.
La influencia del seguro privado
En cualquier caso, la penetración de lo privado en Cataluña también llega de los propios ciudadanos. Es lo que señala el último informe de la Fundación IDIS, publicado precisamente este jueves. Según sus cifras, las tres comunidades en las que hay una mayor penetración de los seguros privados son, precisamente, las tres que más destinan a conciertos. Aunque en un orden diferente. Así, en cabeza está Madrid, con un 38,7% de asegurados y seguida de Cataluña, con un 32,4%, y Baleares, con un 30,9%. La media nacional, por su parte, se sitúa en 25,9%.
El último barómetro sanitario publicado por su parte por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también sitúa a los catalanes en el pódium de los más asegurados con pólizas privadas. Según la encuesta, suponen concretamente el 29,4%, un porcentaje que en el caso de los madrileños desciende al 25,5% y en el de los baleares asciende al 33,7%.
Listas de espera, financiación y planificación
Como se puede extrapolar de los datos —y según el propio presidente de la Fundación IDIS admitió este jueves durante la presentación de su último estudio sobre el sector de la sanidad privada—, los datos que reflejan el alto número de personas aseguradas están íntimamente e inevitablemente ligados al deterioro de la sanidad pública. Se ve claramente en el barómetro del CIS, que revela que el 75,5% de los encuestados que tienen seguro privado lo contrataron "por la rapidez con la que atienden". Los catalanes que dieron ese argumento fueron el 78,2%.
"Cada vez cuesta más la accesibilidad a la sanidad pública en Cataluña, por eso la gente tira cada vez más de los seguros privados", lamenta María Ángeles Rodríguez, de la federación de sanidad de CCOO en Cataluña. Y es que las listas de espera, aunque no son las peores, son demasiado largas. En diciembre de 2023, los últimos datos disponibles, había un 46,6% de catalanes que esperaban más de 60 días en ser atendidos en una consulta externa. Un año antes eran un 37,2%.
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Para solucionarlo, Rodríguez apuesta por la receta que siempre hace falta: más financiación. "Desde el sindicato siempre hemos pedido una inversión pública mucho más elevada de la que hay. El sistema de salud está profundamente infrafinanciado", critica.
Lo entiende también así el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. "Todavía no nos hemos recuperado de la década de recortes", lamenta desde el otro lado del teléfono. Pero ya no es sólo cuestión de eso. Según explica, el segundo eje en el que su organización basa sus demandas tiene que ver con la necesidad de elaborar un censo de profesionales, algo que según recuerda marca la ley y también es necesario a nivel nacional. "¿Cómo pensamos planificar la jubilación y la atención a la ciudadanía en un sistema sanitario en el que el administrador no sabe ni cuántos profesionales tiene trabajando en el sistema público?", se pregunta.
En el caso catalán, además, es más complejo. Precisamente por su modelo. Porque muchos de los profesionales, aunque trabajan en centros concertados que se consideran, dice, sanidad pública —por dar cobertura a todos los beneficiarios del CatSalut—, no son contratados por la Generalitat. Y también reclaman que lo sean. "Todos los profesionales deberían depender 100% de la Generalitat", considera. "Independientemente de dónde trabajen", incide
Acababa de estrenarse el año 2015 y el expresident de la Generalitat de Cataluña Artur Mas defendía acérrimamente la colaboración público-privada en sanidad. "Cuando vamos juntos, administración pública y sociedad organizada, podemos superar muchas dificultades como país", dijo. Lo hizo a las puertas del Hospital de Mollet, en Barcelona, y esto no es simplemente un detalle. Años más tarde, el mismo centro ha sido también el lugar escogido por sanitarios y pacientes para clamar por una mejor sanidad. Según denunciaban, las listas de espera no disminuyen y la carga de trabajo, en consecuencia, no deja de aumentar. Aun así, Mas defendió ese modelo de colaboración como "genuinamente catalán". Y no mentía.