Mediapro ve como un "atentado a libertad de expresión" el informe de la Guardia Civil sobre Roures

Mediapro considera "extraordinariamente grave y un insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento" que la producción de un documental –en alusión al vídeo sobre el referéndum ilegal en Cataluña– sea considerado por la Guardia Civil una prueba delictiva.

La compañía se ha expresado así en un comunicado [ver aquí], después de que un informe la Guardia Civil haya situado al empresario y fundador de Mediapro Jaume Roures en el Comité Ejecutivo que aparecía en el documento denominado Enfocats, considerado hoja de ruta del procés para la declaración de independencia de Cataluña e incautado en el domicilio de Josep María Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Los investigadores indican en el citado informe que Mediapro produjo el vídeo 1-O difundido por TV3 "en el que se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum, se enaltecieron a las personas que fueron capaces de hacerlo efectivo y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista".

Según ha indicado la compañía audiovisual, la producción y realización del documental ha sido presentada en el informe de la Guardia Civil, remitido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, como prueba de la implicación de Jaume Roures y Mediapro "en la conspiración para proclamar la independencia de Cataluña, adjuntando un DVD del mismo como prueba".

En este sentido, Mediapro ha reivindicado "la profesionalidad" del equipo que realizó y produjo el documental, y su contenido que "reflejaba unos hechos y daba voz a las personas que se vieron implicados en ellos". "Criminalizar el documental y su contenido es un intento claro de acallar estas voces", ha subrayado.

Por otro lado, el informe del Instituto Armado detalla que el empresario fue quien el pasado 1 de octubre habilitó un centro de prensa donde el Gobierno catalán fue dando las ruedas de prensa informando sobre el desarrollo y el resultado del referéndum ilegal.

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En este punto, Mediapro tampoco entiende que se pueda considerar un delito la organización de un centro de prensa para acoger a los medios de comunicación desplazados a Barcelona con motivo del 1 de octubre, y ofrecer estas instalaciones "a todas las partes implicadas".

"Un repaso de la lista de comparecientes evidencia que no se trataba de un centro de prensa del Govern de la Generalitat, ya que sólo la mitad de las comparecencias fueron de miembros del Ejecutivo catalán. El centro acreditó más de 400 periodistas de 150 medios de hasta 33 países de todo el mundo", ha concluido la compañía audiovisual.

Tras conocerse la existencia del citado informe, Roures se mostraba sorprendido por el hecho de que se le sitúe como parte del supuesto comité que elaboraba la hoja de ruta del proceso independentista, y defendía que "argumentos no hay".