Alfonso Rueda apenas llevaba un mes en la presidencia de la Xunta cuando tuvo que afrontar su primera controversia en materia sanitaria. En las vísperas de un verano que el propio Gobierno gallego vaticinaba como "muy complejo" por la falta de personal en el Sergas, Rueda atribuyó a los médicos de familia unos sueldos anuales de "65.000 euros más las guardias", provocando un gran revuelo y malestar en la sector al presentar como general una remuneración extraordinaria que en la mayoría de las veces está lejos de la realidad.
El desliz del nuevo presidente se produjo en un clima convulso entre personal y pacientes, una tensión que viene de lejos, que tiene causas que se convirtieron en estructurales hace años y que se agravaron con la pandemia del covid-19. La misma tensión que recrudece la ola de protestas de la plataforma SOS Sanidade Pública, sindicatos, fuerzas políticas de la oposición y diversos colectivos locales como los que se dieron cita este jueves pese a la lluvia en Burela en la movilización de la Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública da Mariña .
Con una cuarta parte de la plantilla médica mayor de 65 años y algo más de la mitad del total mayores de 55 años, el aluvión de jubilaciones no fue adecuadamente cubierto, según vienen denunciando representantes del personal, que piden no olvidar la onda expansiva de los recortes presupuestarios de la década pasada. Esos recortes, reiteran, dieron lugar a un empeoramiento de las condiciones laborales que explica, por ejemplo, que el Sergas ya no sea capaz de cubrir todas las plazas de formación de las que dispone en Medicina de Familia.
Porque esa, reiteran, es una de las claves. "Si este fuera un trabajo más atractivo desde el punto de vista de un profesional sanitario, estoy convencido de que no hubiéramos perdido ni un solo residente", explicó recientemente a Praza.gal el doctor Ramón Veras, médico de familia en un centro de salud de A Coruña, miembro activo de SOS Sanidade Pública y formador de futuros profesionales de medicina de familia. "Si no se quedan es por las condiciones laborales", resumió para explicar la paradoja de que la propia saturación de los centros sanitarios dificulta la formación del personal que sería llamado, precisamente, para paliar esa saturación.
Mejorar el servicio en Atención Primaria y evitar que su saturación provoque colapsos en las urgencias hospitalarias fue precisamente la intención declarada de algunas de las medidas puestas en marcha por la Xunta el pasado verano, como el plan de vivienda gratuita para atraer a Sanxenxo a personal sanitario de fuera de Galicia o complementos salariales para médicos que atiendan hasta 300 pacientes adicionales que les corresponden por cupo o amplíen su jornada laboral en cuatro horas y media semanales. Todo esto mientras el personal de enfermería alertaba del "éxodo" de personal por falta de plazas en la atención primaria.
A pie de obra, acciones como estas son vistas, en gran medida, como "parches". "Cuando tienes una jornada de 50 o 60 pacientes ves que la Atención Primaria está en peligro de extinción, la situación límite está ya cronificada" y la pandemia de covid "exageró el problema", resumió el pasado verano Alba Quiroga, médica en un centro de salud de Arteixo. De "parches" habla también la compostelana Erika Brenlla, presidenta de la Asociación MIR España, que lleva tres años de residencia en Euskadi: "La clave de todo son las condiciones laborales que se ofrecen, aunque haya otros problemas".
Con todo este panorama de fondo se acabó el verano, llegó el primer otoño sin mascarilla en los espacios interiores desde el inicio de la pandemia y se agudizó la saturación general en uno de los eslabones más sensibles del sistema: la pediatría tanto en centros sanitarios como hospitales. "Trabajamos de mínimos para máximos", con una "presión asistencial tan brutal que es difícil no tener miedo a equivocarse", advirtieron las doctoras consultadas por este periódico en medio de una oleada de virus disparados, con el covid combinándose con la gripe y el virus sincitial, entre otros.
Los problemas son generales, pero en los últimos meses se agudizaron en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, donde incluso la Consellería de Sanidad decidió colocar el pasado verano como responsable a quien hasta entonces ostentaba la dirección de todo el Sergas, José Flores. El propio Rueda admitió este jueves que "los principales problemas" —y también buena parte de las protestas— están en esa zona, donde se "focalizan" medidas como la posibilidad de que el personal médico que cursa su cuarto año de formación en el MIR pase consulta y acuda a puntos de atención continuada, tal y como adelantó Faro de Vigo: "Si no hay médicos, habrá que intentar encontrar fórmulas dentro del requisito indispensable para mantener la calidad”, dice el presidente.
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Todos estos problemas son inseparables de su obvia derivada política, ya que la gestión sanitaria depende del Gobierno gallego, y aún más en vísperas de un intenso ciclo electoral. Para el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, esta cercanía con las urnas municipales del próximo 28 de mayo es la causa del protagonismo de municipios que, precisamente en el área de Pontevedra, se han unido para alertar de la "situación límite" de sus centros de salud y de los PAC, con el consiguiente impacto en los hospitales. Para Comesaña, el manifiesto lanzado por estos gobiernos locales responde a una "cuestión partidista" y Rueda pone el foco en que en sus reclamaciones “no hubo ni una petición al Gobierno central. No obstante, el conselleiro tiene programado una reunión con los ayuntamientos de la zona para la próxima semana.
Rueda esgrime medidas como el plan con el que prevé recuperar este año la espera quirúrgica prepandemia, unos 55 días frente a los 75 de media actual, o la creación de "35 nuevos equipos de enfermería de dos personas" para "reforzar la atención primaria domiciliaria de pacientes crónicos en zonas rurales y semirurales" como muestras de que su Gobierno está trabajando para mejorar la situación. En esta lógica —y en la de tratar de contener las protestas— también están las intenciones de flexibilizar las incompatibilidades para el personal médico que trabaja en el sector privado: "No es que dejen el sector público para irse al privado, sino que una vez que cumplen su horario en el la pública puedan irse a la privada. No creemos que esto vaya a ser una pérdida de médicos en la pública porque es para compatibilizar el trabajo", señaló este jueves el jefe del Ejecutivo, que en las municipales de mayo tiene su primera prueba electoral como presidente del PP gallego.
Todo apunta a que, en todo caso, la tensión movilizadora no va a terminar. Protestas como la de este jueves en Burela y otras tantas localidades en varios municipios confluirán el 12 de febrero en Santiago, en una nueva manifestación unitaria de SOS Sanidade Pública centrada en buena medida en los problemas de atención primaria y que ya ha recibido el apoyo de las dos fuerzas de la oposición en el Parlamento autonómico: el BNG y el PSOE.
Alfonso Rueda apenas llevaba un mes en la presidencia de la Xunta cuando tuvo que afrontar su primera controversia en materia sanitaria. En las vísperas de un verano que el propio Gobierno gallego vaticinaba como "muy complejo" por la falta de personal en el Sergas, Rueda atribuyó a los médicos de familia unos sueldos anuales de "65.000 euros más las guardias", provocando un gran revuelo y malestar en la sector al presentar como general una remuneración extraordinaria que en la mayoría de las veces está lejos de la realidad.