Tres meses después de conseguir su acta de eurodiputado, el agitador ultra Luis Pérez –más conocido como Alvise– se sitúa bajo la lupa del Ministerio Público. La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene ya sobre la mesa la denuncia que el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, acusado a su vez de estafa tras la reciente clausura del chiringuito financiero Madeira Investment Club, presentó en la Fiscalía General del Estado contra el líder de Se Acabó La Fiesta. En el escrito, Luis Cryptospain –así se hacía llamar en redes– asegura que entregó 100.000 euros en metálico al ultra pocos días antes de las elecciones europeas. Sobre la mesa, un posible delito de financiación ilegal que podría derivar, según los expertos consultados, en una multa de hasta medio millón de euros.
La relación entre Alvise y Romillo habría comenzado, siempre según el relato aportado por este último, a finales de marzo. "Me contacta por medio de WhatsApp para concertar una reunión en Madrid", recoge la denuncia, adelantada por elDiario.es y cuyos extremos ha confirmado este diario. Una semana después, el 6 de abril, el agitador ultra se convirtió en el invitado principal del evento anual del Madeira Invest, club financiero impulsado por Romillo que captaba fondos prometiendo altas rentabilidades y que cerró por sorpresa la pasada semana. "Todos vosotros estáis haciendo cierto tipo de política, la contrapolítica a un Estado mafioso y criminal que os roba más del 70-75% de todo lo que producís cada año", lanzaba Alvise Pérez desde un escenario instalado en el Hipódromo de la Zarzuela.
Tres días después del evento, según los mensajes aportados por el empresario junto a la denuncia, el dirigente ultra se puso en contacto con Romillo y le trasladó sus "necesidades", entre las que se encontraban "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas" o "fondos para el partido". "En cash es irrastreable, sí", llega a decir en algún momento el eurodiputado, para quien el criptoempresario crea los monederos de criptomonedas que el ultra publica en su canal de Telegram para recaudar fondos. Una "colaboración" que Alvise promete a Romillo llevar hasta el corazón de la Unión Europea: "Las encuestas me dan hasta dos eurodiputados. Si logro entrar, podríamos organizar charlas en el Parlamento Europeo para hacer lobby masivo sobre la escripto divisas [sic] y la independencia fiscal".
En la madrugada del 27 de mayo, cuando quedan trece días para la cita con las urnas, el entonces candidato recibe un mensaje del empresario: "He estado repasando y si te parece bien mañana puedes pasar por Sentinel a por 100k, es una cantidad que no será problema de recaudar por mi parte para muevas el Sentinel". "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío", responde Alvise Pérez. Unas horas después, según el relato de Romillo, uno de sus colaboradores habría entregado 100.000 euros en metálico en las oficinas de Sentinel BQ, empresa vinculada a Madeira, para "la campaña de su partido político". "Todo ok! 100.000 gracias, Luis", le habría escrito poco después al empresario el agitador ultra.
Una multa de entre el triple y el quíntuple
Ahora, será la Fiscalía del Supremo, dada la condición de aforado del denunciado, la que decida si hay o no elementos suficientes como para abrir una investigación por financiación ilegal de partidos políticos. Un delito que viene recogido en el artículo 304 del Código Penal, que castiga con multas o penas de prisión –en función de la gravedad– a quienes reciban "donaciones o aportaciones" destinadas a una agrupación de electores infringiendo el artículo 5.1 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe, entre otras cosas, "aceptar o recibir directa o indirectamente" donaciones anónimas, de más de 50.000 euros procedentes de una misma persona o que vengan de personas jurídicas o entes sin entidad jurídica.
El castigo más suave que recoge este precepto del Código Penal es una "multa del triplo al quíntuplo de su valor". Algo que, según explica David Sans, abogado penalista especializado en financiación de partidos políticos, se calcularía en base al "valor global de la donación recibida". Si hablamos, por tanto, de una entrega de 100.000 euros, la multa podría oscilar entre "300.000 y 500.000 euros", si bien el caso se encuentra todavía en una fase muy embrionaria –no hay más que una denuncia y unas decenas de páginas de mensajes telefónicos intercambiados–. Una horquilla con la que coincide Cristina Nieto, socia fundadora de Nieto Enríquez Abogados Penalistas, bufete que ofrece asesoramiento jurídico relacionado con este tipo de delitos.
La abogada señala, en conversación con infoLibre, que el de financiación ilegal de partidos es un delito de nueva creación –el 304 bis se introdujo en el Código Penal en la reforma del 2015–. Y que, por tanto, no hay "jurisprudencia mayor" sobre el mismo. Nieto explica que el delito queda consumado "con la entrega y recepción de la donación", que no cabe "la comisión por imprudencia" y que el autor del mismo puede ser tanto "quien la da como quien la recibe". Además, es necesario acreditar que la donación se hace "con la finalidad de financiar el partido", que también puede ser "responsable penal del delito" y al que se le pueden imponer como penas, entre otras, "la prohibición de subvenciones", la "suspensión de la actividad por un plazo de hasta cinco años" o el "cierre de locales".
Lo que no ven los especialistas consultados son elementos como para pensar que sobre la cabeza del eurodiputado pudiera terminar pendiendo una pena de cárcel. Es cierto que el 304 bis recoge también un castigo agravado que oscila entre los seis meses y los cuatro años de prisión –además de la multa–. Sin embargo, el mismo está reservado para situaciones muy concretas. Es el caso, por ejemplo, de donaciones anónimas o procedentes de personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica de importe superior a 500.000 euros, así como aquellas procedentes de una misma persona por 550.000 euros anuales. Prisión que también se contempla para donaciones que superen los 100.000 euros y procedan de gobiernos, organismos, entidades o empresas públicas extranjeras.
Una inmunidad que se puede levantar
Desde que accedió a la Eurocámara, Alvise está aforado y tiene inmunidad parlamentaria. ¿Quiere esto decir que no se le puede investigar o que tiene carta blanca para hacer lo que quiera? No. Simplemente significa que cualquier causa contra él la tendría que llevar el Supremo y que la misma podría dilatarse por la exigencia de cursar con carácter previo un suplicatorio a la Eurocámara para levantar su inmunidad. Un procedimiento que en el caso del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont se alargó más de un año. Casi lo mismo que se demoró en su día la petición del Alto Tribunal para poder juzgar a José María Ruiz-Mateos en el caso Rumasa. El Supremo cursó el suplicatorio en enero de 1990. Y el Parlamento Europeo no dio luz verde al mismo hasta febrero de 1991.
La inmunidad de cualquier eurodiputado se puede, por tanto, levantar. Una vez que la Eurocámara recibe el suplicatorio, el presidente del Parlamento Europeo lo comunica en sesión plenaria y lo envía a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Este órgano puede solicitar, si lo considera oportuno, cualquier información o explicación. Y, por supuesto, el eurodiputado en cuestión tiene la oportunidad de ser oído en dicha comisión y presentar todo lo que estime pertinente. Tras eso, Asuntos Jurídicos adopta una recomendación sobre si aprueba o rechaza la solicitud del levantamiento de la inmunidad y la presenta a todo el Parlamento, que toma una decisión al respecto por mayoría simple.
Denuncias colectivas contra Madeira Invest Club
La denuncia del criptoempresario que pone en la diana a Pérez llegó a la Fiscalía General del Estado el pasado jueves, horas después del cierre de Madeira Invest, el chiringuito patrocinado por el agitador ultra. La bajada de persiana vino acompañada de un vídeo en el que Romillo, escondido tras su habitual máscara, vinculaba todo a una supuesta investigación en curso que habría bloqueado las cuentas. Pocos días antes de que todo saltase por los aires, El Confidencial informó de que parte del dinero que se había recaudado para la campaña del eurodiputado se había desviado a una cuenta de criptomonedas en la que Madeira Invest también inyectaba activos.
Una parte de los negocios que colgaban de dicho club han echado el cierre. Es la crónica de una muerte que parecía anunciar la Comisión Nacional del Mercado de Valores hace ahora dieciséis meses. Entonces, en mayo de 2023, el regulador de los mercados lanzó una advertencia indicando que ni Madeira Invest Club ni la sociedad que aparentemente lo controlaba –una supuesta "consultora legal cripto" ubicada en Nuevo México– estaban autorizadas "para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva". Algunos despachos ya han presentado en la Audiencia Nacional denuncias colectivas. Zaballos Abogados cifra en más de 2.700 los afectados, con un perjuicio que alcanza los 600 millones de euros.
El criptoempresario aprovecha su denuncia remitida a la Fiscalía General del Estado para referirse, precisamente, a todo este negocio: "Quiero poner a disposición de los miembros del MIC –que tengan vigente algún contrato incumplido– aquellos activos de los que dispongo, para que en la medida de lo posible puedan ser resarcidos, respecto de lo que debe tenerse en cuenta que, algún activo, si no se administra en la forma adecuada, pueden perder todo su valor en semanas". Y dicho esto, Romillo comienza con el relato de una relación que está poniendo en jaque al eurodiputado ultra español y sobre la que ha evitado, por el momento, dar explicación alguna. En un vídeo subido este miércoles a su canal de Telegram, el agitador ultra se limita a decir que le van a intentar "meter" cualquier cosa.
Tres meses después de conseguir su acta de eurodiputado, el agitador ultra Luis Pérez –más conocido como Alvise– se sitúa bajo la lupa del Ministerio Público. La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene ya sobre la mesa la denuncia que el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, acusado a su vez de estafa tras la reciente clausura del chiringuito financiero Madeira Investment Club, presentó en la Fiscalía General del Estado contra el líder de Se Acabó La Fiesta. En el escrito, Luis Cryptospain –así se hacía llamar en redes– asegura que entregó 100.000 euros en metálico al ultra pocos días antes de las elecciones europeas. Sobre la mesa, un posible delito de financiación ilegal que podría derivar, según los expertos consultados, en una multa de hasta medio millón de euros.