Una revisión a fondo de los llamados delitos de expresión. Esa es, desde hace un tiempo, la gran asignatura pendiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre todo, desde que algunos artículos del Código Penal se convirtieron, con el beneplácito de algunos jueces, en el arma favorita de los colectivos ultras para intentar silenciar aquellos discursos no compartidos. Preceptos en los que se centran buena parte de las condenas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha impuesto a España por vulneración del derecho a la libertad de expresión. Y que algunos organismos internacionales llevan tiempo exigiendo enmendar. Ahora, el Gobierno parece dispuesto a afrontar una reforma penal en esta materia. Pero aún no deja del todo claro cuál será el alcance de la misma.
Los delitos de expresión forman parte del plan de regeneración aprobado este martes en Consejo de Ministros. Una hoja de ruta legislativa para los próximos tres años que apenas entra en demasiados detalles. Lo único que se recoge en este sentido es el compromiso de abordar una "reforma integral" de aquellos preceptos del Código Penal que "pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística". "Entre otros casos, cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", completa el plan de regeneración.
Se da por descontada, por tanto, una revisión de las ofensas religiosas. Pero más dudas hay con las injurias a la Corona. Nada se recoge de forma expresa en el documento sobre este tipo penal. Sólo se habla de delitos contra "las instituciones del Estado", que en el Código Penal se contemplan en un capítulo distinto de aquellos contra los monarcas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, se han negado a aclarar si en esa redacción entran las injurias a la Corona. "Lo que está incluido en el plan es una reforma integral penal sobre los delitos que tienen que ver con la libertad de expresión y la creatividad artística que se relacionen con las instituciones públicas", se ha limitado a repetir Bolaños.
Tres sentencias que ponen coto a los delitos de expresión
Desde Sumar consideran que este tipo penal está incluido. Y ponen el acento en los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los que Urtasun ha hecho mención durante la rueda de prensa. "Tenemos la obligación de dar cumplimiento a esas sentencias y esa es la voluntad del Gobierno", ha resaltado, al respecto, el ministro de Cultura. Dos de ellas, de hecho, giran precisamente alrededor del delito de injurias a la Corona. La primera, de 2011, condenó a España a indemnizar al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por vulnerar su derecho a la libertad de expresión. El líder abertzale había sido castigado con un año y medio de prisión por haber llamado al ahora rey emérito "jefe" de los "torturadores", una pena que avaló posteriormente el Tribunal Constitucional.
El tribunal de Estrasburgo criticó en su resolución que el artículo 490.3 del Código Penal concediese al jefe del Estado "un nivel de protección más elevado" que "a otras personas", protegidas "por el régimen común de la injuria", o "instituciones". "A este respecto, el tribunal ya declaró que una mayor protección otorgada por una ley especial respecto de las ofensas no se ajusta, en principio, al Convenio de Derechos Humanos", completaba. Una interpretación que apuntaló siete años más tarde con otra sentencia, recuperada este martes por Urtasun, en la que sacó los colores a España por condenar a dos jóvenes que quemaron la foto del rey. A raíz de aquello, se redujeron estos procedimientos. La Fiscalía abrió el año pasado 3 diligencias de investigación por este delito, frente a las 26 de 2017.
No han sido los únicos varapalos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado a nuestro país en relación con los llamados delitos de expresión. El año pasado, por ejemplo, Estrasburgo corrigió a la justicia española en el caso de Pablo Fragoso, un sindicalista de la Confederación Intersindical Gallega (CIG) que fue condenado a pagar una multa por un delito de ultrajes a España por llamar a "pegarle fuego a la puta bandera" en una manifestación de las empleadas de la limpieza en el Arsenal de Ferrol. "La libertad de expresión se aplica no sólo a la información o ideas que se reciben de forma favorable o se consideran inofensivas, sino también a aquellas que ofenden, escandalizan o molestan al Estado o a cualquier otro sector de la población", recogió el fallo del TEDH.
La ONU y el Consejo de Europa exigen cambios
En los últimos años, además, algunos organismos han exigido a nuestro país cambios en esta línea. Lo hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el informe de su último examen periódico universal. Y también el Consejo de Europa en el documento elaborado tras la última visita a España de su comisaria de Derechos Humanos. En él, criticaba el uso del Código Penal para amedrentar a artistas. Y hacía un llamamiento a las autoridades para que impulsasen una modificación "integral" del mismo que reforzase "las salvaguardas existentes en torno al derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica". En concreto, se ponía el foco sobre el enaltecimiento del terrorismo –que ha quedado fuera del plan de regeneración–, las injurias a la Corona o las ofensas contra los sentimientos religiosos.
Este último delito apenas ha generado hasta ahora condenas firmes. A algunos juristas especializados en la materia solo les consta una de hace un lustro y por conformidad del acusado, quien había subido a Instagram el fotomontaje de un cristo con su cara. Hay, además, otra condena en primera y segunda instancia que se encuentra en estos momentos recurrida ante el Constitucional –la de la procesión del chumino rebelde–. Pese al escaso éxito judicial, los colectivos ultracatólicos –con Abogados Cristianos al frente– siguen recurriendo una y otra vez a este delito. Lo utilizaron contra humoristas de TV3 por una parodia de la Virgen del Rocío, contra el actor Willy Toledo, contra el cómico Leo Bassi, contra el cantautor Javier Krahe, contra el artista Abel Azcona...
En la reforma contra los delitos de expresión, el Ejecutivo parte con una importante base de apoyos. O es es, al menos, lo que se desprende del último debate parlamentario sobre este asunto. Se produjo el pasado mes de diciembre. Entonces, el Congreso de los Diputados acordó iniciar la tramitación de una proposición de ley de Sumar sobre los delitos de expresión. Además del PSOE, votaron a favor Junts, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG. "Las propuestas de modificación que se traen hacen un Estado con más garantías. Por ello, vamos tarde", señalaba en representación de Bildu Jon Iñarritu. "No sé cuántas veces he planteado aquí lo de que las injurias a la Corona se derogue de una vez, no sé si diez, doce o catorce", lanzaba Pilar Vallugera, del Grupo Republicano.
Una revisión a fondo de los llamados delitos de expresión. Esa es, desde hace un tiempo, la gran asignatura pendiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre todo, desde que algunos artículos del Código Penal se convirtieron, con el beneplácito de algunos jueces, en el arma favorita de los colectivos ultras para intentar silenciar aquellos discursos no compartidos. Preceptos en los que se centran buena parte de las condenas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha impuesto a España por vulneración del derecho a la libertad de expresión. Y que algunos organismos internacionales llevan tiempo exigiendo enmendar. Ahora, el Gobierno parece dispuesto a afrontar una reforma penal en esta materia. Pero aún no deja del todo claro cuál será el alcance de la misma.