EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
El melón sin abrir en el periodismo político: quién y cómo se decide quién es periodista
“No voy a dignificar esa pregunta con una respuesta”. Así contestó Mike McCurry, portavoz de la Casa Blanca, cuando un periodista en su conferencia de prensa le interrogó sobre si Bill Clinton consideraba la felación un acto sexual o no.
Recordaba este episodio con más de 25 años de historia el periodista de ABC Ignacio Camacho para ilustrar las maneras en que los políticos y representantes públicos pueden zafarse de preguntas incómodas o, incluso, retratar al informador que confunde una sede institucional con una tasca.
Se hablaba en la tertulia del programa Mesa de Análisis (Canal Sur TV) del incidente entre el socialista Patxi López y Vito Quiles, un joven de 23 años acreditado en la cámara baja por el canal de Youtube Estado de Alarma y activísimo tuitero afín a los postulados de extrema derecha a decir de las publicaciones en sus redes sociales, el espacio donde ejerce su influencia. Para más detalle, véase su timeline, donde contó recientemente que acaba de licenciarse en una carrera que en los últimos ocho años ha perdido casi el 20% de estudiantes. Y eso que, como escribe Cristina García Casado, no sobra periodismo, falta.
Con frecuencia, los periodistas saltan de cabeza al charco del metaperiodismo pero quizás ésta no sea una polémica sin más.
De fondo hay muchas cuestiones por responder: ¿Quién y cómo decide quién puede entrar a una sede institucional como periodista? ¿Quién ha de situar el umbral de qué es periodismo y qué no lo es? ¿Qué dice la ciencia jurídica al respecto? ¿Qué búsqueda de la información veraz hay en el hostigamiento a un dirigente público? ¿Cómo diferenciar eso de la repregunta y de la audacia periodística para destapar lo que el poder público oculta o enmascara deliberadamente? ¿Son más desmedidos los ataques a los políticos de izquierda o a los de derecha? ¿Qué papel juegan las administraciones que sostienen con fondos públicos medios con periodistas condenados de manera reiterada por ejercer algo que los tribunales, al interpretar la Constitución, no califican como libertad de información ni de expresión? ¿Cómo afectan ciertas dinámicas de unos pocos el trabajo del resto? ¿Quién abre el melón?
Demasiadas preguntas para una profesión que, conviene recordar, no está regulada, que no exige colegiación para su desempeño y que, al margen de las titulaciones oficiales requeridas en los medios públicos para formar parte de sus plantillas, no exige más carné que el de identidad ni demanda más avales que el del buen oficio.
O al menos así era antes.
Situemos al lector: en la segunda jornada del debate de investidura de Núñez Feijóo, la prensa aguarda la llegada de Patxi López en el escritorio, la salita que usan sus señorías para intervenciones rápidas a la salida del hemiciclo en el Congreso de los Diputados. En su turno, Quiles inquiere al socialista acerca de la amnistía. López responde sin titubeos: “A ti no te voy a contestar nada y nunca. Te lo voy a decir a la cara: He visto algún tuit tuyo, de cuando la Selección Española jugó y ganó Georgia, con un contenido racista que, de tal manera, no voy a respetar a un racista respondiendo sus preguntas”.
Fin de la comparecencia. Ningún periodista más en la sala pudo preguntar.
El tuit en cuestión mostraba una foto de los españoles Lamin Yamal y Nico Williams abrazados. “¿Pero qué selección española es ésta? Parece una broma de mal gusto”, escribió Quiles. El mensaje ya está borrado, pero su captura y difusión se hizo viral.
Quiles ha anunciado demanda contra López por, según el comunicado de sus abogados, atentar contra su derecho al honor. Y esta denuncia se suma, así, al puñado de casos que pasan o han pasado por los tribunales en los últimos años donde colisiona la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho al honor.
En julio 2019, la Mesa del Congreso de los Diputados resolvió retirar el pase de prensa a Segundo Sanz, acreditado por OkDiario por entrar, colarse y grabar sin permiso en el despacho de Irene Montero. En febrero del año siguiente, el Tribunal Supremo anuló la retirada de la suspensión.
En su sentencia, el magistrado Pablo Murillo de la Cueva, de tendencia progresista, indicó que “publicar fotografías de los despachos de diputados no afecta a su intimidad si no muestran ningún aspecto de la esfera personal a la que, indudablemente, tienen derecho (…) Sin embargo –resalta la sentencia-, no se ha identificado ningún aspecto íntimo, ni siquiera personal, en las fotografías. Por tanto, ninguna limitación a la información gráfica ofrecida por el recurrente puede provenir de ese derecho fundamental, de naturaleza, hay que insistir, personalísima”.
Coincidiendo con la creación de nuevos medios de marcado sesgo de ultraderecha, el Congreso y las cámaras autonómicas han vivido situaciones con grados más o menos intensos de tensión
Si al entrar en el despacho el periodista encontró un despacho, sin más, como describe la sentencia, ¿qué buscaba el medio de Eduardo Inda al publicar las imágenes del espacio de trabajo de la dirigente de Podemos?
Provocar cabe como respuesta. Provocadores sirve también como definición para muchos de estos nuevos moradores del periodismo y los medios.
En los últimos años, coincidiendo con la creación de nuevos medios de marcado sesgo de ultraderecha y también de extrema izquierda, el Congreso y las cámaras autonómicas han vivido situaciones con grados más o menos intensos de tensión.
En mayo de 2022, la sala de prensa presenció cómo Javier Negre, responsable de EDA TV, llamaba “hija de puta” a Mertxe Aizpurúa, portavoz de EH Bildu, por negarse a responder a sus planteamientos. Él habló de manipulación en su medio.
Un año antes, doce equipos de comunicación de partidos de izquierda y nacionalistas presentaron un escrito a la Secretaría General de la Cámara Baja para poner de manifiesto su preocupación por el comportamiento de "algunas personas acreditadas" en la sala de prensa. El Congreso no tomó decisión alguna al respecto.
Antes, en octubre de 2018, se hizo célebre el momento en que un corrillo en off de la ministra María Jesús Montero se difundió al instante. Hubo un quiebro a la regla no escrita de no saltarse nunca un off, que tiene unos códigos concretos: se pregunta y se escucha pero no se graba, lo que se dice sirve para conocer el contexto y entender, el lenguaje del orador es distinto al que tiene en una tribuna pública… Pero la titular de Hacienda soltó, en ese corrillo, aquello de “es fácil pasarse en un presupuesto, 1.200 millones no son nada, chiqui” y, claro, voló como la pólvora. Casi todos los medios, independientemente de enfoque ideológico, se hicieron eco.
Para los legos en la materia quizás sea complicado de entender, pero los dirigentes de todas las formaciones políticas participan de estas dinámicas; la prensa testa estados de ánimo, los políticos sondean percepciones, se rompen frialdades entre unos y otros… Son estas cosas que nunca se enseñan en la carrera, que sólo se aprehenden después de años de oficio y que son parte, al fin, del modo en que se construye el periodismo político, un ámbito donde es tan importante lo que se dice como lo que se calla, lo que se escenifica, como lo que se intuye…
No es un asunto menor: ese clima de tensión que desatan unos pocos incide directamente en el trabajo de los demás. El político se tensa, ya no se para tanto con los medios, la información sólo fluye por los cauces oficialísimos y, al final, lo que se resiente es el periodismo.
Para la politóloga Ana Salazar, responsable de la consultora Idus3 Estrategia, "política y medios de comunicación son actores fundamentales de la vida pública y tienen que convivir en equilibrio. En mi opinión, un político debe responder a un periodista que hace su trabajo, es decir: periodismo. Y es que una cosa es el periodismo y otra muy distinta utilizar la profesión para polarizar, crispar o buscar la viralidad".
En el caso concreto de Patxi López, ¿hizo bien no contestando a Quiles? "Se confundió al contestar de esa forma, ya que si quería poner un cordón sanitario ha conseguido justo el efecto contrario, lo ha hecho viral, que es lo que este señor estaba buscando. Ante este tipo de situaciones lo mejor es obviar la pregunta o responder discretamente para no dar relevancia".
En la actualidad, en el Congreso de los Diputados hay un centenar aproximado de periodistas acreditados en virtud de los medios a los que representan, que son los que tienen que solicitar el permiso de entrada para sus trabajadores o colaboradores
A decir de las fuentes con las que ha hablado este medio en los distintos ámbitos –jefes de prensa, directores de comunicación, compañeros de la prensa—, los protagonistas de estas situaciones que rompen la convivencia que políticos y periodistas han tenido bajo el mismo techo durante décadas casi siempre tienen el mismo perfil: están vinculados a medios ultra que en la mayoría de los casos ejercen de soportes multimedia: preguntan, graban, emiten y tuitean a la vez.
Si la respuesta del político de turno al que preguntan/persiguen/provocan/hostigan deriva en un encontronazo, la viralidad de sus informaciones está asegurada en sus cabeceras y, por supuesto, en ese lodazal en que se ha convertido el juguete de Elon Musk con decenas de miles de trolls y cuentas sin identificar.
En la actualidad, en el Congreso de los Diputados hay un centenar aproximado de acreditados en virtud de los medios a los que representan, que son los que tienen que solicitar el permiso de entrada para sus trabajadores o colaboradores.
En puridad, según el reglamento, es la Mesa del Congreso la que debe gestionar y conceder estas solicitudes; en la práctica, como confirman fuentes de la dirección de comunicación de la Cámara baja, es este departamento el que toma estas decisiones de manera delegada.
“Aplicamos criterios objetivos, acreditamos a empresas informativas”, señalan desde la dirección de Comunicación del Congreso sobre la labor que realizan a la hora de atender las demandas del más de centenar de periodistas que de manera asidua cubren la actividad parlamentaria. En días grandes, caso de estas recientes sesiones de la investidura fallida de Núñez Feijóo, entre cámaras, técnicos y equipos de producción de los medios audiovisuales, las acreditaciones de prensa pueden llegar a superar las 300. En la cámara “no hay vetos ideológicos”, insisten. En la calle, es diferente y, por ejemplo, en la capital, Vox tiene vetada la presencia en sus actos de medios del grupo Prisa y de laSexta.
En el Parlamento Europeo, el trámite es similar. En este caso, para los viajes de prensa que se realizan desde España es la delegación española la que invita y a partir de ese momento el periodista el responsable de sus pasos. En la sede de los plenos en Estrasburgo, sede donde los partidos ultra están representados desde hace más de una década, los periodistas tienen acceso a los mismos espacios que los políticos y funcionarios.
“Ha habido anécdotas y situaciones, pero en general todo el mundo sabe lo que tiene y puede hacer en cada momento”, opinan desde comunicación de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid. Precisamente, el próximo pleno en Estrasburgo fijará posición sobre un proyecto de ley para reforzar la protección de los periodistas y la libertad de prensa en la Unión Europea, tantas veces amenazada en países como Polonia o Hungría donde la ultraderecha ha colonizado todos los medios.
En el Parlamento de Andalucía, la primera institución española donde el partido de Abascal tuvo representación institucional, allá por diciembre de 2018, la dinámica es similar. El artículo 66 del reglamento de la cámara habilita a la Mesa del Parlamento para regular la concesión de acreditaciones que, por agilidad y delegación, recae siempre en la dirección de comunicación.
En este sentido, las direcciones de prensa aplican criterios objetivos: sin son medios dados de alta en el registro de actividades económicas, si son medios que cobran de la publicidad institucional e incluso si son medios invitados, con todos los honores, a los días grandes de la comunidad –Javier Negre se pasea como un VIP en la agenda institucional andaluza más relevante desde 2018- ¿qué margen de maniobra va a tener la cámara que debe ser garante de la pluralidad?
Estos señores técnicamente serían periodistas pero lo que ellos ejercen no es periodismo constitucionalmente hablando, porque el periodismo requiere el ser capaz de transmitir de la manera más veraz
De hecho, distintas voces del ámbito jurídico consultadas por infoLibre aseguran que el hecho de ejercer un veto preventivo sería contraproducente además complicado de sostener legalmente. Una cosa es que un político decida no contestar a un profesional y otra muy diferente, un veto previo.
En este sentido, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y profesor de Derecho a la Información, sostiene que “jurídicamente, cualquiera puede ejercer la libertad de información, ya que no es algo que sólo puedan ejercer los periodistas; el Tribunal Constitucional ha dado una definición de periodista que es aquel que trabaja de manera estable para un medio institucionalizado, con una estructura interna; y como tal, este señor [Vito Quiles] es un periodista y es normal que le hayan dado una acreditación para trabajar en el Congreso”.
Otra cosa es qué se hace con ese derecho: “El ejercicio el periodismo tiene el requisito de que sea veraz y que sea contrastado, para que el periodismo sea constitucionalmente protegido tiene que transmitir distintas versiones. Estos señores técnicamente serían periodistas pero lo que ellos ejercen no es periodismo constitucionalmente hablando, porque el periodismo requiere el ser capaz de transmitir de la manera más veraz. Si tu manera de acercarte a los políticos es increpar en lugar de comprobar y debatir y acosar en lugar de repreguntar puede que estés en un medio pero no eres periodista sino activista político”, opina Urias.
Seguramente, por eso, la mirada de las instituciones se dirige en este tipo de episodios a la autorregulación que debe ejercer, que debería ejercer o que convendría que ejerciera la profesión.
Anabel Díez, periodista de El País y una profesional respetada en todo el arco parlamentario por su trayectoria, oficio y temple, es presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), entidad que representa las demandas de los informadores en las Cortes. Cuando las demandas son relativas a los derechos y libertades de la prensa es habitual que medie la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), donde está integrada la APP.
A falta del debate en el seno de la junta directiva, compuesta por compañeros de distintos medios, Díez califica el incidente de “delicado: no nos podemos erigir en jueces ni del Congreso ni de los políticos ni de los periodistas”.
Los nuevos tiempos exigen reflexiones de nuevo cuño para dar cumplimiento al derecho a la información y al derecho a ser informados de la ciudadanía
Sobre el incidente concreto entre López y Quiles, Díez opina que “el político tiene la obligación de responder a los medios de comunicación, porque su trabajo es público, pero también está en su derecho de no responder. Su respuesta o la falta de ella queda expuesta ante la opinión pública”.
Ciertamente, los tiempos están cambiando. Hoy los mullidos pasillos del Congreso han dado entrada a acreditados con formas muy distintas de entender el periodismo.
Para Díez “los nuevos tiempos exigen reflexiones de nuevo cuño para dar cumplimiento al derecho a la información y al derecho a ser informados de la ciudadanía”. Lo cierto, opina la periodista, es que “en algunos medios se busca una manera de dirigirse a los políticos a la hora de preguntar o de obtener información que hay que preguntarse si está al servicio de los ciudadanos en aras de obtener información veraz”.
“Debemos exigirnos decoro, educación, respeto y el cumplimiento siempre del derecho a la información pero cabe también abrir una reflexión: en un momento de desmesura, en un momento hiperbólico, hay que hacer una reflexión sobre los derechos, las obligaciones y los límites que tenemos en una profesión que, recordemos, no está regulada pero que, por parte de la FAPE, cuenta con normas éticas y deontológicas que ya deberían orientar la acción de los medios de comunicación”.
Para Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, “los valores irrenunciables del periodismo son la información veraz y la honestidad. Jamás mentiras y desinformación. Hay que defender a los buenos periodistas y al buen periodismo y denunciar a los malos periodistas y al mal periodismo. Es nuestra obligación ante la ciudadanía”
En esta misma línea, Carolina Fernández, vicepresidenta de la FAPE, sostiene que, “como representantes de la mayor organización de periodistas de España, no creemos ni apoyamos vetos y censuras para ejercer libremente nuestro trabajo, que es el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, pero hacemos un llamamiento a los profesionales para que este derecho, consagrado en el artículo 20 de la Constitución, sea ejercido en base a los principios éticos y deontológicos que han de regir a los periodistas, como son, entre otros, el rigor, la honestidad, la veracidad o el contraste de fuentes”.
Hay que defender a los buenos periodistas y al buen periodismo y denunciar a los malos periodistas y al mal periodismo. Es nuestra obligación ante la ciudadanía
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Sin necesidad de señalar con el dedo acusador ni hacer una nómina de medios es fácilmente reconocible de qué estamos hablando: bajo una pretendida apariencia de información, a través de sus portales webs y sus redes sociales, difunden el catálogo ultra, a base de bulos, mentiras y mensajes racistas o machistas.
Para la dirección de Por Andalucía, grupo parlamentario que de manera reiterada ha denunciado estas prácticas, “estas empresas no solo deterioran la convivencia democrática también generan víctimas individuales (políticos o personas sobre los que difaman) y colectivas (mujeres, gais, migrantes...) que son estigmatizados y/o criminalizados. Ya son varios y varias los partidos políticos o los diputados y diputadas que han rechazado responder a preguntar de algunos de los trabajadores de estas empresas. Sin embargo, más allá de que cada cual puede responder a quien y cuando considere oportuno, el quid de la cuestión es cómo desde las mesas de los distintos parlamentos ha de abordarse esta situación”.
Una reflexión por hacer, un melón por calar, una tarea, otra más, para unos parlamentos en los que es difícil el encuentro y el acuerdo.
