El centro de menores migrantes de Cantueña, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, que abrió la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso en medio de un polígono industrial y alejado de los núcleos urbanos más próximos supone una vulneración de los derechos fundamentales del menor, según ha denunciado el Ministerio de Infancia y Juventud ante la Fiscalía de Menores.
En la denuncia ante la Unidad del Menores de la Fiscalía General el Estado, que publica este viernes El País y a la que ha tenido acceso EFE, el Ministerio de Infancia y Juventud explica que el contrato de gestión de centro de primera acogida de Cantueña para menores extranjeros no acompañados "no atiende al interés superior del menor" al no garantizar su bienestar, y estar alejado de los cuatro núcleos urbanos más próximos: Parla, Pinto, Fuenlabrada y Getafe.
Según recoge el Ministerio en la denuncia, el contrato de gestión de centro de primera acogida de Cantueña para menores migrantes de la Comunidad de Madrid podría suponer una vulneración grave de los derechos de la infancia "y un perjuicio en la garantía del interés superior del menor, figura clave del ordenamiento jurídico y de los tratados internacionales suscritos por España".
El contrato estipula que el centro cuenta con 96 plazas para la guarda de atención inmediata a los menores en edad adolescente, que llegan a la Comunidad de Madrid sin acompañamiento familiar.
Se entiende como un centro de media estancia hasta la mayoría de edad del menor o mientras se valore su idoneidad en el centro. En el contrato se prevé que la duración en régimen de media estancia pueda superar los seis meses.
Este centro se convirtió en dispositivo de apoyo del centro de la Casa de Campo, siendo este último el de referencia en la Comunidad de Madrid para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se localiza a un menor extranjero no acompañado.
El centro de menores migrantes de Cantueña, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, que abrió la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso en medio de un polígono industrial y alejado de los núcleos urbanos más próximos supone una vulneración de los derechos fundamentales del menor, según ha denunciado el Ministerio de Infancia y Juventud ante la Fiscalía de Menores.