El Ministerio de Justicia considera que el responsable del error en la comisión rogatoria a Panamá del caso del ático de Ignacio González es el Gobierno del país centroamericano, según la explicación ofrecida por el departamento que encabeza Rafael Catalá.
infoLibre publicó el pasado miércoles que el Ministerio de Catalá había cometido un error al equivocar el interlocutor de Panamá al que deben remitirse las peticiones de auxilio judicial. Esta equivocación ha provocado un retraso de más de un año, según la propia documentación facilitada por Justicia.
La rogatoria a Panamá es clave para determinar si el ático de lujo que desde 2008 ocupa Ignacio González es un pago vinculado a Francisco Correa por la participación del expresidente madrileño en el mayor pelotazo de la trama Gürtel, que supera los 25 millones de euros.
Sin embargo, Justicia rechaza haber cometido un error, habida cuenta de que la comisión rogatoria fue enviada "a la autoridad central que Panamá ha designado en el convenio bilateral sobre asistencia legal y cooperación judicial en materia penal, de 19 de octubre de 1998".
Según el artículo 13 del citado convenio, la autoridad a la que España debe reclamar el auxilio judicial es "el Ministerio de Gobierno y Justicia. Es pues al Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá al que se envían las comisiones rogatorias dirigidas a dicho país, por ser ésta la autoridad competente en Panamá para ejecutar comisiones rogatorias y el interlocutor habitual del Ministerio de Justicia de España en esta materia".
Ignacio González entra a declarar como investigado en los juzgados de Estepona.
"Sin embargo", continúa la nota enviada por Justicia a infoLibre, "en este caso el Ministerio de Gobierno de Panamá contestó que el órgano concreto designado por Panamá para el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción no es el Ministerio de Gobierno (como se señala en el convenio bilateral) sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación".
Ya hubo una rogatoria en 2014
En este sentido, el departamento ministerial encabezado por Catalá asegura que en el marco de la misma investigación "el Juzgado de Estepona ya envió una anterior comisión rogatoria en julio de 2014 al Ministerio de Gobierno panameño, y en aquella ocasión sí fue debidamente contestada".
La práctica habitual cuando el órgano que recibe la solicitud de auxilio judicial no es la autoridad designada, completa el Ministerio, "es que el receptor la remita directamente al destinatario adecuado con el fin de agilizar los trámites. No ha ocurrido así en este caso, en que el Ministerio de Gobierno no dio trámite a la Procuraduría panameña, sino que se limitó a informar de que la tramitación de esa Comisión rogatoria no era de su competencia y a devolverla".
Por todo ello, Justicia sostiene que no ha habido por tanto "en este caso error alguno" por parte del Ministerio español, "puesto que la institución designada por Panamá para la recepción de comisiones rogatorias en el tratado bilateral es el Ministerio de Gobierno y no la Fiscalía General".
Pasados once meses
El departamento dirigido por Catalá recibió el 5 de mayo de 2016 una petición de la jueza de Estepona Isabel Conejo en la que solicitaba que se tramitara una comisión rogatoria a Panamá. Según informa Justicia, el Ministerio remitió la petición a Panamá 25 días después.
Y pasados once meses, el 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia recibió en Madrid un escrito de las autoridades panameñas recordando a España que la institución designada por el país centroamericano para recibir las comisiones rogatorias no era el Ministerio de Gobierno, sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación.
Enrique Cerezo, Ignacio González y la esposa de este, Lourdes Cavero, al llegar a los juzgados de Estepona para declarar como imputados en el caso del ático.
Tras este nuevo revés en el auxilio judicial reclamado a Panamá, el Ministerio de Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña, sin que por el momento España haya recibido contestación alguna.
Al margen de que la equivocación tenga su origen en Madrid o en Panamá, en el caso del ático de GonzálezGonzález los errores han sido continuos a lo largo de cuatro años. Hace dos semanas, la Policía confirmó a la jueza que investiga el caso que la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble.
La Guardia Civil tarda dos años y medio en activar una petición de auxilio de la jueza del ático de González
El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.
Gracias a las conversaciones grabadas en el seno del caso Lezo se conoce que el ministro Rafael Catalá envió el 3 de noviembre un mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el siguiente contenido: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".
El 17 de marzo de 2015 el ministro Catalá, seguidor del Atlético de Madrid, fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, en un partido de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. El ministro también viajó como invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions League de Milán.
El Ministerio de Justicia considera que el responsable del error en la comisión rogatoria a Panamá del caso del ático de Ignacio González es el Gobierno del país centroamericano, según la explicación ofrecida por el departamento que encabeza Rafael Catalá.