Corrupción
La Guardia Civil tarda dos años y medio en activar una petición de auxilio de la jueza del ático de González
La Guardia Civil ha tardado dos años y medio en responder a una petición de auxilio lanzada por la jueza de Estepona que investiga el ático de lujo de Ignacio González. El 15 de julio de 2015 [pincha aquí para leer su oficio] el juzgado de instrucción 5 de Estepona había instado al Instituto Armado a comprobar la "integridad y autenticidad" de una conversación grabada en la que el político madrileño expresaba al entonces comisario José Manuel Villarejo su temor a la difusión de los datos sobre el ático que ya entonces amenazaban con colocarle en el disparadero. Ahora, el 4 de enero, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha contestado por fin a la juez Isabel Conejo. Y lo ha hecho para exhortarla a notificarle en 30 días el "estado actual del procedimiento" y si el informe continúa siendo necesario. De no recibir respuesta en ese plazo –avisa el escrito de la Guardia Civil– dará "de baja definitiva" la solicitud de informe.
No es la primera vez que obstáculos, demoras y errores se interponen en la investigación abierta en 2012 para dilucidar si el lujoso dúplex de Ignacio González, ahora en libertad bajo fianza tras haber permanecido seis meses en la cárcel por la Operación Lezo, es un inmueble adquirido con todas las de la ley o un soborno en especie. En julio de 2017, el bloqueo de la entrega de datos bancarios solicitados por el Reino Unido a España dio al traste con la comisión rogatoria cursada a ese país, esencial para desentrañar la madeja societaria internacional que rodea al inmueble. En marzo, Panamá había advertido al Ministerio de Justicia español de que 11 meses antes se había equivocado al enviar una rogatoria al Ministerio de Justicia del país centroamericano en lugar de a la Procuradoría [Fiscalía] General, lo que obligó a repetir el trámite.
"La demora habitual"
El jueves, infoLibre preguntó a la Guardia Civil por la tardanza en la respuesta del Servicio de Criminalística, de la que su propio escrito deja constancia: el encabezado del fax enviado al juzgado de instrucción 5 de Estepona el pasado día 4 especifica que la referencia de la petición de auxilio aparece datada el 15 de julio de 2015.
El viernes, el Instituto Armado ofreció la siguiente respuesta a este periódico: "El escrito [pincha aquí para leerlo] no es una contestación a un requerimiento puntual del juzgado de Estepona, sino que es un oficio que habitualmente se envía desde el Servicio de Criminalística a los juzgados siempre que una diligencia se demora en el tiempo para evitar esfuerzos en casos que hayan podido quedar sobreseídos o archivados".
En el caso que nos afecta –agregaron los portavoces del Instituto Armado– "esta demora es la habitual en los análisis que realiza el departamento de ingeniería". ¿Significa lo anterior, preguntó de nuevo este diario, que Criminalística suele tardar dos años y medio en atender los requerimientos oficiales para autentificar grabaciones aportadas a causas judiciales? Sí, eso significa, fue la respuesta.
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El Instituto Armado rehusó explicar a qué grabaciones se refería la petición de auxilio cursada por la jueza de Estepona el 15 de julio de 2015. Pero fuentes conocedoras del caso indicaron que se trata de la relativa a la conversación de Ignacio González con el ya excomisario José Manuel Villarejo. Los documentos incorporados al sumario así lo corroboran: el oficio dirigido a la Guardia Civil el 15 de julio de 2015 en solicitud de "auxilio técnico" es el que busca "verificar la integridad y autenticidad de unas grabaciones aportadas por la entidad editora del diario El Mundo". La contestación remitida ahora por la Guardia Civil al juzgado se refiere asimismo a una petición lanzada el 15 de julio de de 2015 para dictaminar "la integridad y autenticidad de unas grabaciones de voz".
Publicada por El Mundo y luego aportada al juzgado, la cinta fue grabada durante un encuentro mantenido en noviembre de 2011 por Ignacio González y los policías José Manuel Villarejo, ahora en prisión provisional imputado por graves delitos de corrupción, y Enrique García Castaño.
Celebrada en una cafetería muy próxima a la sede del Gobierno madrileño, donde González era en aquel momento vicepresidente y mano derecha de Esperanza Aguirre, en esa reunión Villarejo le contó a González lo siguiente: que un impllicado en Gürtel había revelado la existencia de dúplex de Estepona. Y que González disfrutaba del inmueble mediante un alquiler ficticio que pagaba a una empresa pantalla domiciliada en Delaware, estado de EEUU cuya fiscalidad y opacidad mercantil le asemejan a un paraíso fiscal. "El tema es que si sale... eso es lo que yo no quiero", les dijo González a los policías.
