Nunca antes España había registrado una presión migratoria tan fuerte como la vivida en Ceuta en las últimas horas. En solo una jornada, el Ministerio del Interior ha contabilizado al menos 8.000 entradas irregulares en la ciudad autónoma. No hay precedentes similares. Ni siquiera en noviembre de 2020, cuando fueron rescatadas en las costas canarias 1.500 personas en veinticuatro horas –cinco veces menos–. La cifra de llegadas es tan alta que cuadruplica la registrada en el conjunto de las dos ciudades autónomas durante todo el año pasado Tan elevada es que, incluso, equivale por sí sola a más de la mitad de las entradas que se produjeron en Ceuta y Melilla durante todo 2015, el año en el que se registró, según los datos oficiales, una mayor afluencia de migrantes en los dos puntos calientes de la frontera sur: casi doce millares.
La presión migratoria sobre las dos ciudades autónomas ha sido toda una montaña rusa de subidas y bajadas a lo largo de los últimos tres lustros. Uno de los momentos críticos se produjo en el verano de 2005, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Fueron seis semanas de saltos continuos a las verjas fronterizas, de ahí que este hecho pasase a conocerse como la crisis de las vallas, en las que murieron más de una decena de migrantes. El Ejecutivo central llegó incluso a desplegar al Ejército en la zona, como ahora. Fue en esos meses cuando el Gobierno tomó la decisión de reforzar las verjas, incrementando su altura y colocando las polémicas concertinas, y ofrecer a Marruecos ayuda económica y política frente a la crisis. "Marruecos, que ha sido país de tránsito para la inmigración ilegal, se está convirtiendo en país destino, y hay que darles solidaridad", dijo entonces el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
En aquel crítico 2005 entraron irregularmente en Ceuta y Melilla 5.566 personas, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Luego, la presión sobre las dos ciudades autónomas fue rebajándose. Al año siguiente, la cifra se situó en los dos millares, al tiempo que la tensión se trasladaba a Canarias –la denominada crisis de los cayucos–. Y en los cuatro ejercicios posteriores, se colocó algo por encima de un millar: 1.553 en 2007, 1.210 en 2008, 1.108 en 2009 y 1.567 en 2010. Sin embargo, coincidiendo con el estallido de la Primavera Árabe, la presión volvió a incrementarse. En 2011, cuando se produjo la salida de Zapatero de la Moncloa y la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno, se contabilizaron en las dos ciudades autónomas 3.343 entradas irregulares, mientras que en 2012 y 2013 las cifras se situaron en las 2.841 y 4.235, respectivamente.
Desde entonces, y con la única excepción del primer año de pandemia, no se ha conseguido volver a las cifras inmediatamente posteriores a la crisis de las vallas. El número de llegadas a las dos zonas fronterizas se ha instalado por encima de la barrera de las 6.000 anuales. Los niveles más altos se registraron en 2015, donde Interior contabilizó nada menos que 11.624 entradas, frente a las 7.485 de 2014. Aquel fue el año en el que la crisis de refugiados golpeó con dureza a la Unión Europea. Una oleada de movimientos migratorios que se produjo en un contexto de guerra civil tanto en Libia como en Siria. De hecho, las cifras que manejaba entonces el departamento dirigido por el conservador Jorge Fernández Díaz mostraban que más de seis de cada diez migrantes que habían ingresado en las urbes españolas del norte de África eran originarios de este segundo país.
Con los sucesos de las últimas horas, el número de llegadas a las dos ciudades autónomas hasta mayo ya es el segundo más elevado de los registrados anualmente desde 2005 –solo superado por 2015–. Es decir, aunque en los próximos meses no hubiera ni una sola entrada irregular más en Ceuta o Melilla, 2021 ya sería el segundo ejercicio con mayores cifras, teniendo en cuenta las llegadas que se producen tanto por vía terrestre como marítima. Los últimos datos de Interior sitúan en 8.000 el número de personas que ya han cruzado la frontera, que se sumarían a los 679 contabilizados en enero, febrero y marzo. Una cifra que en este momento ya supera a la registrada durante el 2020 de pandemia –2.228– y los cuatro ejercicios anteriores: 6.443 en 2016, 6.798 en 2017, 8.288 en 2018 y 7.899 en 2019.
Millones europeos para controlar los flujos migratorios
En los últimos años, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pedido en varias ocasiones a la Unión Europea que incremente el respaldo económico a Marruecos para hacer frente a la migración irregular. En octubre de 2018, en medio de lo que el Gobierno calificó de "presión sin precedentes", España comenzó a presionar en Bruselas para lograr un desembolso sustancial a favor de Rabat que ayudase a contener los flujos en la frontera sur. Un par de semanas más tarde, el Ejecutivo comunitario acordaba un paquete de financiación de 140 millones de euros a corto plazo para el Estado vecino. "Para Madrid, las relaciones entre España y Marruecos no son solo relaciones bilaterales, se trata más bien de una política de Estado y una verdadera asociación estratégica y global", defendía pocos meses después el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, durante una visita oficial al país árabe.
Marruecos es, de hecho, la segunda cartera de cooperación más importante de la UE en materia de migración. Desde 2014, Bruselas le ha inyectado 343 millones de euros en programas de apoyo a la gestión migratoria, según se desprende de un informe reciente del Consejo de la Unión Europea, fechado en abril de 2021. Aquel documento reconocía los "esfuerzos significativos" que el país había llevado a cabo en la gestión de flujos migratorios y en las "salidas irregulares" hacia España. Sobre todo, decía, tras el "sustancial apoyo" financiero que se le proporcionó en 2018. Sin embargo, desde Rabat siempre han considerado que el respaldo es insuficiente. De hecho, otra memoria económica de la UE a la que tuvo acceso El País recogía que las autoridades marroquíes calculaban que solo los esfuerzos en medios materiales y humanos para luchar contra la inmigración irregular necesitan una inversión de 3.500 millones de euros entre 2020 y 2027.
También el Ejecutivo español ha aprobado este mismo martes la entrega de 30 millones de euros al Ministerio del Interior de Marruecos para "colaborar" en la financiación de la policía. La partida, adelantada por infoLibre y destinada oficialmente a la "financiación de los gastos derivados de las actividades dedicadas a la vigilancia de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular", incluye los "despliegues operativos", junto con "los gastos de mantenimiento de los materiales empleados por los servicios policiales marroquíes" en el desarrollo de las actuaciones de colaboración con España en la vigilancia de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular que tiene como destino las costas españolas. En 2019, el Ejecutivo ya concedió una ayuda de 32,36 millones al país vecino para sufragar los gastos incurridos en los despliegues operativos, entre otras cuestiones. Y un año antes, entregó 75 vehículos todoterreno a las autoridades marroquíes con cargo al capítulo 7 del presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El acuerdo de 1992
El Ejecutivo ha dejado claro desde el primer momento que devolverá a los migrantes que han cruzado irregularmente la frontera. "Ya hemos devuelto a 2.700 personas y estamos procediendo a devolver al resto. Vamos a revertir esta situación", aseguraba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. A primera hora de la tarde, su departamento aseguraba que ya se habían producido en torno a 4.000 devoluciones y que los equipos conjuntos de Extranjería y Científica de la Policía Nacional ya habían establecido un sistema de trabajo para operar las 24 horas del día y agilizar los trámites. Unas expulsiones que, según ha explicado Interior en las últimas horas, se están llevando a cabo en aplicación del acuerdo entre España y Marruecos relativo a la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, que data de 1992.
Inmaculada González, abogada de Andalucía Acoge en la delegación de Ceuta, muestra algunas dudas al respecto. Así, por ejemplo, recuerda que, en principio, este texto solo podría utilizarse para devolver a ciudadanos de terceros países. De hecho, así se especifica en el primer artículo: "Las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requiriente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del Estado requerido". La solicitud de readmisión debe ser presentada en los diez días posteriores a la entrada y en ella tienen que constar "todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída y a las condiciones de su entrada".
"Ese acuerdo no está hecho para actuar inmediatamente", explica González, quien recuerda que todas esas personas tienen "derecho", si así lo consideran oportuno, a pedir "protección internacional" y teme que los procedimientos puedan no estar realizándose "con todas las garantías" legales. "Y en caso de que soliciten protección internacional, no pueden volver a su lugar de origen hasta que se resuelva el expediente", coincide la abogada experta en extranjería Paula Schmid. De hecho, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han lanzado un comunicado en el que recuerdan al Ejecutivo central, apoyándose en dos sentencias recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, que "las expulsiones colectivas" no están permitidas y que "debe individualizarse cualquier tipo de medida".
En cuanto a los menores, Schmid y González recuerdan que no se les puede devolver inmediatamente. "Son niños y hay que darles protección. Hay que ver de dónde son, quiénes son sus padres y si tienen, su edad o si forman parte de una red de explotación infantil, por ejemplo", dice la primera letrada, quien también recuerda que en el caso de las mujeres es necesario analizar con detenimiento la situación porque "suelen ser víctimas de trata directa o indirectamente" y se resiste a colgar el teléfono sin dejar clara una cosa cuando se hace referencia a "inmigrantes ilegales": "Entrar sin visado no es un delito, es una infracción administrativa, pero no un delito".
Nunca antes España había registrado una presión migratoria tan fuerte como la vivida en Ceuta en las últimas horas. En solo una jornada, el Ministerio del Interior ha contabilizado al menos 8.000 entradas irregulares en la ciudad autónoma. No hay precedentes similares. Ni siquiera en noviembre de 2020, cuando fueron rescatadas en las costas canarias 1.500 personas en veinticuatro horas –cinco veces menos–. La cifra de llegadas es tan alta que cuadruplica la registrada en el conjunto de las dos ciudades autónomas durante todo el año pasado Tan elevada es que, incluso, equivale por sí sola a más de la mitad de las entradas que se produjeron en Ceuta y Melilla durante todo 2015, el año en el que se registró, según los datos oficiales, una mayor afluencia de migrantes en los dos puntos calientes de la frontera sur: casi doce millares.