La moción de Cs de apoyo al Gobierno ante el 1-O avanza en Andalucía tras fracasar en el Congreso

A las puertas del 1-O, una derivada del debate político sitúa a Andalucía en el punto de mira. O, más que a Andalucía, a Susana Díaz y sus relaciones con Pedro Sánchez, divergentes en la cuestión territorial en un momento crucial de la crisis catalana. El parlamento de la comunidad más poblada de España debate este jueves la misma proposición no de ley PNL de Ciudadanos que tumbó el Congreso de los Diputados por el rechazo del PSOE: un texto de apoyo a las instituciones del Estado, incluido el Gobierno del PP, ante la convocatoria del referéndum de independencia, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional. El PSOE andaluz, que está de acuerdo con el sentido del texto, se ve emparedado por una situación endiablada. Por un lado, una instrucción de Ferraz a todas las direcciones regionales ordena que no respalden este tipo de iniciativas, que Sánchez considera expresamente diseñadas para subrayar las divisiones en el PSOE; por otro lado, un voto contrario debilitaría la coherencia de la trayectoria de Díaz sobre Cataluña. Y ello "a 48 horas de la mayor amenaza a la convivencia constitucional en nuestro país desde el 23 de febrero [de 1981]", en palabras de Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz. ¿Qué hacer?

El grupo socialista andaluz ha presentado dos enmiendas, que Ciudadanos da por aceptadas al no incluir la apelación al "diálogo" y el "pacto" que quebró el acuerdo con el PSOE en el Congreso. A primera vista, podría parecer que el asunto está resuelto. C's acepta las enmiendas, las incluye en la moción y todo resuelto. Pero ello supondría incumplir la instrucción de Ferraz, que dice: "Que nos abstengamos de entrar en la dinámica de respaldar iniciativas del mismo carácter [que la presentada por C's en el Congreso] presentadas por otras fuerzas políticas en el marco institucional sin previa autorización por la Comisión Ejecutiva Federal". ¿Entonces? Jiménez aseguró este miércoles que el voto no está decidido, aunque su discurso es incompatible con una posición contraria a la iniciativa. "Vamos a trabajar por el máximo respaldo a una posición que signifique que el Estatuto respalda el orden constitucional", afirmó Jiménez, que advirtió que las negociaciones durarán hasta el último minuto. Ello garantiza la aprobación del texto, ya que sólo un voto contrario del PSOE podría tumbarlo (el PP votará lógicamente a favor). Está la opción de una abstención, que reduciría el desaire a Ferraz al tiempo que permitiría salir adelante la iniciativa. Pero serviría al PP para acusar a Susana Díaz de ponerse de perfil ante una situación de crisis institucional.

El PSOE no descarta la presentación de una enmienda "in voce", es decir, durante el propio debate de la cuestión. Desde Ciudadanos insisten en que no permitirán nada que desvirtúe el texto, y se muestran contrarios a aceptar cualquier fórmula que remita a lo presentado por los socialistas en el Congreso. Este miércoles sí que hubo una coincidencia en el discurso de Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, y Mario Jiménez, portavoz socialista. La posibilidad de un "diálogo" después del 1 de octubre, especificando que sería después, no como hacían las enmiendas del PSOE en el Congreso. Antes del 1 de octubre, insistió Jiménez, la prioridad es la defensa del "orden constitucional". Después "va a volver a florecer el problema político" que habrá que abordar, subrayó. Marín, sin hacer ningún énfasis en el diálogo, sí aseguró al ser preguntado por el mismo que esa cuestión tocaría en todo caso después del domingo. No obstante, desde Ciudadanos se muestran de momento reacios a cualquier enmienda "in voce" que sirva para camuflar las diferencias entre Díaz y Sánchez. Los socialistas creen posible "mejorar la moción" hasta el último minuto. Sabemos que los debates en los temas de gran trascendencia se producen hasta el momento de la votación", dijo Mario Jiménez. Hay que recordar que el PSOE y C's son socios de legislatura, y que ambos partidos acaban de cerrar un acuerdo para los presupuestos de 2018 que prolonga su acuerdo hasta el final de la legislatura, si bien en el tema catalán tiene mucho que decir Albert Rivera desde Madrid.

Las diferencias entre la posición del PSOE en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso son palpables, sobre todo en un aspecto políticamente fundamental: el diálogo y la solución pactada. En Madrid la enmienda socialista pretendía incluir en la PNL un nuevo punto para "instar a todos los representantes de la pluralidad y la diversidad de la sociedad catalana y del conjunto de la ciudadanía española a abrir un espacio de diálogo y buscar una salida pactada y legal", una propuesta en línea con la comisión abierta en el Congreso para estudiar el conflicto catalán y eventualmente formular propuestas para cambiar el modelo autonómico. Esto resultó inadmisible para Alberto Rivera y los suyos, que lo rechazaron. La PNL no fue aprobada en el Congreso, de forma que en teoría se produjo un varapalo para C's y para el Gobierno del PP, pero en la práctica tuvo lugar una muestra de división del PSOE, ya que cuatro diputados votaron a favor de la propuesta (tres de ellos, andaluces, asegurando que fue por error).

Juan Marín, líder de C's en Andalucía, considera que este escenario de diálogo al que aludía la enmienda promovida por Pedro Sánchez corresponde al 2 de octubre. Es decir, nada que hablar ni dialogar con un referéndum ilegal encima de la mesa, en todo caso después. Desde la formación naranja llevan días subrayando que, si la pretensión del PSOE en Andalucía era tapar su conflicto con Sánchez forzando a Ciudadanos aceptar lo que rechazó en el Congreso, se llevaría una decepción. Las enmiendas del grupo socialista en Andalucía no mencionan el diálogo. El propio Marín afirma que, sin esa alusión, los cambios en la PNL presentados por el PSOE son perfectamente asumibles.

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Los cambios propuestos por el partido de Susana Díaz se centran en tres aspectos: uno) "mostrar apoyo" a los alcaldes que "defienden con firmeza la legalidad constitucional en Cataluña" y "condenar" las "intolerables presiones y amenazas" que están sufriendo, en sintonía con lo planteado por el partido en el Congreso; dos) "manifestar de nuevo el compromiso" de Andalucía con la "igualdad entre todos los territorios que conforman el Estado español", un subrayado a la posición más reiterada por Díaz, que desconfía de la "plurinacionalidad"y de las posibles "asimetrías" que pueda implicar; y tres) declarar "apoyo y reconocimiento a los ciudadanos de Cataluña, y en especial a los andaluces que allí residen, que respetan las leyes democráticas y el Estado de derecho".

Ni una alusión al "diálogo" ni a la "salida pactada y legal", que eran las líneas rojas de Ciudadanos. Esto es consecuente con la posición públicamente expresada ya por los máximos dirigentes del PSOE andaluz, partidarios de dar prioridad absoluta al cumplimiento de la legalidad hasta el 1 de octubre y, a partir de ahí, empezar a contemplar escenarios de diálogo.

"No veo mucha dificultad" en aceptar las propuestas del PSOE andaluz, dijo el propio Juan Marín. El máximo dirigente de C's en Andalucía niega que la iniciativa busque subrayar las discrepancias en el seno del PSOE, que en el caso de Pedro Sánchez y Susana Díaz son evidentes, e insiste en que lo extraño es que "la defensa de la ley" pueda generar división en un partido constitucionalista. Podemos e IU votarán en contra.