“El 60% de los españoles considera que la amnistía es injusta y un privilegio”. Este es el principal titular que dejó este lunes la encuesta realizada por El País y la Cadena Ser sobre la proposición de ley registrada en el Congreso que el PSOE y Sumar sacarán adelante en los próximos meses con los grupos independentistas y nacionalistas dentro del pacto de la investidura de Pedro Sánchez. Un dato leído con mucha atención en La Moncloa y en Ferraz.
El propio Sánchez prometió luz y taquígrafos sobre esta ley que impregna toda la política española y que la derecha ha cogido por bandera para arremeter contra el Ejecutivo en el Parlamento, los medios y las calles. Pero este fin de semana tuvo lugar la reunión entre el PSOE y Junts en Ginebra (Suiza) que ha provocado polémica por la opacidad. Los socialistas apelan a la discreción pero sostienen que todos los acuerdos se hacen y se harán públicos.
En La Moncloa y en Ferraz son conscientes de la situación sobre esta norma. El propio Sánchez reconoció en una entrevista en la Ser que sabe que no cuenta con el aplauso mayoritario de la ciudadanía. Por lo tanto, entienden que hace falta todavía mucha más pedagogía. En el círculo cercano al presidente del Gobierno, indican fuentes gubernamentales, subrayan que están en la “fase didáctica del entendimiento”.
El presidente se afana estos días en argumentar los motivos para esta ley y dio el jueves pasado una entrevista en La hora de la 1 en TVE y este lunes en la Cadena Ser en el programa de Ángels Barceló donde desplegó las dos vertientes para su aprobación: un paso consecuente con su política de convivencia, aunque no lo quería dar tan pronto, y su utilidad para poder tener un Gobierno progresista frente a la alianza del Partido Popular y la ultraderecha.
Se necesita tiempo para ver los efectos
En La Moncloa están convencidos de que esta ley con el tiempo acabará siendo aceptada por la mayoría de la sociedad que ahora no la comprenden, manifiestan fuentes del Ejecutivo. Por eso, confían en que pasará igual que con los indultos. Sánchez apeló a los “efectos balsámicos” de esa futura proposición y sus futuros resultados para la convivencia dentro de Cataluña y entre Cataluña y el resto del país.
En el núcleo duro del presidente, por tanto, entienden que el nivel de aceptación no puede crecer de un día para otro y en ese sentido el propio Sánchez está pidiendo confianza a los ciudadanos para que comprueben con el tiempo lo que supondrá la norma para resolver la crisis territorial, que tuvo su punto más fuerte en octubre de 2017 con el referéndum ilegal.
Y no es una labor de pedagogía que sólo va a hacer Sánchez. Como indican fuentes del Palacio de La Moncloa, serán varias voces las que se desplieguen para explicar esta proposición de ley y para qué puede servir. A ellos de dedicarán especialmente, concretan, la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la nueva portavoz, Pilar Alegría.
Nombre fuera del Gobierno
Pero también, apostillan las fuentes, se tirará de otros nombres para ayudar en esta fase de explicación. Serán las voces “muy cualificadas” del portavoz en el Congreso, Patxi López, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y del exministro de Sanidad y actual líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa.
Esas voces ya se están empleando a fondo. Zapatero protagonizó un acto hace dos domingos junto a Pedro Sánchez en el recinto ferial de Ifema, donde hizo una defensa cerrada de la amnistía y reivindicó que “España no se rompe”. Por su parte, Illa fue el protagonista este pasado domingo de un acto junto al candidato a Lehendakari por parte del PSE-EE, Eneko Andueza. Su mensaje fue que, frente a los augurios de las derechas, España no va a desaparecer, además de censurar a quienes tienen “miedo de hablar con los que piensan distinto”. López también defiende la ley de manera cerrada en las filas del Congreso y en las ruedas de prensa que da en la Cámara Baja.
La encuesta hecha pública por El País y la Cadena Ser refleja que sólo el 38% de los ciudadanos reivindica la convivencia como valor de la amnistía, mientras que sólo el 33% indica que servirá para la integración. Y los datos evidencian especialmente la división dentro del propio Partido Socialista, donde el 58% del electorado cree que se trata de un privilegio.
Por comunidades autónomas, recoge el sondeo, los niveles más altos de aceptación de esta proposición de ley se dan en Cataluña y en País Vasco, mientras que los niveles más bajos corresponden a Madrid, Castilla y León y Andalucía. Por sectores de voto, las cuotas de más respaldo se corresponden a los nacionalistas y a los que apoyan a Sumar. Los votantes socialistas tienen sensaciones contradictorias, que se mueven entre elementos de rechazo pero también la esperanza de los posibles efectos posibles.
A esa confianza en el futuro van a apelar Pedro Sánchez y los suyos durante estos meses con esa idea de efectos “balsámicos”. Por ello están lanzando paralelismos, como que la derecha acabará beneficiándose de esta norma, que conlleva la vuelta al tablero nacional de partidos independentistas, como sucedió con la ley del divorcio o del matrimonio igualitario.
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Otro de los terrenos pantanosos en los que se mueve el Gobierno son las reuniones con Junts en el extranjero. Pero Sánchez las defendió este mismo lunes y avanzó que habrá más fuera y dentro del país, además de justificar la necesidad de que haya un verificador en este proceso. Otro de los argumentos que se despliegan es que trata de negociaciones entre partidos y no entre Gobiernos (el presidente recordó, en cambio, que el Ejecutivo de José María Aznar negoció con ETA en Suiza).
El Gobierno va a impulsar, en paralelo, un fuerte paquete de medidas sociales durante estas semanas con el que quiere hacer evidente la necesidad del pacto para tener un Ejecutivo progresista, por lo que tienen en mente la subida de las pensiones, el incremento del salario mínimo y la aprobación de la gratuidad del transporte para los jóvenes a partir del 1 de enero del año que viene. También este martes el Gobierno dará luz verde a la ley de paridad en los órganos de poder.
Y lo que también quiere despejar el Gobierno es cualquier duda en la vertiente internacional sobre la amnistía. El propio Sánchez comentó que ningún mandatario internacional le ha preguntado sobre esta ley, mientras que sí recibió felicitaciones por armar una mayoría en el Congreso durante su participación en la cumbre del clima este fin de semana en Dubai. Lo que sí el presidente está remarcando durante estos días, con motivo de los cinco años del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, es el “secuestro” del PP de este órgano: “No hay caso más paradigmático de lawfare en España de politización de la justicia”.
“El 60% de los españoles considera que la amnistía es injusta y un privilegio”. Este es el principal titular que dejó este lunes la encuesta realizada por El País y la Cadena Ser sobre la proposición de ley registrada en el Congreso que el PSOE y Sumar sacarán adelante en los próximos meses con los grupos independentistas y nacionalistas dentro del pacto de la investidura de Pedro Sánchez. Un dato leído con mucha atención en La Moncloa y en Ferraz.