La amnistía que todo lo tapa
Nos adentramos en la semana del aniversario redondo. 45 años ya de la Constitución española, en medio de una gran tensión política por la tramitación de la ley de amnistía y la brecha constitucional que, según sus detractores, se abre con su aprobación. Vienen días de golpes en el pecho y proclamas tras semanas de manifiestos y desgarros emocionales que nunca se han producido (ni tampoco se esperan) a cuenta de las muchas amenazas que emborronan la letra de la ley fundamental.
Hay más de un millón de andaluces esperando cita con el especialista (841.731) o para pasar por quirófano (203.375) mientras las autoridades autonómicas salen en los informativos nacionales clamando por los derechos arrebatados a los andaluces a cuenta de la amnistía. Pasan por alto que parten ya de condiciones de flagrante desigualdad: Andalucía es la comunidad con más personas en la cola para que las vea el traumatólogo o el internista. La protección de la salud es un derecho de todos los españoles, está previsto en el artículo 43 de la Constitución, pero a Moreno Bonilla le sale más rentable promover ceremonias de elogios a la bandera de Andalucía (se han vuelto rabiosamente autonomistas) y acudir a manifestaciones en defensa de España, que vuelve a romperse en los argumentarios más inflamados.
Supongo que en el PSOE eran conscientes de ello pero, llegados a este punto, ya no queda ninguna duda de que la amnistía ha sido el gran balón de oxígeno que Pedro Sánchez ha concedido a Alberto Núñez Feijóo. Es la gran razón que le permite aguantar con una oposición de hierro y también la perfecta excusa para que los presidentes autonómicos del PP hagan de la confrontación con el Gobierno su principal herramienta política. Se ha puesto la cosa de tal modo que los problemas de la sanidad andaluza, la zozobra de los ciudadanos que esperan para curarse, pasan a un segundo plano si la que está amenazada es la unidad de España. Esa alerta es el mantra instalado en un panorama informativo muy centralizado, en el que los debates nacionales arrasan la agenda mediática en cada rincón de España y los canales autonómicos cada vez están más controlados. Lo de Galicia es un clamor. El comité intercentros de la empresa que gestiona los medios a cargo de la Xunta lleva mucho tiempo alertando del “gravísimo delirio partidista” de la radio y televisión públicas. Por recordar: el artículo 20 de la Constitución consagra el respeto al “pluralismo de la sociedad” en los medios dependientes del Estado.
Parece que la amnistía es como una buena capa que todo lo tapa ante la opinión pública. Esta debería ser la legislatura del acceso a la vivienda como prioridad
La estrategia no es nueva. Es la que le sirvió al PP para hacerse con el poder en la campaña del 28-M, cuando el debate propiamente territorial pesó poco y se abrieron paso nuevas mayorías gracias a la agitación del antisanchismo, los pactos con Bildu, las acusaciones de “pucherazo” y la "suelta de terroristas” de Aznar. Después de esas elecciones hubo cambio en la Generalitat valenciana. Allí, la consejera de Justicia se dedica ahora a criminalizar a los inmigrantes. Elisa Núñez, de Vox, ha enviado esta semana una carta al ministro del Interior señalando al “multiculturalismo forzado” como causa de las violaciones grupales; como si en la memoria negra de España no hubiera quedado grabado a fuego que los agresores de La Manada eran sevillanos. Pide la consejera del popular Carlos Mazón que se ponga fin a “la inseguridad que destruye nuestra convivencia en paz”. Dice el artículo 13 de la Constitución que “los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas” que garantiza la Carta Magna, y añade el artículo 16 que se garantiza la “libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los individuos”.
Parece que la amnistía es como una buena capa que todo lo tapa ante la opinión pública. Ésta debería ser la legislatura del acceso a la vivienda como prioridad. Los padres constitucionales ya incluyeron ese derecho en el artículo 47. El derecho a una vivienda “digna y adecuada”. Mandataron a los poderes públicos a “promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Es clarísimo el espíritu constitucional, pero la primera ley específica se ha aprobado más de cuatro décadas después y ahora requiere para su aplicación de una cooperación entre administraciones que suena a utopía en este momento. Sí que hay disposición a aplicar la norma en Cataluña, pero Gobierno y Generalitat no se han puesto de acuerdo hasta la fecha sobre los municipios donde procede la declaración de zonas tensionadas. Eso sí, han abierto nuevos frentes de negociación, verificador mediante.
La Constitución que se tiran a la cara desde las trincheras de este 2023 reconoce derechos que siguen sin ser efectivos 45 años después y que, con la ultraderecha instalada en los despachos oficiales, están más amenazados que nunca. El conflicto territorial es el que más veces nos ha hecho fijarnos en su articulado y vuelve a eclipsar este aniversario. Y es cierto que la concesión de la amnistía a los encausados por el procés es una decisión de enorme calado que justifica que haya un gran debate público y también que el PSOE se equivoca si cree que solo el miedo a Vox es suficiente para justificarla mientras se reúne con Junts en el extranjero sin luz ni taquígrafos. Todo eso es innegable, pero al PP le van a faltar banderas para tapar los problemas que son de su responsabilidad y de su indiscutible competencia. Que la amnistía no da para tanto.
