El movimiento laico abre en Sevilla a contracorriente la batalla contra las inmatriculaciones

Hubo gritos coreados de "Nuestras tradiciones no se tocan" y "Dios con nosotros". El ambiente estaba cargado de dramatismo. Numerosos asistentes a la manifestación, sobre todo mujeres, ponían sus crucifijos apuntando al edificio del ayuntamiento, a cuyas puertas se concentraron miles de personas. Era una estampa impresionante. La protesta masiva celebrada en febrero de 2016 contra una propuesta de "callejero laicista" –protesta de la que fue beneficiario político el entonces opositor local Juan Ignacio Zoido (PP)– ofreció pistas elocuentes sobre la reacción de importantes sectores de población en Sevilla cuando se tocan las cosas de la religión. Hay mucha gente que reacciona mal. Mal y combativamente. Está claro que Sevilla no es una ciudad fácil para los movimientos laicos, si es que en España alguna lo es.

En Sevilla la religiosidad se cuela en ámbitos recónditos de la sociedad por la vía de su dimensión folclórica y popular. La Semana Santa es la fiesta local por antonomasia. En breve todos los medios locales empezarán a dedicar a sus preparativos más espacio que a cualquier sección. El ABC es el periódico más leído y el más influyente. La presencia del alcalde u otras autoridades en actos religiosos es frecuente. Queipo de Llano continúa enterrado con honores en la Basílica de la Macarena sin que hasta la fecha haya habido excesiva contestación popular. Son cosas de las hermandades, ahí no entra nadie. En la capital andaluza, aunque ciudad plural, contradictoria y sorprendente, hay que tener cuidado al apuntar el dedo hacia la Iglesia para no quedarse en posiciones marginales. Y más aún si se tocan las tradiciones. Begoña Gutiérrez y numerosos compañeros suyos de Podemos se pasaron semanas dando explicaciones tras el titular de una entrevista a El Mundo en 2015: "Si gobernamos y se plantea quitar la Semana Santa, los ciudadanos decidirán". Les cayó el sambenito de "partido que quiere quitar la Semana Santa" y todavía no se lo han quitado del todo.

Por todo esto, y también por la falta de un movimiento laicista potente en la ciudad, se ha demorado la creación de un espacio de crítica y denuncia de una de las prácticas de la Iglesia católica más cuestionadas: las inmatriculaciones. Es decir, la masiva y subrepticia apropiación de bienes públicos por parte de las autoridades eclesiásticas aprovechando un vericueto legal. En ciudades como Córdoba el problema de las inmatriculaciones forma parte de la agenda política local, con el banderín de enganche de la Mezquita-Catedral. En Sevilla el tema es mucho menos conocido, a pesar de que la Catedral y la Giralda fueron inmatriculadas a nombre de la Iglesia en 2010, con el único coste de la tasa de inscripción: 30 euros. El Arzobispado no ha querido dar su versión sobre aquellos hechos para esta información

Para darle repercusión pública a estas inmatriculaciones se acaba de constituir la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, que previsiblemente se presentará la semana próxima. El germen del colectivo fueron unas jornadas sobre el tema celebradas en noviembre en la ciudad. "Ahora mismo somos unas treinta personas. Nuestro punto de referencia es la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba. Queremos denunciar que el Arzobispado, por una cantidad simbólica, se hizo con propiedades que no le corresponden", explica Ezequiel Martínez, uno de los miembros del colectivo. "Todo el mundo sabe que la Giralda es un monumento almohade. La Iglesia se apropió de forma oculta de bienes que no son suyos", añade Martínez, que denuncia la "privatización" de espacios como el Patio de los Naranjos, así como la explotación comercial por parte de la Iglesia de espacios como la Catedral por los que, además, no paga impuestos. La opacidad, como ocurre con el resto de ingresos por entradas a monumentos de la Iglesia, es casi absoluta. Pero algo es sabido. Al igual que ocurre con la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla es todo un negocio.

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Apelación a la Junta 

Más que a dirigirse a las autoridades eclesiásticas para que rectifiquen, la recién creada plataforma nace para lanzar un mensaje a la opinión pública e interpelar a los poderes públicos. "La Junta de Andalucía debe velar por el patrimonio cultural y arquitectónico. Los políticos tienen que poner pie en pared a la Iglesia y defender lo público. Hasta ahora el Ayuntamiento tampoco ha hecho nada", añade Martínez, que subraya: "No vamos para nada en contra de la práctica del catolicismo en espacios como la Catedral, por supuesto". Si les cuelgan el cartel de "anticatólicos", lo van a tener difícil para convertirse en un movimiento popular.

La plataforma sufre el problema de partida de la escasez de información sobre los bienes de la Iglesi. Eso sí, tiene amarrado un dato, de octubre de 2017. Según la Agencia Tributaria de Sevilla, la Iglesia se libra en Sevilla del pago de IBI por 386 inmuebles, lo que le supone un ahorro anual de 1,51 millones de euros. La plataforma quiere saber qué inmuebles son esos, ya que el Ayuntamiento no ha ofrecido hasta la fecha esa información detallada. Aunque en teoría las exenciones son para favorecer la labor social y pastoral de la Iglesia, ésta se beneficia también de este privilegio por inmuebles que son alquilados para aparcamientos o incluso hoteles. Con todo ello la plataforma pretende ir abriendo debate sobre inmatriculaciones, impuestos y tratos de favor. Las exenciones del IBI alcanzan además a 58 inmuebles de centros concertados (algo más de 8000.000 euros al año) y a 719 de organizaciones sin ánimo de lucro (casi 3 millones), entre las que puede haber entidades de la Iglesia católica.