Este viernes Madrid acogió la primera jornada del Foro de municipios por el Pacto de Estado en materia de violencia de género, un espacio que tiene el objetivo de “poner en común necesidades y herramientas” para que el acuerdo aprobado el pasado mes de noviembre se haga efectivo y discutir el papel de los ayuntamientos en él. Sin embargo, a la luz de la presentación de los presupuestos generales del Estado (PGE) en los que se destinan 120 millones menos de los acordados, el encuentro sirvió también para mostrar el malestar de los municipios al respecto.
El pasado martes, el Ejecutivo anunció un incremento de 80 millones de euros para las partidas destinadas a poner en marcha el Pacto, cuando se había comprometido a destinar 200. Esos 120 millones recortados serán asumidos por las comunidades autónomas y los ayuntamientos con su propia financiación y no a través de una partida específica y directa, tal y como establecía el Pacto de Estado. "Las CCAA y Corporaciones Locales (CCLL) deberán incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones de euros respectivamente para financiar medidas de este Pacto", detalla el Gobierno en el texto.
Los ayuntamientos tienen un rol fundamental en la prevención, erradicación y atención integral a las mujeres que sufren violencia machista, “no sólo por ser la administración más cercana a la ciudadanía”, sino porque además tienen “la firme voluntad de tomar el liderazgo en la lucha contra la violencia machista”, defendió Celia Mayer, concejala de Políticas de Género y Diversidad, en el Ayuntamiento de Madrid, institución que junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) organiza este foro.
El Pacto “se ha roto de manera unilateral”, aseguró Mª Eugenia Rufino, presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP y que enumeró tres premisas innegociables: financiación, recuperación de las competencias y que cada mujer, viva donde viva, tenga el mismo acceso a los recursos para prevenir o trabajar sobre violencia de género. Tres demandas que se repitieron a lo largo de las intervenciones de la primera mesa redonda del día sobre sobre competencias municipales y estándares de calidad de los servicios.
La encargada de inaugurar este debate fue Rocío Fraga, concelleira de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento de A Coruña, quien definió como “estocada final” el anuncio de los PGE, pero puso en valor el papel de los ayuntamientos: “Somos expertas en hacer mucho con muy poco”. En su ciudad, se atiende a unas 800 mujeres en los Centros de Información a las Mujeres (CIM), aunque se lamentó de que podrían ayudar a más si contaran con un mayor número de profesionales. Criticó que de la red de acogida el ayuntamiento asume el 60% de los gastos, la Xunta sólo el 12% y el resto, la Diputación de Coruña y aseguró que las comunidades autónomas deberían sufragar los servicios que ya gestionan los municipios.
Por su parte, Fuensanta García, jefa de la Sección Área de Igualdad de Oportunidad del Ayuntamiento de Málaga, insistió en la labor de educación que llevan a cabo desde el consistorio en materia de prevención de la violencia de género y en las políticas destinadas a los jóvenes, debido al repunte de casos entre esta población. También destacó la sección que desde once años tienen las mujeres en el Festival de Cine de Málaga bajo el nombre Afirmando los derechos de la mujer.
El perfil de las víctimas
Sara Pérez, técnica de atención directa a las víctimas en el Ayuntamiento de Bilbao, situó el perfil más habitual de las 400 nuevas víctimas que atienden cada año en mujeres entre 36 y 45 años, aunque también señaló un aumento de la violencia de género entre los jóvenes. Censuró, por ejemplo, que las víctimas tengan que esperar hasta 10 horas para prestar declaración ante un juez cuando denuncia.
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Pérez también quiso hacer autocrítica señalando que en las campañas se invisibiliza a ciertos sectores como el de la tercera edad o el de mujeres con diversidad funcional y que desde las instituciones están “fragmentando a las mujeres” y sometiéndoles a “un peloteo constante”, en el sentido obligarlas a pasar de un sistema a otro por no estar claro quién debe hacerse cargo de su caso, como puede ser el de una víctima de violencia machista con problemática de salud mental.
Por último, Mª Eugenia Rufino, quien también es alcaldesa de Salobreña (Granada) dedicó un agradecimiento especial a Paqui Granados, la asesora jurídica de Juana Rivas que trabaja en el Centro de la Mujer de Maracena. Destacó la labor de formación a diferentes profesionales (policías, sanitarios, profesores, etc.) que están llevando a cabo y también un acuerdo plenario por el que el consistorio se hace cargo del alojamiento de víctimas y potenciales víctimas de violencia de género.
Además de esta mesa redonda sobre competencias y estándares de calidad, en la primera jornada se celebró otro debate sobre financiación y contratación en la que participaron miembros de los ayuntamientos de Barcelona, Sevilla y Valencia, además de Carlos Prieto, de la FEMP. El sábado se establecerán diferentes grupos de trabajo con el objetivo de “aproximar un posicionamiento común de los municipios en los ejes abordados en las mesas” para luego presentar las conclusiones en una reunión plenaria. Casi 40 municipios, organizaciones municipalistas y feministas, sindicatos y partidos políticos participan en este encuentro.
Este viernes Madrid acogió la primera jornada del Foro de municipios por el Pacto de Estado en materia de violencia de género, un espacio que tiene el objetivo de “poner en común necesidades y herramientas” para que el acuerdo aprobado el pasado mes de noviembre se haga efectivo y discutir el papel de los ayuntamientos en él. Sin embargo, a la luz de la presentación de los presupuestos generales del Estado (PGE) en los que se destinan 120 millones menos de los acordados, el encuentro sirvió también para mostrar el malestar de los municipios al respecto.