Tumbar el muro de silencio y secretismo construido alrededor de determinados acontecimientos históricos ha sido una de las reclamaciones históricas de los nacionalistas vascos. Legislatura tras legislatura, siempre el mismo grito: "¡Abra los archivos!". Da igual quién esté al frente del Gobierno, o que éste sea progresista o conservador. Eso es lo de menos. Aquí lo importante, el verdadero reto democrático, es reformar esa Ley de Secretos Oficiales que permite dejar bajo llave con carácter indefinido determinada información. Una norma que se erige como muro infranqueable a la hora de reconstruir el pasado. Y que obliga a los historiadores, en muchos casos, a buscarse la vida en archivos extranjeros para tratar de aportar información sobre cuestiones que en suelo español son inaccesibles.
La legislación sobre secretos oficiales nació en plena dictadura. En concreto, fue ratificada en el Palacio del Pardo por Francisco Franco el 5 de abril de 1968. Y, desde entonces, sólo ha sufrido una ligera reforma durante la Transición. Casi medio siglo después del fin del franquismo, la redacción de la Ley de Secretos Oficiales es anacrónica. Y lo es, principalmente, porque no contempla plazos de publicidad, a diferencia de lo que sucede en algunos Estados de nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que si el órgano que en su día se encargó de la clasificación de determinados documentos no los desclasifica de forma expresa, toda esa información puede permanecer eternamente bajo llave.
Tan anacrónica es la norma que contempla que tiene potestad para calificar papeles la Junta de Jefes del Estado Mayor, que ya ni siquiera existe. Y lo mismo sucede con el decreto que la desarrolla. Firmado por el entonces vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, el texto dedica uno de sus artículos solo y exclusivamente al cambio de las "combinaciones de las cerraduras de los equipos de seguridad". Y otro a los procedimientos para la destrucción de emergencia de material calificado: "Será destruido por medio del fuego, procedimientos químicos o, cuando tales medios no existan, por medio de artefactos que los reduzcan a pulpa o fragmentos tan minúsculos que imposibiliten su reconstrucción".
De la descolonización del Sáhara a la Político Social
El cerrojazo de los secretos oficiales ha terminado por convertirse en un muro infranqueable para los historiadores. "A partir de mediados de los sesenta ya te empiezan a poner problemas para acceder a determinada información", explica al otro lado del teléfono Gutmaro Gómez Bravo, profesor titular de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y del Franquismo (Gigefra). Cuando eso pasa, no queda más remedio que cursar una petición de acceso. Y rezar para que, por lo menos, sea atendida. Algo que no es fácil, apunta, en materia de política exterior o de seguridad.
Un bloqueo continuo de información "importante" para quienes se encargan de reconstruir el pasado que, en opinión de Gómez, "no tiene sentido en la actualidad". El historiador Ángel Viñas, autor de numerosas obras sobre la Segunda República o la Guerra Civil, tampoco comprende cómo es posible que continúe este cerrojazo casi medio siglo después del fin de la dictadura. "Quitando dos o tres temas que nunca he querido identificar públicamente, no veo motivo para que no se abran todos los archivos hasta el año 1975. No hay nada de lo que el sistema democrático español tenga que avergonzarse", concede en conversación con infoLibre el también diplomático y exasesor en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Varios cientos de historiadores avisaron hace casi un lustro de los problemas que les ocasionaba el candado en sus estudios. "Investigaciones se ven a menudo imposibilitadas por la falta de plazos claros y razonables de desclasificación de la documentación pública", alertaron a los diferentes grupos políticos. Y esto impide que en la actualidad pueda arrojarse luz sobre acontecimientos históricos tan emblemáticos como, por ejemplo, la descolonización del Sáhara. O sobre la Brigada Político Social. "No me interesa conocer la vida privada de esas personas, sino el sistema. Cuántos eran, a quién seguían, quiénes trabajaban como confidentes", dice Gómez, quien reconoce que el acceso a los archivos de Interior es toda una odisea.
"Muchas veces los archivos extranjeros son la única vía"
El historiador Diego Martínez López ha estado investigado recientemente la presencia de españoles en los campos de concentración nazis. "El objetivo era entender cómo fue la intervención del régimen franquista en esta materia", cuenta. Pero solo se ha encontrado piedras en el camino. "No hemos sido capaces de acceder a los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores", explica. El fondo se abrió a consulta hace décadas. "El problema es que lleva años sin poderse consultar. Alegan que está en obras", cuenta Martínez. Unos trabajos que comenzaron durante la época de Mariano Rajoy. Y que parecen continuar en la actualidad. "Temporalmente cerrado al público por obras en las instalaciones", puede leerse en la página web del Ministerio de Cultura.
–"¿Y qué hacéis cuando os topáis con ese muro alrededor de determinadas cuestiones?", pregunta este diario.
–"En muchas ocasiones, los archivos extranjeros son la única manera de trabajar cuando te encuentras asuntos vetados", explica.
Recurrir a fuentes de fuera, a fondos ingleses, americanos o alemanes, para tratar de arrojar luz sobre la propia historia de España. Estados Unidos lleva años, por ejemplo, desclasificando documentos relacionados con el accidente nuclear de Palomares (Almería). Los archivos del otro lado del Atlántico también permiten asomarse a asuntos como el debate sobre el futuro del país tras la muerte del dictador o la política antiterrorista de la década de los ochenta y los GAL. Eso sí, siempre con cautela. "Muchas veces se mitifica en exceso la eficacia de los servicios de inteligencia extranjeros", puntualiza Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea. "Los archivos exteriores son complementarios. Pero la chicha está en los españoles", coincide Viñas.
Reformas que nunca llegan
España es de los pocos países donde la clasificación de secreto tiene carácter indefinido. En Estados Unidos, el plazo para la desclasificación automática se sitúa en los 25 años, aunque puede alargarse o acortarse en función del tipo de documento. En Alemania, por ejemplo, el tiempo de protección oscila entre los 30 y 60 años. Tres décadas que también marca la legislación de Reino Unido. Al fin y al cabo, se considera que buena parte de los documentos dejan de tener efectos sobre la política presente una vez superado ese tiempo. A pesar de ello, en muchos casos parte de la información que sale a la luz está repleta de tachones en negro en función de la sensibilidad de determinada información.
Carceller, el editor que acabó en una fosa tras conseguir que medio millón de lectores se riera de Franco
El PNV lleva planteando insistentemente desde 2016 cambiar la Ley de Secretos Oficiales. Iniciativas de reforma que permanentemente se quedan atascadas. La última, registrada antes del estallido de la pandemia, acumula ya más de seis decenas de ampliaciones de enmiendas en la Comisión Constitucional.
Y tiene pinta de que así va a continuar de forma indefinida. El Gobierno tiene previsto dar luz verde a lo largo de este año a su Ley de Información Clasificada, un texto que vendría a remplazar a la norma franquista. Según ha informado El País, el borrador sustituye los dos niveles de protección actuales –secreto y reservado– por cuatro –alto secreto, secreto, confidencial y restringido–, con plazos de desclasificación que oscilan entre los 50 años para los primeros y 5 años para los últimos.
A pesar de los planes del Ejecutivo, la formación jeltzale no ceja en su empeño de mantener vivo el debate. "Para que los tribunales actúen necesitan que ustedes les ayuden y levanten ese velo que impone la ley franquista de Secretos Oficiales", afirmaba en la última sesión de control al Gobierno el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Lo hacía apelando directamente al presidente: "¡Abra los archivos y colabore!". Y centrando el foco directamente en el caso Zabalza, el joven navarro que fue encontrado muerto a mediados de los ochenta en el río Bidasoa después de ser detenido y traslado al cuartel de Intxaurrondo por la Guardia Civil. Otro secreto de Estado. Uno más.
Tumbar el muro de silencio y secretismo construido alrededor de determinados acontecimientos históricos ha sido una de las reclamaciones históricas de los nacionalistas vascos. Legislatura tras legislatura, siempre el mismo grito: "¡Abra los archivos!". Da igual quién esté al frente del Gobierno, o que éste sea progresista o conservador. Eso es lo de menos. Aquí lo importante, el verdadero reto democrático, es reformar esa Ley de Secretos Oficiales que permite dejar bajo llave con carácter indefinido determinada información. Una norma que se erige como muro infranqueable a la hora de reconstruir el pasado. Y que obliga a los historiadores, en muchos casos, a buscarse la vida en archivos extranjeros para tratar de aportar información sobre cuestiones que en suelo español son inaccesibles.