Un año después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la primera ley que regula el derecho a la vivienda en España, todo parece indicar que la norma encara su trámite final en el Congreso. Así lo aseguran fuentes de Podemos, que confían en aprobarla en pleno a finales del mes de enero o principios de febrero, un optimismo compartido por el ala socialista del Ejecutivo.
Tal y como trasladan las citadas fuentes, el principal foco de debate se encuentra en los nuevos pisos de alquiler, es decir, aquellos que entran a formar parte del mercado por primera vez. Podemos está negociando con el PSOE que todos estos nuevos inmuebles —tanto los que estén gestionados por particulares como por empresas— se sometan al índice de referencia de los precios pactado en la ley para que la regulación en las áreas tensionadas "sea efectiva".
Actualmente la ley solo obliga a los grandes tenedores, es decir, aquellos propietarios que tengan 10 o más viviendas, a bajar por ley los precios. Pero esta medida no afecta a las personas físicas, que solo estarían obligadas a congelar los precios, pudiendo elevarlos incluso un 10% en determinadas circunstancias. Podemos considera que los propietarios de nuevos pisos que entren en el mercado del alquiler en zonas tensionadas también deben estar obligados a respetar los topes.
El concepto de gran tenedor es otra de las cuestiones que se está negociando para tratar de desbloquear la ley a petición de EH Bildu y ERC. Los aliados parlamentarios del Ejecutivo, al igual que los morados, siempre han apostado por reducirlo a cinco inmuebles. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya ha confirmado que este número se reducirá, si bien se desconoce la cifra exacta que según apuntan las fuentes consultadas estará entre los cinco y los diez inmuebles.
Otra de las cuestiones que se está negociando con los socialistas es la llamada vacatio legis, es decir, el periodo de tránsito hasta la aplicación efectiva de la norma. Esta moratoria está fijada en 18 meses, pero podría reducirse hasta alcanzar los 6. Así, el Ejecutivo ofrece un periodo, como mínimo hasta verano de 2023, para que los grandes tenedores y los nuevos alquileres se adapten a su sistema de precios.
Asimismo, desde la formación dirigida por Ione Belarra también constatan avances en materia de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esto implicaría que la normativa de emergencia aprobada a causa de la pandemia se convertiría en una ley regular. Y, por último, que "la totalidad de viviendas de la Sareb [el banco malo, de titularidad pública] han de ser incluidas en el parque público de vivienda en alquiler".
Lo que sí se mantiene es que la posibilidad de aplicar la ley recae en manos de las comunidades autónomas y las gobernadas por el Partido Popular ya han anunciado que no utilizarán la norma del Ejecutivo central. Las comunidades autónomas también deberán definir qué zonas pertenecen a las áreas tensionadas. Desde Podemos confían en que la sociedad fuerce a las autonomías presididas por el PP a aplicar la norma cuando se ponga en marcha en otros territorios.
Deducciones fiscales para combatir el mercado negro
Sobre el papel, el objetivo del ala socialista del Ejecutivo es estimular fiscalmente el alquiler de la vivienda habitacional de manera asequible con deducciones que van del 50% al 90% en el IRPF. En las áreas tensionadas en las que los caseros bajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%.
La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%. Además, con el texto actual, los propietarios que firmen un contrato de, al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato.
Transportes negocia con ERC modificar el concepto de gran tenedor para desatascar la ley de vivienda
Los socialistas se fijan en la rebaja aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que pretendía con su deducción del 60% que afloraran pisos del mercado negro. Sin embargo, este mercado sigue vivo. Según los datos del sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, el 40,8% de las viviendas destinadas al alquiler en España no se declaran: un total de 1,28 millones de propiedades.
Objetivo: aprobar vivienda y mordaza en enero
Además de la ley de vivienda, otro de los objetivos que se marca la formación morada es aprobar la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza. Este jueves se vuelve a reactivar la ponencia en el Congreso, tras los avances de hace dos semanas. El bloque de la investidura ratificó una treintena de enmiendas parciales, introduciendo cambios de calado como la introducción de un criterio de proporcionalidad vinculado a la capacidad económica del infractor o dejar sin sanción la toma y difusión de imágenes de las Fuerzas de Seguridad.
Fuentes al tanto de la negociación señalan que el próximo jueves se aprobarán más enmiendas parciales al articulado. Estas mismas fuentes creen que el pacto podría llegar a finales del mes de enero, si bien formaciones como EH Bildu no son tan optimistas. Todavía hay escollos en lo que tiene que ver con el uso de material antidisturbios en las manifestaciones como las pelotas de goma, en la famosa presunción de veracidad de los agentes en los procedimientos sancionadores. También en lo que tiene que ver con los dos artículos que más se aplican a los informadores: la desobediencia a la autoridad o las faltas de respeto a los agentes.
Un año después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la primera ley que regula el derecho a la vivienda en España, todo parece indicar que la norma encara su trámite final en el Congreso. Así lo aseguran fuentes de Podemos, que confían en aprobarla en pleno a finales del mes de enero o principios de febrero, un optimismo compartido por el ala socialista del Ejecutivo.