El Gobierno ha declarado este martes, tras el Consejo de Ministros, la emergencia climática: reconociendo así que la crisis necesita medidas ambiciosas, de amplio alcance y urgentes para evitar los peores efectos del calentamiento global en el país más expuesto del continente. Activistas y expertos suelen criticar que este tipo de posicionamientos sean vacíos, únicamente de carácter simbólico, y no estén acompañados de medidas para pasar de las palabras a los hechos. El Ejecutivo, sin embargo, ha recogido el guante y ha presentado cinco actuaciones a llevar a cabo en sus primeros 100 días, así como 25 "líneas prioritarias" que, asegura, guiarán su labor climática durante la legislatura. La primera y más evidente es llevar al Parlamento la Ley de Cambio Climático, elaborada desde hace meses y en un cajón por las sucesivas convocatorias electorales. Pero no basta con una ley, igual que no es suficiente instalar a mansalva renovables y cerrar las centrales de carbón para afrontar con garantías el enorme reto. infoLibre selecciona cuatro de estas medidas anunciadas este martes que se salen de lo habitual y que demuestran que se necesita un enfoque, ante todo, multidisciplinar ante lo que ya tenemos encima.
1. Una transición justa también para el sector agrario
Una de las medidas a tomar por el Gobierno en sus primeros 100 días de mandato será la de "impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario". Con respecto al modelo industrial, y a pesar de la vaguedad de la redacción, está claro a qué hace referencia: tanto las minas como las centrales de carbón están viviendo sus últimos años de vida y otro tipo de industrias, como la electrointensiva, están encontrando dificultades para sostener sus modelos de negocio, en ocasiones altamente contaminantes. Los trabajadores piden desde hace años no quedarse en la estacada: que la lucha contra el cambio climático no les conduzca al desempleo y a la exclusión social, porque ellos son los menos culpables. El departamento de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera es consciente de esta necesidad y cada vez que tiene oportunidad proclama su intención es que "nadie quede atrás". El Ejecutivo está ultimando el Convenio de Transición Justa para la central de Andorra (Teruel) que echará el cierre en junio de 2020, uno de los casos más urgentes. Pero el Gobierno también menciona al sector agrario.
España tiene un problema con el agua. Buena parte del sureste español vive de los cultivos de regadío, que necesitan unos recursos hídricos que no tienen y cuyo impacto ambiental, entre otros factores, ha dejado al Mar Menor en estado crítico. Hasta ahora, los regantes, que presionan todo lo que pueden y que cuentan con la simpatía de la derecha local y estatal, han seguido con su actividad económica pese a las restricciones y las prohibiciones de las diversas normativas y gracias al trasvase Tajo-Segura. Sin embargo, el escenario climático cada vez hará más difícil de mantener el equilibrio: se esperan menos precipitaciones, más evapotranspiración de las masas de agua y muchas más tormentas destructivas, sequías y olas de calor prolongadas. Ni Ribera ni la Vicepresidencia cuarta han aclarado si "la transformación de nuestro modelo agrario" implica reducir las hectáreas de regadío en provincias como Albacete, Almería o Murcia, como reclaman desde hace tiempo los ecologistas, o se tratará solo de más restricciones y de más modernización de los cultivos: en todo caso, el compromiso del Ejecutivo, también con el campo, es el de no dejar a ningún trabajador en la estacada.
La Vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros junto a Montero y Darias.
2. La educación ambiental, presente
Los educadores ambientales que hacen campaña en redes sociales a favor de la inclusión de esta temática en los currículos educativos siempre han agradecido la cercanía con la que les ha tratado la Vicepresidenta cuarta del Gobierno, participando incluso en sus quedadas semanales en Twitter a través del hashtag #EA26. Hace poco Ribera fue fotografiada en su despacho con un peluche de un unicornio, la curiosa mascota que escogieron estos educadores organizados. Y ahora el guiño se convierte en compromiso: por primera vez, el Gobierno ha anunciado que reforzará "la incorporación de los contenidos de cambio climático en el sistema educativo y a aprobar en el año 2020 un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad".
"Es muy positivo que aparezca este compromiso. Genial que muestre vinculación entre emergencia climática y educación ambiental como solución", han valorado este martes. La educación ambiental es vital para la lucha contra el cambio climático: forma una ciudadanía crítica, más proclive a movilizarse ante el reto, que conoce las causas y las consecuencias del fenómeno y que es mucho más invulnerable al negacionismo anticientífico de muchos sectores. La extrema derecha representada por Vox en el Parlamento utiliza términos como "camelo climático" para negar que el calentamiento global sea algo de lo que preocuparse (o algo real, en algunos casos), pero con la inclusión de contenidos extensos sobre el clima en el sistema educativo, no podrá utilizar lo que llaman "pin parental" para oponerse, ya que solo sirve para los talleres fuera del currículo oficial.
3. Una adaptación más necesaria que nunca
El Gobierno se ha comprometido a presentar en sus primeros 100 días el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Además, elaborará y publicará antes de 2021 una Estrategia para la Protección de la Costa Española "que enmarque los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más afectados por el proceso erosivo, que contemplarán las medidas de gestión y las inversiones necesarias". Las imágenes de la costa mediterránea de este martes convierten en muy urgentes estas medidas. La borrasca Gloria ha generado la mayor ola jamás medida en el Mediterráneo occidental y se ha batido el récord de sobreelevación del nivel del mar en Baleares con 80 centímetros. El jefe del Servicio de Playas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Daniel Palacios, ha señalado en una entrevista en la emisora municipal Betevé recogida por La Vanguardia que este temporal "es el peor desde 2003 y, probablemente, de este siglo". El agua se ha comido decenas de paseos marítimos a lo largo de toda la línea de costa catalana, valenciana y balear. No es casualidad: el cambio climático agrava los fenómenos extremos como éste.
La atmósfera no tiene fronteras, así que España puede contribuir pero no paliar el cambio climático por sí sola: necesita la cooperación de todos los países del mundo, especialmente de los más ricos, más emisores y más culpables de la crisis. Lo que sí puede hacer en solitario el Gobierno es ayudar a que el país afronte la crisis mejor preparado, evitando en la manera de lo posible los impactos más lesivos. La desertificación y la alta de precipitaciones afectarán a la agricultura; la subida de temperaturas hará el verano mucho menos soportable; vendrán más tormentas, más olas de calor, más sequías, más fenómenos destructivos; al oeste los huracanes cruzarán el Atlántico con fuerza y al este, las consecuencias de un Mediterráneo embravecido ya se están haciendo notar. Por eso la adaptación es tan importante, además de la mitigación. No solo es cuestión de reducir las emisiones de CO2.
Para ello, el segundo Plan de Adaptación seguirá la estela del primero, presentado en 2006 y que fue absolutamente pionero: España fue el segundo país del mundo, tras Finlandia, en asumir una estrategia de este tipo. Según un análisis del Ministerio, en julio de 2019 el 65,27% de las medidas recogidas en el primer plan habían sido ejecutadas y el 15,76% estaban en curso. Eso sí: en 2006 no se tenía aún el mismo conocimiento ni se había alcanzado la misma concienciación sobre la crisis climática que en la actualidad. Tampoco se están viendo, como ahora, las primeras consecuencias de un cambio climático con hechuras de presente, por lo que el nuevo documento, por lógica, deberá ser más ambicioso que su antecesor.
En cuanto a la adaptación en concreto de las costas españolas, en 2016 se publicó la Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático, que entre otras medidas planifica la construcción de elementos de protección y de estructuras para mantener la línea de costa (muros, paseos, diques, espigones…), la regeneración de playas y sistemas dunares, o el abordaje de las construcciones en primera línea de playa. La Estrategia, a su vez, prevé el llamado Plan PIMA Adapta (Plan de Impulso al Medio Ambiente) que concreta, a través de los Presupuestos, las medidas a adoptar. Los Presupuestos de 2018, aún en vigor, no le dedicaron ni un euro.
4. Sorpresa con la Asamblea Ciudadana
No se esperaba. El anuncio del Gobierno de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático ha sorprendido a propios y a extraños. Además, se constituirá en los primeros 100 días. Serán seleccionados perfiles siguiendo un criterio de paridad y de representación de los jóvenes para "garantizar de forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático". Esta participación expresa de las generaciones más jóvenes ha sido reivindicada con fuerza en los últimos meses por Extinction Rebellion, que exige un abordaje "democrático" de la crisis. El Ejecutivo, una vez más, sigue el ejemplo de Francia: Macron fue el primero en denominar a un ministerio como el encargado de la "Transición Ecológica", uniendo las competencias en Medio Ambiente y Energía.
El país galo ha sido uno de los pioneros en crear este tipo de asambleas. En su caso, se denomina "Convención de ciudadanos para la transición ecológica" y se compone de 150 franceses escogidos al azar, que debaten durante varios fines de semana y, al finalizar, elevarán sus conclusiones al Parlamento. La última sesión es este próximo fin de semana. El presidente de la República fue a la sesión del sábado 11 y se sometió durante dos horas a las preguntas de los participantes, como explicó Mediapart. Macron demostró una gran soltura con el tema y exhibió sus líneas ideológicas esenciales en cuestión de acción climática: evitó renunciar en todo momento al crecimiento económico y recomendó a los franceses la "frugalidad energética", poniendo el foco en la responsabilidad individual como solución al reto.
El Gobierno ha declarado este martes, tras el Consejo de Ministros, la emergencia climática: reconociendo así que la crisis necesita medidas ambiciosas, de amplio alcance y urgentes para evitar los peores efectos del calentamiento global en el país más expuesto del continente. Activistas y expertos suelen criticar que este tipo de posicionamientos sean vacíos, únicamente de carácter simbólico, y no estén acompañados de medidas para pasar de las palabras a los hechos. El Ejecutivo, sin embargo, ha recogido el guante y ha presentado cinco actuaciones a llevar a cabo en sus primeros 100 días, así como 25 "líneas prioritarias" que, asegura, guiarán su labor climática durante la legislatura. La primera y más evidente es llevar al Parlamento la Ley de Cambio Climático, elaborada desde hace meses y en un cajón por las sucesivas convocatorias electorales. Pero no basta con una ley, igual que no es suficiente instalar a mansalva renovables y cerrar las centrales de carbón para afrontar con garantías el enorme reto. infoLibre selecciona cuatro de estas medidas anunciadas este martes que se salen de lo habitual y que demuestran que se necesita un enfoque, ante todo, multidisciplinar ante lo que ya tenemos encima.