El nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general abre un bronco frente de batalla contra el Gobierno

La confirmación de que la nueva fiscal general del Estado será Dolores Delgado, ministra de Justicia hasta este lunes, ha abierto otro bronco frente de batalla contra el Gobierno. En ese nuevo frente, la oposición confluye en su línea de ataque con distintas asociaciones del sector, especialmente la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), de signo conservador y cuya presidenta asegura que la noticia le ha causado "estupor". La tesis de la oposición y de quienes desde el ámbito jurídico critican el paso dado por el presidente, Pedro Sánchez, podría resumirse así: que el Gobierno busca con ese nombramiento controlar y doblegar a la Fiscalía. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, negó tajante que el Ejecutivo persiga ese objetivo pero admitió la existencia de un temor a que los partidos de la derecha emprendan una "oposición irracional". A lo largo del día, otros juristas, jueces y fiscales de distintas sensibilidades también expresaron en privado su sorpresa y desconcierto. 

El ataque de mayor calado provino del PP. Año y medio después de que el partido de Pablo Casado pronosticase que la llegada de María José Segarra a la cúspide del ministerio público constituía un "flaco favor" a la independencia judicial e insinuara que su presencia al frente de la Fiscalía General se traduciría en un cambio de postura de la acusación en la causa sobre el procés –lo que no sucedió–, la principal formación de derecha se lanzó este lunes a degüello contra Delgado. Casado dirigió la carga con argumentos similares, pero mucho más vidriosos, a los que el partido empleó contra Segarra: la elección de Delgado, dijo, "sigue la línea del pacto anunciado del PSOE con los separatistas para confrontar con el poder judicial". 

Delgado recibirá su nombramiento oficial una vez el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cubra, previsiblemente este jueves, el trámite de aprobar –en un informe no vinculante– que la futura fiscal general cumple todos los requisitos legales y envíe su decisión al Gobierno para que este, a su vez, remita el asunto a la comisión de Justicia del Congreso, aún no constituida.

El PP anuncia un recurso del PP

El líder del PP anunció un recurso ante el Supremo alegando que el nombramiento de la ya exministra y todavía diputada del PSOE vulnerará el Estatuto del ministerio público, que en su artículo 59 prohíbe a los fiscales pertenecer a partidos políticos.

Desde Ciudadanos, su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, sostuvo que el paso dado por Pedro Sánchez es legítimo, pero "inmoral". Más lejos llegó el diputado de la formación naranja Marcos de Quinto: “No satisfecho con retorcer el brazo de la Abogacía del Estado, Sánchez se apodera de la independencia de la fiscalía del estado nombrando fiscal general a Dolores Delgado, su ex-ministra de justicia!!! Todo un escándalo: se inicia la venezuelización de España”.

Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, terminó de apretar la tuerca al definir el nombramiento de Delgado como "una prueba más" del "golpe institucional" que pretende llevar a cabo el presidente para que "el PSOE se apodere del Estado".

El anuncio de Pablo Casado se produjo en la junta directiva que designó como nuevo secretario de justicia de la organización a Enrique López, juez del Tribunal Constitucional hasta que, una vez que la Policía le interceptó conduciendo sin casco y tras haber consumido alcohol, pasó a ocupar una plaza en la Audiencia Nacional, que le apartó del caso Gürtel por su afinidad con el PP, afinidad que el PP negó en la práctica al asegurar que nadie había aportado "prueba alguna" de ello, y quien ahora desempeña el cargo de consejero de Justicia en el Gobierno regional de Madrid. El fiscal general del Estado, enfatizó López, debe estar sometido "al criterio de apariencia de independencia e imparcialidad". El jurista y político espera que el primer sumario de la nueva fiscal no sea "investigar un nuevo intento de muerte de Montesquieu".

El precedente de Moscoso

El único precedente del trasvase de un ministro saliente al cargo de fiscal general entrante tuvo lugar en 1986. Su protagonista fue Javier Moscoso, que era titular de Presidencia en el Gobierno de Felipe González. No hay, en efecto, ningún caso de ministro de Justicia que salte a la cúpula de la Fiscalía. Pero la ósmosis entre la política y la justicia ha sido una constante perpetua en España pese a que no el Estatuto de la Fiscalía sino la norma de máximo rango legal, la Constitución, impone a jueces y fiscales en su artículo 127 la prohibición de "pertenecer a partidos políticos o sindicatos" mientras se hallen en activo.

De esa ósmosis entre el campo político y jurídico habla el trasiego de Enrique López por el tablero de la judicatura de máximo nivel hasta desembarcar en un Ejecutivo, el de Isabel Díaz Ayuso. Pero al suyo se suman otros casos de envergadura. Tres ejemplos: en 2013 una información periodística destapó que el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, había pagado la cuota de militante del PP hasta dos años antes. Ahora mismo, el tribunal de garantías está paralizado en lo que respecta a Cataluña porque pesa una recusación sobre uno de sus magistrados, Andrés Ollero, diputado del PP durante cinco legislaturas. Y para el Senado ya en abril obtuvo un escaño el hombre que primero fue consejero de Justicia en el Gobierno de Francisco Camps, luego vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, más tarde presidente de la relevante Audiencia Provincial de Valencia y que ahora cierra de nuevo el círculo volviendo a la política activa en la Cámara Alta, Fernando de Rosa.

El resquemor por los audios de Villarejo

Ninguno de esos saltos o deslizamientos provocó una reacción de tal dimensión como la desatada por el inminente nombramiento de Delgado. En su caso, y así lo remarcaron ayer varias fuentes jurídicas cercanas a posiciones progresistas, puede jugar en su contra un factor añadido al de la conexión política: la aparición de su nombre en uno de los audios grabados por el excomisario José Manuel Villarejo.

Ese dato es observado con inquietud por fuentes políticas y jurídicas que no cuestionan la trayectoria de Delgado ni su independencia como fiscal pero que temen que el cruce de Villarejo por el escenario se utilice contra el Gobierno. "Ahora bien, no pasará nada en lo que a la instrucción se refiere no solo porque es una persona honesta sino porque es la primera que sabe de la independencia total de la Fiscalía en toda su escala", anticipó ayer una fuente que recordó cómo también a Segarra le reprocharon la oposición y ciertos medios su cercanía a Delgado y su afiliación conjunta a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y concluyeron que con Segarra el Gobierno buscaba un viraje en el juicio del procés. No fue así.

Entre las asociaciones de jueces y fiscales solo defendieron a Delgado tanto la Unión Progresista de Fiscales (UPF) como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Ambas destacaron  sus 30 años de experiencia como fiscal, experiencia que su cargo como ministra ha acrecentado: fue Delgado, fiscal antiterrorista durante años, la misma cuyo alegato evitó que Suiza logase la extradición de Hervé Falciani, el informático que destapó a miles de defraudadores. Y sobre todo, la ministra durante cuya etapa fue por fin exhumado el dictador Francisco Franco.

Pero distintos juristas de talante progresista consultados por este periódico coincidieron en que el nombramiento de Delgado puede convertirse en un permanente quebradero de cabeza. "Si un día eres ministro y al siguiente, fiscal general, te van a cuestionar todas tus decisiones aunque sean muy buenas", resumió uno de los sondeados. Varias de las personas con que habló este periódico creen que el Gobierno ha podido optar por esta fórmula porque Segarra fue incapaz de ejercer el mando sobre los fiscales de sala en un asunto capital como el del procés.

Las reacciones en el mundo jurídico

Pero la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales se mostraron muy críticas con su nombramiento como nueva fiscal general del Estado, dado que hasta "anteayer" era ministra de Justicia, algo que consideran que compromete la apariencia de imparcialidad del ministerio público, informa Europa Press.

La referencia al estupor partió de la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria de la carrera–, Cristina Dexeus, quien aseguró que la elección de Delgado es "una manera muy clara de indicar" que el Gobierno quiere tener "sometida" a la Fiscalía.

Frente al abierto descrédito manifestado por la Asociación de Fiscales, la asociación mayoritaria de jueces, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), también de signo conservador, desplegó una crítica más moderada. Su portavoz, Manuel Almenar, afirmó que, "sin cuestionar la valía técnica y la profesionalidad" de Dolores Delgado, comparte "la preocupación expresada" por representantes de la carrera fiscal "por cuanto estas actuaciones no contribuyen a reforzar la credibilidad de las instituciones". "El nombramiento como fiscal general de quien hasta ahora mismo ha ocupado un puesto muy relevante en el Gobierno y tiene la condición de diputada por una formación política puede afectar negativamente a la idea de independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado".

En el polo opuesto, la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato, –asociación de la que era miembro Delgado antes de ser ministra de Justicia– ha reconocido que el nombramiento "puede provocar reticencias". Sin embargo, destacó que "hay que dar un voto de confianza", ya que Delgado es consciente de que el fiscal general del Estado es una figura "absolutamente independiente durante su mandato".

Asimismo, para la UPF el hecho de que la nueva fiscal general haya formado parte del anterior Gobierno es algo "positivo", pues el conocimiento desde la Administración se une a los adquiridos como fiscal, carrera en la que ingresó "hace más de 30 años". Eso hace que conozca perfectamente los "principios de autonomía, legalidad e imparcialidad" y "reivindicaciones pendientes" del Ministerio Público, ha apuntado.

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) afirma que tiene "reservas" con esta propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que puede perjudicar a la "imagen de imparcialidad" del Ministerio Fiscal.

Esta opinión de los fiscales es compartida por alguna asociación de jueces, ya que ven "un poco sorprendente y negativa" la noticia que se ha conocido este lunes, pues "no transmite una imagen buena de imparcialidad" y perjudica a la "credibilidad" de los ciudadanos en la institución y en la Justicia, tal y como ha asegurado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero.

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Según Fernández, que Delgado esté a la cabeza del Ministerio Público cuando "acaba de cesar como ministra" puede "mermar la credibilidad de los fiscales que hacen su trabajo con total objetividad". Con todo ello, ha subrayado que no se pone en duda la "valía" y la "capacidad técnica" de Delgado, sino la "procedencia".

La misma consideración sostiene la Asociación Foro Judicial Independiente (FJI), que ha destacado que el problema de esta propuesta es la "confusión" que existe en el Gobierno con los "roles" que desempeñan jueces y fiscales. Así lo ha dicho su presidenta, Concepción Rodríguez, que ha afirmado que una vez más Sánchez ha demostrado no tener en cuenta la "falta de separación de poderes" y ha criticado que no haya consultado a la carrera fiscal para nombrar a la persona que recabe más apoyos de sus miembros.

En sentido contrario se ha manifestado el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD), Ignacio González Vega, que considera que el hecho de que Delgado haya sido anteriormente ministra no supone "ningún obstáculo" para desempeñar el nuevo cargo. En este sentido, ha destacado su profesionalidad y años de experiencia como fiscal, por lo que ha pedido esperar a "valorar los hechos" una vez comience a desarrollar su función como máxima representante de la Fiscalía.