Ni el PP ni el Gobierno pueden disimular su preocupación. No habían pasado este martes ni tres horas desde que se conoció que el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y otros excargos del Partido Popular y de la administración regional habían sido detenidos cuando el Comité de Derechos y Garantías de los conservadores emitía un escueto comunicado para anunciar medidas disciplinarias. Desde ese momento, "las personas detenidas en el curso de la operación policial" dejaban de ser afiliados. Se les suspendía de militancia. Y, además de recordar que Alfonso Rus ya no tenía relación con la formación desde mayo de 2015, el PP declaraba su rechazo a "cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga" y prometía adoptar "las medidas que estén en su mano para atajar cualquier actuación que infrinja la ley".
Los escándalos de corrupción, que llevan sobresaltando al PP desde que en febrero de 2009 estallaba el caso Gürtel, vuelven a poner al partido en el punto de mira en un momento extremadamente delicado, cuando a Mariano Rajoy no le salen las cuentas para la investidura.
El panorama para la formación que ostenta el Gobierno en funciones es cada vez menos abarcable porque esta semana es el caso que afecta a Rus, que fue uno de los máximos exponentes de los conservadores en la Comunidad Valenciana, pero la pasada se reabría el caso de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas con la imputación de la tesorera, Carmen Navarro, y del propio PP, siendo la primera vez que se imputa a un partido en la historia de la democracia.
Paralelamente, estallaba el caso Aquamed, que se llevaba por delante, entre otros, al número tres de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el hasta entonces subsecretario de Presidencia, Federico Ramos.
Y todo ello sin pasar por alto el caso del cobro de presuntas comisiones que en plena campaña electoral afectó al ya exembajador en la India Gustavo de Arístegui y al número dos de la lista por Segovia, Pedro Gómez de la Serna. Un goteo de escándalos en el que sectores del PP llegan a ver una "mano negra", alguien interesado en que las investigaciones se agilicen para perjudicar a Rajoy en un momento tan delicado.
"Imposible" que no afecte a los pactos
Pese a que en público los dirigentes del PP y los miembros del Gobierno en funciones se conjuraron este martes para señalar que este nuevo escándalo no afecta "en absoluto" a las negociaciones de cara a buscar pactos de Gobierno, en privado todo cambia.
Las fuentes consultadas por infoLibre admiten que, "evidentemente, no ayuda". "No es sólo la reacción, que está siendo contundente por parte de la dirección nacional, el mensaje que cala es que el partido más votado, el que aspira a gobernar, sigue salpicado por la corrupción. Es imposible que no afecte", valora un dirigente regional.
La misma fuente considera que "el golpe" de este martes, en alusión a la investigación que afecta a Rus y a otros cargos y excargos de la formación, es "brutal". "Es como el comienzo. No sabemos cómo va a avanzar ni qué lejos va a llegar", sostiene "cruzando los dedos" para que no afecte a diputados o senadores.
"Nos obliga a cambiar el pie"
"Es otra legislatura, el contador tiene que estar a cero y, aunque es innegable que hemos tomado medidas, esto nos obliga a cambiar el pie", añade un diputado conservador elegido el pasado 20-D.
Cuando esta fuente habla de que este escándalo les obliga a "cambiar el pie" se refiere a que se ven obligados a tener que responder sobre estos escándalos cuando los argumentarios del partido de esta semana estaban enfocados a presionar al socialista Pedro Sánchez y al PSOE con el fin de que volviesen a considerar la opción de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Y cuando el presidente del Gobierno en funciones se había acercado a Albert Rivera para intentar llegar a algún tipo de acuerdo que, de paso, trasladase más presión todavía al jefe de los socialistas.
La dirección nacional del PP considera que el pasado viernes, tras la rueda de prensa de Pablo Iglesias (Podemos), Ciudadanos se acabó de convencer de que era "imposible" permitir cualquier acuerdo entre el PSOE y Podemos. De ahí que el lunes Rajoy y Rivera mantuvieran una breve conversación telefónica para sentar las bases de cara a una negociación posterior a la segunda ronda de contactos del rey con los representantes de los diferentes partidos. Ahora, las detenciones en Valencia complican el escenario porque ponen al partido de Albert Rivera en una situación casi imposible. ¿Cómo explicar que apoyan al PP o que se abstienen para facilitarles las cosas? "No lo tenemos fácil, la verdad", responde uno de los dirigentes conservadores consultados.
Aire para el PSOE
Pero además estos escándalos y lo que darán de sí en los próximos días –la tesorera del PP declarará el próximo día 4–, también dan algo de tregua a los socialistas. Y les ponen en bandeja todo un arsenal de argumentos para justificar por qué no son partidarios de un Gobierno del PP.
Para empezar, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, sostuvo que la corrupción "gangrena" al PP y que ahora se entiende por qué Rajoy está "tan solo" para tratar de ser investido.
El exsecretario provincial del PP, Alfonso Rus, uno de los 24 detenidos en la macrorredada anticorrupción en Valencia
A su juicio, estos escándalos van a ser "una prevención en todos los partidos que hablen con el PP en las próximas semanas" en búsqueda de acuerdos. "Y no me extraña que así sea, que todos tengan esa prevención, porque esto parece que es un suma y sigue", subrayó.
Por su parte, Sánchez, desde su cuenta de Twitter señaló que "el suma y sigue de la corrupción del PP exige, a quienes creemos firmemente en la regeneración democrática, enviarles a la oposición".
En este contexto, hay en las filas conservadoras quien empieza a ver como opción con posibilidades un Gobierno de los socialistas con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PP. Porque unas nuevas elecciones con el desarrollo judicial de todos los escándalos que han surgido en los últimos días tendrían un resultado impredecible. "¿Quién nos dice a nosotros que no íbamos a salir peor parados?", se pregunta un parlamentario autonómico.
Ni el PP ni el Gobierno pueden disimular su preocupación. No habían pasado este martes ni tres horas desde que se conoció que el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y otros excargos del Partido Popular y de la administración regional habían sido detenidos cuando el Comité de Derechos y Garantías de los conservadores emitía un escueto comunicado para anunciar medidas disciplinarias. Desde ese momento, "las personas detenidas en el curso de la operación policial" dejaban de ser afiliados. Se les suspendía de militancia. Y, además de recordar que Alfonso Rus ya no tenía relación con la formación desde mayo de 2015, el PP declaraba su rechazo a "cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga" y prometía adoptar "las medidas que estén en su mano para atajar cualquier actuación que infrinja la ley".