En septiembre, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un paquete de medidas extraordinarias para bajar el precio de la electricidad sin apenas precedentes en el resto del continente ni en la historia de la política energética. Las grandes empresas se revolvieron y el Gobierno tuvo que rectificar dos veces: una para librar del impacto a las renovables y otra para descafeinar definitivamente la medida, para el alborozo del oligopolio. Desde entonces, la ministra y su mano derecha en el asunto, la secretaria de Estado de Energía Sara Aegesen, tienen una palabra fetiche: consenso. Quieren acordar los siguientes pasos a tomar con todos los actores implicados. No lo consiguieron con la reforma propuesta para la tarifa regulada. Y no lo están consiguiendo con la última medida puesta sobre la mesa, porque no es fácil equilibrar el interés de las empresas energéticas y el bien común.
Se trata de un ajuste en los mecanismos de lo que se conoce como Recore (renovables, cogeneración y residuos). Se trata de un grupo de generadoras de electricidad limpia que pactaron con el Estado una retribución estable y a largo plazo del recurso que generaban, incluida una rentabilidad de más del 7%: inferior a la que pueden recibir actualmente yendo a mercado, pero superior a que podrían obtener si se desploma, como ocurrió a principios de 2021. Muchas de estas instalaciones, sin embargo, acuden a diario al pool, a la subasta diaria que sigue marcando precios altísimos e inéditos. Por lo tanto, estas empresas tienen que devolver al final de cada periodo lo que han cobrado de más.
En principio, tal y como marca la norma, las generadoras deben devolver lo percibido en 2023. Lo que quiere hacer Ribera es adelantar la devolución al primer semestre del año e inyectarlo directamente en los costes del sistema para bajar la factura de la luz, además de una renegociación sobre las condiciones de esos contratos empresa-Estado a largo plazo. Desde el principio, Transición Ecológica obtuvo la negativa de Acciona, con muchas instalaciones eólicas sujetas a esta modalidad: ahora se han sumado Iberdrola y Naturgy.
Sin embargo, el mercado renovable está mucho más distribuido. Las gigantescas compañías del Ibex no acaparan todo el negocio, como pasaba con el carbón y pasa ahora con la hidroeléctrica, la nuclear o el gas. Un nutrido grupo de empresas medianas –o grandes, pero no tan grandes– pelea por tener voz y voto en el asunto. Ribera también quiere que el consenso sea con ellas. Y tampoco lo ven claro. "Siempre se mira hacia nosotros", asegura un portavoz del sector. Con reparos: la ministra les ha pedido confidencialidad y la ruptura de esa confidencialidad en filtraciones a medios ha generado tensiones en unas conversaciones que se suceden desde septiembre de 2021 y sin un final en el horizonte.
Hay un grupo de compañías de renovables que, sin abanderar posturas maximalistas, se siente perjudicado por las medidas del Gobierno y, a la vez, en inferioridad con respecto a las grandes eléctricas. La minoración de los beneficios del gas, que en principio iba destinada a las instalaciones hidroeléctricas y a la nuclear, les afectó durante las primeras semanas, hasta el punto de denunciar que se veían obligadas a producir a pérdidas. Ahora, con la revisión del Recore, estas fuentes insisten en que están abiertas "a todas las sugerencias que se hagan", pero piden que la mirada se dirija "a todas las tecnologías y a todo el sector".
En 2020, recuerdan, los precios cayeron hasta mínimos históricos. La demanda se redujo por efecto del confinamiento y la parálisis económica, por lo que las tecnologías más baratas podrían cubrirla casi al completo: al contrario de lo que pasa a día de hoy. Todas las generadoras cobraron mucho menos que de costumbre y las renovables buscaron contratos a largo plazo que les aseguraran una tasa de rentabilidad más razonable. Lamentan que, cuando vinieron vacas flacas, no pidieron al Ejecutivo tomar ninguna medida para salvarles: y ahora, que la situación es más beneficiosa para el sector, se intenten retirar los "beneficios extraordinarios". "Hay quien piensa que nos estamos forrando. En realidad no, porque veníamos de una situación con precios muy bajos", aseguran.
El Gobierno, sin embargo, necesita seguir bajando el impacto del recibo energético. La Fundación Renovables, que apoya este cambio en el Recore, calcula que el Ejecutivo podría contar con 3.000 millones de euros adicionales para inyectar directamente en la partida de cargos de la factura. Lo necesita porque, en primer lugar, los precios seguirán siendo altos. La crisis en Ucrania añade incertidumbre a un escenario futuro en el que el coste del gas caerá a partir de primavera, pero no de manera brusca sino progresiva. Los analistas empiezan a descartar que este combustible fósil vuelva a números normales, por el efecto de la transición energética.
En segundo lugar, cada vez más consumidores van a verse afectados por los precios. Al principio de la crisis, solo los acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), indexado a la subasta diaria, se veían directamente afectados. Pero en el mercado libre, la inmensa mayoría de los contratos se firman con validez de un año y conforme avanza 2022, quedan menos rubricados antes del inicio de la crisis. Las comercializadoras no tienen por qué repercutir la subida a los clientes, pero muchas, sobre todo las pequeñas, no tienen otro remedio: a ellas les cuesta más adquirir la electricidad en el mercado. Otras empresas están lanzando ofertas de "tarifa plana" para evitar los vaivenes del PVPC como gran reclamo comercial: pero no son precisamente baratas.
En tercer lugar, la reforma estructural del mercado de la electricidad que Ribera reclama a la Comisión Europea sigue descartada, aunque se ha abierto una pequeña rendija en la puerta cerrada que vendía Bruselas hace unos meses. El Ejecutivo comunitario rechazaba en diciembre, con total contundencia, cualquier posibilidad de cambio en un mecanismo en el que la tecnología más cara, el gas, marca lo que perciben las demás y lo que abonan, directa o indirectamente, los usuarios. Ahora se abre a estudiar las propuestas españolas que antes vilipendiaba en público y en privado: una media con el coste de todas las generaciones. La incertidumbre generada por la crisis en Ucrania y la evidencia de que el rally tardará en disiparse y puede afectar a todas las economías, no solo a España, está empujando a la Comisión a virar su posición; pero en caso de producirse un cambio real, tardará meses en ejecutarse.
Las comercializadoras de electricidad tumbaron la última propuesta de Ribera para bajar la factura de la luz
Este bloqueo al que se enfrenta Transición Ecológica no es nuevo: hace unos meses, Ribera también pretendió vincular el Recore con la tarifa regulada, para evitar que la factura de este mercado dejara de depender del gas y sí de las energías limpias. Sin embargo, las comercializadoras se negaron. El Ejecutivo, apuntan fuentes de la negociación, aún no se ha dado por vencido, pero el acuerdo sigue complicado. Y la Comisión Europea presiona para que esta modalidad se deje solo para los consumidores vulnerables, y no para todo el que quiera acceder a ella, como pretende el Gobierno español y defiende del diseño actual: de hecho, fuentes de Bruselas aseguran que vigilan de cerca la reforma que se estudia en nuestro país.
Tampoco hay fecha para los proyectos de ley que impulsó en 2021 el Gobierno en relación al mercado de la electricidad y que anticipan otra batalla con las eléctricas. Foro Nuclear, la organización patronal que representa los intereses de las grandes eléctricas con respecto a esta tecnología, ya lo dejó claro: el fin de los beneficios caídos del cielo, una de las normas en tramitación, abocaría a las centrales al cierre anticipado. Se interpretó que la organización se refería a la minoración del gas aprobada en septiembre, pero en realidad señalaba otra norma, por la cual se retira a las empresas los beneficios extraordinarios que el Ejecutivo entiende que perciben por el alto precio del CO2, no del gas.
Mediante otra ley, la de creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, el Ejecutivo pretende que las energéticas (no solo las eléctricas: también petroleras como Cepsa o Repsol) paguen por la financiación del Recore, el sistema especial para las renovables antiguas antes desgranado. Los expertos temen que, con el impuesto a la generación eléctrica ahora suspendido, las compañías simplemente lo incluyan como parte de los costes y lo acaben trasladando directa o indirectamente a los consumidores. El diseño del sistema marginalista actual les permite hacerlo. En todo caso, aún queda una larga tramitación parlamentaria, aún no ha comenzado y aún no hay fecha en la Comisión de Transición Energética para abordarlo.
En septiembre, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un paquete de medidas extraordinarias para bajar el precio de la electricidad sin apenas precedentes en el resto del continente ni en la historia de la política energética. Las grandes empresas se revolvieron y el Gobierno tuvo que rectificar dos veces: una para librar del impacto a las renovables y otra para descafeinar definitivamente la medida, para el alborozo del oligopolio. Desde entonces, la ministra y su mano derecha en el asunto, la secretaria de Estado de Energía Sara Aegesen, tienen una palabra fetiche: consenso. Quieren acordar los siguientes pasos a tomar con todos los actores implicados. No lo consiguieron con la reforma propuesta para la tarifa regulada. Y no lo están consiguiendo con la última medida puesta sobre la mesa, porque no es fácil equilibrar el interés de las empresas energéticas y el bien común.