El de los productos y servicios relacionados con la Defensa y las Fuerzas Armadas es un negocio muy lucrativo controlado por un puñado de grandes empresas. En 2016, el sector tuvo casi 7.800 millones de euros de facturación, según datos facilitados por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, y de esa cantidad, un total de 5.106 millones –más del 65% del total– fueron a parar a al menos ocho compañías en las que el Estado u otras sociedades participadas por lo público tienen participación.
Los datos que reúne el Centro Delàs –una organización dedicada a la investigación de la industria armamentística y "los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados"– revelan que en 2016 las empresas con sede en España facturaron un total de 7.788 millones de euros por la venta de todo tipo de productos o la prestación de todo tipo de servicios relacionados con el sector militar. En dicha contabilidad se cuentan desde la fabricación de armas y vehículos hasta la confección de uniformes o el servicio de mantenimiento de los útiles de las Fuerzas Armadas, si bien están excluidas todas aquellas empresas que suministran servicios de carácter doméstico (catering, limpieza, energía, etc.).
El Ministerio de Defensa español, según el Centro Delàs, cuenta con unas 500 empresas suministradoras de bienes y servicios, pero de esos 7.788 millones, un 75,1% lo facturaron únicamente siete grandes sociedades. Pero es que, además, el papel de lo público es preponderante en el sector militar. De esas siete grandes empresas, las tres principales son públicas o semipúblicas: en Airbus e Indra el Estado tiene una participación minoritaria, y Navantia está controlada al 100% por capital estatal.
Precisamente la empresa que destaca sobre el resto por la cuantía de su facturación por la venta de productos para el sector de la defensa es Airbus. La división militar del consorcio formado por Francia, Alemania y España facturó en 2016 un total de 3.637 millones de euros en ventas relacionadas con este ámbito –aviones de combate y transporte, helicópteros...– a través de compañías como Airbus Defence Space, Airbus Military o Airbus Operations. El Estado español controla el 4,17% de las acciones del consorcio, aunque su participación es minoritaria con respecto a Francia y Alemania.
Por el contrario, Navantia –presidida por Susana de Sarriá desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa– tiene como único accionista al Estado español, y su facturación en 2016 tampoco fue reducida, aunque no puede compararse a la de Airbus. La compañía ingresó 665,5 millones de euros por la construcción y venta de embarcaciones y sistemas militares en los astilleros en Cádiz, Cartagena y Ferrol, una cantidad algo superior a los 598,7 millones que facturó Indra por producir y entregar productos de electrónica, simuladores de vuelo o sistemas de tiro. La diferencia principal entre ambas empresas es que el Estado únicamente tiene una participación del 18,71% en Indra, presidida desde 2015 por Fernando Abril-Martorell.
Otros 204 millones, para cinco empresas más
Además de ser las tres principales empresas del sector militar español, estos tres gigantes reúnen la inmensa mayoría de la facturación de las empresas públicas o semipúblicas por la venta de productos y servicios relacionados con la defensa: el 95% de los 5.106 millones de euros ingresados por empresas participadas por el Estado fueron a parar a ellas. No obstante, hay al menos otras cinco firmas que, si bien con números mucho más modestos, también tuvieron una facturación millonaria en 2016 por ventas relacionadas con el sector militar: CESA, Isdefe, Hisdesat, Hispasat y Sainsel.
CESA son las siglas de Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, y la propia compañía explica en su página web que está participada al 60% por Airbus Defense & Space, una división del consorcio público Airbus. La empresa, según señala el Centro Delàs, está especializada en la fabricación y el equipamiento de componentes para aeronaves: desde equipos de mando de vuelo hasta trenes de aterrizaje, frenos o lanzaderas. La compañía, que tiene sedes en Madrid y Sevilla y está presidida por José Leal, facturó en el año 2016 un total de 67,1 millones de euros por actividades relacionadas con la defensa.
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Por su parte, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España son las palabras que componen el acrónimo Isdefe, que se define a sí misma como "una empresa pública de consultoría e ingeniería, medio propio y servicio técnico" para el sector militar. De hecho, Isdefe es una de las compañías que tienen mayor vinculación con el Estado: está adscrita al Ministerio de Defensa, y su presidente es el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares. Sus cifras de facturación en 2016 fueron muy similares a las de CESA: ingresó 59,7 millones de euros.
Hisdesat es la siguiente empresa en la lista, y de nuevo su capital es parcialmente público, aunque está repartido entre varias compañías donde el Estado tiene participación: el 30% pertenece a Isdefe –es decir, a Defensa–, el 15% está controlado por Airbus, el 7% pertenece a Indra y el 5% está en manos de la empresa privada Sener. El accionista mayoritario (tiene un 43% de las acciones) de Hisdesat es Hispasat, una compañía de la que el Estado controla un 7,4% de los títulos. Ambas compañías se dedican a prestar servicios de comunicaciones por satélite, tanto para el ámbito civil como para el militar: por sus servicios en el ámbito de la defensa, Hisdesat facturó en 2016 un total de 39,6 millones de euros e Hispasat, 34 millones.
La compañía que cierra la lista es Sainsel, una empresa especializada en sistemas electrónicos para aeronaves, vehículos, buques y centros de control del sector militar. La empresa, participada por Indra y Navantia –y, por tanto, parcialmente pública–, está presidida por el exdiputado del PP Alejandro Ballestero, y facturó en 2016 un total de cuatro millones de euros por la prestación de servicios de defensa.
El de los productos y servicios relacionados con la Defensa y las Fuerzas Armadas es un negocio muy lucrativo controlado por un puñado de grandes empresas. En 2016, el sector tuvo casi 7.800 millones de euros de facturación, según datos facilitados por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, y de esa cantidad, un total de 5.106 millones –más del 65% del total– fueron a parar a al menos ocho compañías en las que el Estado u otras sociedades participadas por lo público tienen participación.