La OMS comienza a dar pasos para mejorar la transparencia y la accesibilidad de los medicamentos

Asamblea tras asamblea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) suma 72 en todos sus años de historia. Esta última se celebró a finales de mayo en Ginebra y se cerró tras semanas de negociaciones. La conclusión tomó forma de promesa: la mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios. Un acuerdo que, pese a lo prometedor del enunciado, no satisface a todos los actores.

La resolución llama a los países miembros a adoptar medidas para informar públicamente de los precios netos de los productos sanitarios, además de difundir los datos globales sobre los resultados de los ensayos clínicos en seres humanos. También busca colaborar para mejorar la notificación por los proveedores de información sobre productos sanitarios registrados y a facilitar una mejor notificación pública de la información sobre la situación de patente y la autorización de comercialización de los productos sanitarios. Finalmente, el organismo cree importante mejorar la capacidad de los países para llevar a cabo investigaciones de forma abierta.

El contexto de la resolución tiene que ver con una realidad que avanza imparable: la brecha en el acceso a medicamentos no deja de crecer en todo el mundo. Médicos Sin Fronteras, explica su responsable de Relaciones Externas, Raquel González, "lleva toda la vida trabajando en el acceso a los medicamentos para las poblaciones más desfavorecidas". El problema de los altos precios, un viejo conocido para la organización, "se está empezando ahora a vivir en Europa". Y es que las trabas en el acceso a tratamientos contra el cáncer o la Hepatitis C no se experimentaban en suelo europeo hasta hace "relativamente pocos años". Se trataba, hasta el momento, de una situación reservada a los países en crisis humanitaria y respecto a "enfermedades olvidadas", como el sida o la tuberculosis. "Cientos de miles de personas se quedaban sin acceso al medicamento por los precios", relata González, como ocurrió en África con los antirretrovirales.

El problema ahora es que las medicinas comienzan a ser tratadas "como un lujo": se priorizan las "ganancias económicas por encima de la salud de las personas", afirma González. Esa lógica asentada sobre las leyes del comercio "se ha aplicado a la protección de las patentes y en la investigación". De hecho, el gasto en fármacos hospitalarios se ha incrementado un 30,6% entre 2014 y 2018, según datos del Ministerio de Hacienda, pasando de 5.254.113 hace cinco años a 6.864.266 euros durante el ejercicio pasado.

Lo cierto es que "los medicamentos empiezan a ser inaccesibles" y esa barrera es responsable de una situación a dos velocidades: por un lado, hospitales privados y gente con recursos que puede ofrecer y acceder a tratamientos, mientras que al otro lado de la balanza se acumulan las personas que van a quedar excluidas. 

González explica que tiende a primar, en este contexto, un argumento: para promover el I+D "es imprescindible dar patentes y otras formas de derechos de exclusividad a las farmacéuticas". Una afirmación veraz, dice, pero matizable. Ese desarrollo de medicamentos "en monopolio tiene un coste social muy alto", basado en los altos precios y la dificultad de acceso a los fármacos. Al final, "la patente está en manos de las farmacéuticas, que son quienes ponen el precio". Y las farmacéuticas, afirma, "van a ir hasta donde les dejen". 

Pero la oposición empieza a ser notable en territorio europeo y los organismos internacionales comienzan a reaccionar. Ya en 2016, recuerda González, el Consejo Europeo "expresó su preocupación sobre los precios desorbitados de los fármacos" y exigió una mayor transparencia en las relaciones entre la industria farmacéutica y los gobiernos.

Un primer paso

Esa petición toma ahora forma, aunque no del todo. La fundación Salud por Derecho se ha manifestado abiertamente crítica con la resolución final de la OMS. En la actualidad "hay mucha información que se desconoce", de manera que trabajar sobre la transparencia es fundamental. Así lo entiende Vanessa López, directora de la fundación, a preguntas de infoLibre. "Como en todos los ámbitos, la transparencia es el mejor instrumento para garantizar la equidad en la negociación", afirma. Y es que "cuanta más información tengan los gobiernos, más capacidad tendrán a la hora de negociar los precios con la industria farmacéutica y gestionar adecuadamente los recursos del sistema sanitario y de la ciudadanía". La transparencia, opina López, es "indispensable para garantizar la rendición de cuentas y, por lo tanto, un requisito previo para el buen gobierno".

Y aunque las expectativas eran altas, el resultado final no ha llegado tan lejos como aspiraba. "El aspecto positivo de la resolución es que muestra un paso adelante y una voluntad de muchos países y gobiernos en ser más transparentes sobre lo que pagan por los medicamentos y otras tecnologías sanitarias", concede López. Esa voluntad ha sido expresada también por España, que ha estado presente en las comunicaciones y que "ha dejado clara una posición muy fuerte y comprometida con la transparencia", subraya la directora de Salud por Derecho.

La resolución va más allá de la transparencia en los precios e insta a los países miembros y a la propia OMS a crear sistemas para recopilar y compartir información sobre precios, ventas, unidades vendidas, patentes y costos de I+D del sector público en otros elementos. Sin embargo, resalta López, el principal aspecto negativo es que "la resolución no recoge la transparencia sobre el coste de los ensayos clínicos, un punto que precisamente desapareció del texto final aprobado y que es fundamental conocer". Sin saber cuánto invierten las compañías en investigación y desarrollo de medicamentos, insiste, "nunca sabremos cuál es el coste real de los medicamentos".

González reconoce que "es la primera vez en la historia en que la mayoría de gobiernos de todo el mundo exigen mejorar la transparencia en los precios de los medicamentos y las vacunas". Lo considera, por tanto, un primer paso para "corregir el desequilibrio de poder en las negociaciones entre el que compra –los Estados– y el que vende –las farmacéuticas–". Por eso, en la medida en que los precios sean públicos, "va a ser más fácil negociar".

Presión de los países

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Ambas organizaciones coinciden en apuntar a un fenómeno como principal lastre: la presión de determinados países. "Desde el comienzo de las negociaciones hubo un número de países que quisieron eliminar las medidas sobre transparencia de los costes del I+D y descafeinar el texto", afirma López. Finalmente, el mismo se modificó "a lo largo de muchas horas de negociación para recoger las peticiones de estos países". Y a pesar de ello, reitera, "algunos de éstos se desvincularon de la resolución final".

La dimensión de tales presiones se explica por el poder de los países referidos: Reino Unido, Alemania, Francia, Japón o Estados Unidos, cita González. Otros, después de haber presionado, se desvincularon de la resolución final: Hungría, Reino Unido y Alemania. "Ellos justifican el alto precio del medicamento por esos costes de I+D, pero nunca hacen públicos los costes ni qué parte ha sido soportada por financiación pública", observa González. De tener esa obligación, agrega, "el argumento relativo al precio de los costes del I+D quedaría desmontado".

Tras esta presión están también los intereses de la industria farmacéutica. Y enfrente, las ONG, que apelan al "acceso de los medicamentos a precios asequibles para las personas y los sistemas sanitarios, sin importar el código postal". En un balance del proceso, las organizaciones valoran positivamente el paso andado. Pero es sólo el primero de todo un camino en el que estarán, prometen, vigilantes.